Desde la clandestinidad y con una orden de prisión sobre sus hombros, el técnico de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP), Romel Llumiquinga, rompió el silencio ante la Fiscalía General del Estado el 29 de julio de 2026.
Su testimonio, rendido de forma telemática durante tres horas y media, pone al descubierto una trama de coacciones internas diseñadas para ignorar las alertas técnicas y facilitar la adjudicación de contratos por USD 110 millones a la empresa estadounidense Progen Industries.
Llumiquinga, uno de los 21 procesados en el denominado “Caso Apagón”, asegura que el comité técnico detectó graves inconsistencias en la oferta de los motores, pero que sus integrantes recibieron órdenes directas de ocultar esos hallazgos bajo amenaza de despido.
Así lo reportó el medio Ecuavisa el 29 de julio de 2026.
Para dimensionar el testimonio de Llumiquinga, es necesario retroceder a mayo de 2024. En medio de una severa crisis energética marcada por apagones de hasta 14 horas, el Gobierno ecuatoriano solicitó ofertas de emergencia para instalar 150 MW de generación térmica en las centrales Quevedo y El Salitral. Celec adjudicó estos contratos a Progen el 2 de agosto de 2024, basándose en la promesa de entregar equipos nuevos, con “cero horas” de uso y fabricados en 2023.
Sin embargo, tras el pago de anticipos millonarios que dejaron las cuentas estatales con saldo cero, las inspecciones posteriores revelaron una realidad distinta: Progen entregó “chatarra” repintada —motores fabricados entre 2008 y 2010 con componentes de 2006— que nunca llegaron a operar.
Llumiquinga sostiene que el comité técnico ya conocía estas irregularidades antes de que se estamparan las firmas.
Las tres alarmas que el comité detectó
Romel Llumiquinga formó parte del comité que en 2024 revisó las proformas presentadas por Progen para las centrales de Quevedo y El Salitral. Según su versión, el equipo técnico identificó tres irregularidades críticas que invalidaban la oferta:
- Falta de respaldo del fabricante: La carta de autorización presentada por Progen no provenía del fabricante original ni de un distribuidor autorizado de los generadores.
- Incumplimiento de eficiencia: Los valores de rendimiento de combustible presentados por la contratista diferían de los requerimientos técnicos exigidos por Celec.
- Maquinaria usada: Se detectaron inconsistencias en el año de fabricación, horas de operación y números de serie, confirmando que los motores no eran nuevos.
Llumiquinga reveló que el comité incluso tuvo acceso a un oficio de Resource Power Group (representante de los motores EMD), en el que se advertía que dichos equipos dejaron de fabricarse en 2015, desmintiendo la oferta de Progen de proveer motores de 2023.
La reunión
El testimonio detalla una escena de tintes conspirativos en la matriz de Celec, en Quito. El 28 de junio de 2024, tras reportar las novedades técnicas, los cuatro miembros del comité fueron convocados a la sala de reuniones de la gerencia. Antes de entrar, les quitaron sus teléfonos celulares.
En ese entorno, se produjo el primer intento de manipulación documental.
Según Llumiquinga: “En esta reunión nos presionaron de manera insistente a los cuatro miembros del comité para que no incluyéramos las observaciones encontradas; sin embargo, a pesar de las presiones, el comité se mantuvo en que se ratificaban las novedades plasmadas”.
Ante la resistencia del equipo técnico, la presión escaló cuatro días después. Según el procesado, se produjo una segunda reunión con Byron Orozco, entonces gerente de la Unidad de Negocios Termopichincha y también procesado en el caso.
Llumiquinga citó textualmente las palabras de Orozco: “Byron Orozco en tono amenazante e intimidante, supo decir textualmente: Tengo la disposición del ingeniero Fabián Calero, gerente de Celec, de botarlos de la empresa si no remiten el informe de recomendación”.
Tras ver la reacción temerosa de los técnicos, Llumiquinga relata que Orozco cambió a un tono conciliador para justificar la irregularidad:
“Ustedes conocen que estamos en emergencia y con cortes de energía, por lo que se debe continuar con el proceso a fin de garantizar la contratación; en caso de no contratar, podríamos ser glosados por la Contraloría”.
Consecuencias de una contratación forzada
A pesar de las advertencias técnicas y debido a las presiones descritas, los contratos se firmaron, y el Estado transfirió cerca de USD 104 millones a Progen.
Hoy, el perjuicio es evidente: los peritajes de la firma Taxia confirman que el avance real de las obras en El Salitral y Quevedo es inferior al 17%, resultando en “cero vatios” para el sistema eléctrico nacional.
Actualmente, Byron Orozco ha solicitado una nueva comparecencia ante la Fiscalía para el 13 de agosto, mientras que Fabián Calero —quien según Llumiquinga habría dado la orden de despido— se encuentra fuera del país y su paradero es desconocido.
El testimonio de Romel Llumiquinga no solo complica la situación jurídica de los altos mandos de Celec en Ecuador por el presunto delito de peculado, sino que refuerza la tesis del fraude que la estatal ahora intenta sostener en las cortes de Florida (Estados Unidos) bajo la Ley RICO, alegando que el proceso de contratación fue viciado desde su origen por una red criminal.
Radio Pichincha
LV
