La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa aprobó, con seis votos, el inicio de un proceso de fiscalización respecto de las actuaciones administrativas relacionadas con la declaratoria de caducidad y los hechos posteriores, así como con el procedimiento de retiro y transición operativa del Bloque 45, Campo Puma, y las decisiones adoptadas sobre su administración.
La resolución dispone que, para el desarrollo de este proceso, la comisión requiera toda la información necesaria y convoque a comparecer a las máximas autoridades, exautoridades, servidores públicos y demás personas que puedan aportar al esclarecimiento de los hechos. Además, solicitará a las instituciones competentes informes técnicos, jurídicos y administrativos, así como documentación y otros antecedentes relacionados con el objeto de la investigación, además de cualquier información complementaria que resulte pertinente durante la sustanciación del proceso.
También se resolvió notificar el contenido de la resolución a las presidentas y los presidentes de las comisiones especializadas permanentes de la Asamblea Nacional y a las autoridades correspondientes. A través de la Secretaría Relatora de la comisión, se remitirá el documento a la Presidencia de la Asamblea Nacional, al Consejo de Administración Legislativa (CAL) y a las presidencias de las demás comisiones especializadas permanentes, para los fines de coordinación institucional.
El proponente de la moción, el asambleísta Carlos Dávila, enfatizó la importancia de que la comisión actúe de manera preventiva en el ejercicio de sus facultades de fiscalización, con el fin de identificar posibles afectaciones al Estado y proteger los intereses de los ecuatorianos.
Indicó que el proceso permitirá revisar los antecedentes del campo, evaluar las causas del deterioro de su productividad y verificar las actuaciones realizadas a lo largo de los últimos años, con el propósito de contribuir a la reactivación de un activo estratégico para la economía nacional.
Asimismo, subrayó que la fiscalización deberá considerar no solo los aspectos económicos y operativos, sino también las condiciones de mantenimiento, mitigación y restauración ambiental, a fin de garantizar la protección de la naturaleza y el uso responsable de los recursos públicos, en estricto cumplimiento de la Constitución y la ley.
En otro punto del orden del día, la comisión avocó conocimiento del Proyecto de Ley de Concurso Preventivo para el Fortalecimiento de la Continuidad Empresarial, presentado por la asambleísta Annabella Azin y calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). La iniciativa comenzará su tratamiento legislativo y, de ser procedente, podrá unificarse con otros proyectos que aborden la misma materia.
MEV