La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, en el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica de Zonas Logísticas Portuarias, recibió la comparecencia de Andrés Amaya, experto en derecho de la empresa, quien presentó observaciones orientadas a fortalecer la seguridad jurídica, la atracción de inversiones, la organización empresarial y la relación entre el Estado y los operadores privados.
Amaya señaló que uno de los principales aportes de la iniciativa es llenar el vacío normativo existente en torno a la creación, autorización, administración, operación, control y cierre de las zonas logísticas portuarias. Explicó que un marco jurídico claro brinda certeza a los inversionistas sobre los requisitos, autorizaciones, controles, plazos y condiciones para desarrollar este tipo de proyectos, lo que reduce la discrecionalidad y favorece un clima adecuado para la inversión.
El especialista destacó que el proyecto establece un procedimiento técnico para la autorización de las zonas logísticas, que incluye estudios económicos, financieros y ambientales, dictámenes de las autoridades competentes y una declaratoria de interés nacional. Además, valoró que las autorizaciones tengan una vigencia de 20 años, con posibilidad de renovación, lo que ofrece estabilidad para las inversiones a largo plazo, al tiempo que preserva la capacidad de control del Estado.
Asimismo, resaltó que la propuesta contempla tres modelos de gestión: estatal, mixta y delegada, y que mantiene en manos del Estado las funciones de regulación, supervisión, fiscalización y control. También consideró positivo que incorpore principios de libre competencia, prohíba prácticas monopólicas y delimite claramente las actividades logísticas permitidas, como almacenamiento, transporte multimodal, consolidación de carga, empaque, etiquetado y transformación ligera, con el propósito de generar mayor valor agregado y encadenamientos productivos.
Finalmente, Amaya recomendó incorporar disposiciones que garanticen el respeto a los contratos portuarios vigentes y definan con precisión la autoridad competente para imponer sanciones, en concordancia con los principios de legalidad y debido proceso. Concluyó que el proyecto constituye una oportunidad para fortalecer el sistema logístico nacional mediante reglas claras, respeto a la libre competencia, seguridad jurídica y equilibrio entre la inversión privada y el control estatal.
MEV
