Solo 60 de 774 casos de presunta corrupción en gobiernos locales tienen seguimiento judicial

De los 774 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) que la Contraloría General del Estado emitió sobre sus auditorías a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) entre 2016 y 2026, la Fiscalía General del Estado ha reportado avances sobre apenas 60 casos, según la presidenta de la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico, Nathaly Farinango.

El proceso de fiscalización al trabajo de los GAD se originó en la resolución RL-2025-2029-091, aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional el 17 de junio de 2026.

El documento dispuso iniciar una revisión sobre los hechos relacionados con los informes de Contraloría que involucran a gobiernos locales, y ordenó a esa institución remitir un reporte actualizado sobre el número de auditorías con indicios de responsabilidad penal, los tipos de irregularidades detectadas y los casos remitidos a la Fiscalía.

Un informe con Indicio de Responsabilidad Penal (IRP) es el documento que emite la Contraloría General del Estado cuando, durante una auditoría, detecta hechos que podrían constituirse en delitos. El documento se remite a la Fiscalía General del Estado para que, de considerarlo pertinente, inicie una investigación penal, la cual puede derivar en un pedido de formulación de cargos.

Farinango explicó que la decisión de iniciar el proceso respondió al índice de indicios de responsabilidad penal registrado en años recientes. La resolución del Pleno cita datos previos del propio organismo de control: entre enero de 2024 y febrero de 2026 se realizaron 741 auditorías a GAD, de las cuales 206 informes contienen indicios de responsabilidad penal.

En atención al pedido de la Comisión, la Contraloría General del Estado remitió un reporte con el detalle de los informes aprobados en gobiernos autónomos descentralizados desde el 1 de enero de 2016 hasta julio de 2026.

El documento contabiliza 5.229 informes en total: 4.455 de carácter general y 774 con indicios de responsabilidad penal, desglosados por las 24 provincias del país.

Las provincias de Manabí y Esmeraldas registran el mayor número de IRP, con 67 cada una, seguidas de El Oro, con 60. Guayas, con 471 informes en total, y Pichincha, con 418, concentran el mayor volumen de auditorías del país, aunque con una proporción menor de indicios de responsabilidad penal sobre su total.

Consultada sobre esa concentración, Farinango señaló que se trata de un patrón que la Comisión aún no ha procesado. “No hay una hipótesis definida”, dijo, y añadió que el proceso de fiscalización buscará determinar por qué provincias como Pichincha, Azuay, El Oro, Esmeraldas y Sucumbíos registran mayores indicios de responsabilidad penal en comparación con el resto del país.

El seguimiento en Fiscalía

La Comisión convocó a comparecer a la Fiscalía General del Estado dentro de un cronograma de fiscalización. Según Farinango, esa institución reportó en su comparecencia 60 casos con indicios de responsabilidad penal en proceso, vinculados principalmente a delitos contra la administración pública: peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito.

Farinango indicó que la Comisión espera que la Fiscalía remita información adicional sobre en qué provincias se concentran esos 60 casos y en qué etapa procesal se encuentran, incluyendo cuántos están en juicio, cuántos fueron archivados y cuántos cuentan con sentencia, ya sea condenatoria o ratificatoria de inocencia. Esa información, dijo, aún no ha sido entregada por completo a la Comisión.

Farinango confirmó que el informe final de la Comisión está previsto para finales de septiembre. Según explicó, el documento contemplará recomendaciones dirigidas a que las instituciones competentes, Contraloría y Fiscalía, cumplan con sus atribuciones, y que la información recopilada sirva como insumo para las investigaciones que ya adelantan esos organismos.

Sobre la coincidencia del proceso con la etapa preelectoral previa a los comicios seccionales, en los que varios alcaldes y prefectos buscarán la reelección, Farinango señaló que la fiscalización no está relacionada con el calendario electoral. “La Asamblea Nacional, como las comisiones, deben seguir trabajando dentro de sus funciones, dentro de sus competencias, independientemente del proceso electoral”, afirmó. Agregó que el pedido de información a Contraloría se realizó de manera global, para las 24 provincias, y no se dirigió a un gobierno local en particular.

“Ahora mismo no se está señalando culpables, pero sí por los recursos públicos que manejan, por el alto índice de IRP, es necesario iniciar ese proceso de fiscalización”, dijo Farinango. (I)

Informes de auditoría a GAD realizados por la Contraloría en diez años