Una sucesión de hechos inesperados marcaron el rumbo del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la preparación de las elecciones del 29 de noviembre. Este sábado, el organismo llega a la convocatoria oficial a votar tras superar una transición en la presidencia, la modificación del calendario de votación y actores políticos suspendidos y envueltos en casos de corrupción.
En cadena nacional de radio y televisión, el CNE convocará este 1 de agosto a 13′827.643 ecuatorianos a elegir a 5.742 autoridades entre alcaldes, prefectos, concejales, vocales de juntas parroquiales y de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para el periodo 2027-2031.
Llegar a este momento del calendario electoral no estuvo exento de imprevistos que pusieron en apuros a los partidos y movimientos políticos, como la decisión del pleno del Consejo Nacional Electoral de adelantar la fecha del sufragio 76 días: estaba previsto que los electores vayan a las urnas el 14 de febrero de 2027, pero se cambió para el 29 de noviembre de este año.
La medida se tomó el 27 de marzo con base en un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en el que advertía que desde el segundo semestre de 2026 hay una “posibilidad creciente de evolución hacia condiciones correspondientes a un fenómeno de El Niño (…) que se intensificaría los primeros meses del 2027″.
“Este escenario podría coincidir con la época lluviosa del próximo año, incrementando la probabilidad de ocurrencia de eventos hidrometeorológicos, tales como inundaciones y movimientos de masa, con potenciales impactos directos en la población”.
Estos cambios climáticos incidirían en infraestructuras como los centros educativos que sirven de recintos electorales.
Tres meses más tarde, se produjo una reconfiguración en el pleno del CNE. Después de siete años y seis meses de mantener su puesto en la presidencia del órgano, se formó una nueva mayoría que sacó de esta función a Diana Atamaint y, en su reemplazo se designó a José Cabrera.
La medida se aplicó también para la vicepresidencia, que designó a Esthela Acero en lugar de Enrique Pita.
Estos cambios no alteraron el desarrollo del proceso, pero sí a los partidos políticos y sus precandidatos.
Como parte de las actividades electorales, el CNE eliminó de la lista de 236 organizaciones políticas al movimiento Construye, porque no contaba con el número de adherentes que la ley obliga.
Simultáneamente, la expresidenta Diana Atamaint tuvo por varias semanas en incertidumbre al partido Unidad Popular (UP), al impulsar su extinción porque no contaba con el número de afiliados que exige la ley.
La iniciativa se desvaneció en el TCE que falló a favor de UP y declaró nula la resolución de cancelación que suscribió la exconsejera y los vocales suplentes José Merino y Mónica Noriega.
El 20 de julio, Atamaint renunció a su cargo de consejera; y, este viernes, el Consejo de Participación Ciudadana aprobó la principalización del suplente, José Merino.
Una medida inédita fue la resolución de dos jueces del TCE de suspender por nueve meses a los movimientos Revolución Ciudadana (RC) y Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo), debido a denuncias por lavado de activos que investiga la Fiscalía General del Estado.
La militancia correísta de la RC, luego de su suspensión, pretendía colocar a sus precandidatos en Amigo, pero este también fue suspendido.
En las últimas horas, el correísmo busca llegar a acuerdos con los dirigentes del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) para poner sus cuadros, en al menos, ocho provincias.
Con esto, de las 235 organizaciones políticas que estaban habilitadas para participar en esta elección, se redujeron a 233.
Desde otro ángulo, el TCE también sancionó con la suspensión de sus derechos políticos a los precandidatos a la reelección para la Alcaldía de Cuenca (Azuay), Cristian Zamora; y, en Chimborazo, a Hermel Tayupanda, quien buscaba la reelección en la Prefectura.
Se los imputó por violencia política de género y están sancionados a pagar multas y tienen suspendidos sus derechos políticos por seis meses. Esto los inhabilita a ocupar el cargo actual y, por ende, a participar en los comicios.
Otros seis cuadros que quedarían fuera de la elección, pero por procesos penales, son el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, que está detenido en la Cárcel del Encuentro, investigado en los casos Triple A, Goleada y Grillete.
Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, está recluido en la cárcel de Cotopaxi, al ser sospechoso del delito de lavado de activos.
José Arroyo, alcalde de Pujilí (Cotopaxi), procesado por el caso Ornato Municipal; Elías Bermeo, exalcalde de Camilo Ponce Enríquez (Azuay), que aspiraba a correr nuevamente por la alcaldía.
Darío Macas, alcalde de Machala, que guarda prisión preventiva en Cotopaxi por el caso Machalazo y, actualmente, en el Tribunal Contencioso enfrenta una denuncia por infracción electoral por, aparentemente, haber hecho campaña política anticipada.
También la alcaldesa de Jipijapa (Manabí), Ángela Plúa, que está detenida en la cárcel de esa provincia procesada por el delito de delincuencia organizada.
Bajo estos escenarios, este 2 de agosto, el CNE se alista para la inscripción de las candidaturas que estará abierta hasta el 17 del mes, y se estima recibir información de más de 60.000 precandidatos. (I)
Fuente: El Universo
