Un ciberataque de gran envergadura sacudió al principado de Liechtenstein durante la noche del pasado miércoles, resultando en el hurto de aproximadamente 31.000 actas de titularidad pertenecientes a empresas, fideicomisos y fundaciones registradas en el país. La información fue confirmada este domingo por el gabinete de crisis, liderado por la primera ministra Brigitte Haas y el ministro de Justicia Emanuel Schaedler.
El incidente tuvo como blanco principal la base de datos del Registro de Beneficiarios Finales. Hasta el momento, las autoridades solo tienen constancia de la sustracción de información confidencial y, según los reportes oficiales, aún no se ha recibido ninguna petición de rescate por parte de los atacantes.
De acuerdo con las primeras investigaciones, no existen indicios preliminares de que el resto del contenido del registro haya sido manipulado. Tampoco se ha detectado que los datos robados hayan sido publicados en Internet. No obstante, el Gobierno del principado ha programado una nueva rueda de prensa para el próximo lunes, con el fin de proporcionar más detalles sobre el suceso, según informó el diario local ‘Vaterland’.
El Registro de Beneficiarios contiene información sensible, como los nombres y datos personales de los propietarios de empresas, fundaciones y fideicomisos constituidos en este pequeño país europeo. El gobierno local explica que esta base de datos es una herramienta clave para prevenir operaciones de lavado de dinero y actividades de financiación a organizaciones terroristas.
Con apenas 160 kilómetros cuadrados de extensión, Liechtenstein es uno de los países más pequeños del mundo. Sin embargo, su riqueza es notable, siendo uno de los territorios con el PIB per cápita más alto del planeta. Tradicionalmente, los servicios financieros y bancarios han sido el motor de su economía.
Cabe recordar que durante años, numerosos inversores europeos utilizaron las fundaciones y cuentas bancarias del principado como refugio para la evasión fiscal. No obstante, el secreto bancario en materia fiscal fue abolido en el año 2017, marcando un antes y un después en la transparencia financiera de la región.
Fuente: Infobae