Que un teléfono inteligente, una tableta o un televisor haya superado su período de cobertura legal no significa que el fabricante pueda desligarse de su reparación. La Unión Europea ha puesto en marcha un innovador derecho a reparar que obliga a las marcas a ofrecer el arreglo de ciertos dispositivos durante los plazos establecidos por la normativa comunitaria, incluso si la garantía ya expiró.
Este servicio de reparación no será gratuito. El fabricante tiene la facultad de cobrar por el arreglo, pero debe hacerlo a un precio justo y dentro de un tiempo razonable. La meta es que reparar un equipo dañado sea una opción viable frente a la alternativa de tirarlo y comprar uno nuevo.
Los países miembros de la Unión Europea tienen hasta el viernes 31 de julio de 2026 para incorporar la Directiva (UE) 2024/1799 a sus leyes nacionales y empezar a aplicarla. Sin embargo, hasta este miércoles no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una norma española que haya completado ese proceso. El Gobierno español incluyó estas disposiciones en el anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, aprobado en primera vuelta en julio de 2025, pero la futura ley aún figura entre las normas pendientes del Plan Anual Normativo de 2026.
¿Qué pueden exigir los consumidores?
Una vez que la normativa esté vigente, el consumidor podrá solicitar al fabricante que repare los productos contemplados, aunque la garantía haya vencido, siempre que el arreglo sea técnicamente posible. La empresa puede realizar la reparación directamente o encargarla a un tercero.
La marca no podrá negarse a prestar el servicio simplemente porque el aparato haya sido reparado antes por un técnico independiente o porque use piezas compatibles no originales. Tampoco podrá emplear cláusulas contractuales, programas informáticos o sistemas técnicos que dificulten injustificadamente la reparación.
Eso sí, la obligación tiene límites. El fabricante puede rechazar el arreglo cuando la reparación sea imposible por motivos técnicos o legales. Tampoco significa que una empresa tenga que arreglar sin costo un producto durante toda su vida útil.
La directiva establece que el precio exigido no debe estar diseñado para desanimar al consumidor. Además, las empresas deben informar de manera clara sobre sus servicios, los productos que reparan, el tiempo aproximado necesario y los costos orientativos.
¿Qué móviles, televisores y electrodomésticos están incluidos?
La medida no abarca automáticamente cualquier aparato electrónico o electrodoméstico. Se aplica a los bienes para los que la legislación europea ya impone requisitos de reparabilidad.
La lista incluye:
- Teléfonos móviles inteligentes
- Teléfonos inalámbricos
- Tabletas
- Televisores y pantallas
- Lavadoras, lavasecadoras, lavavajillas
- Frigoríficos
- Aspiradoras
El período durante el cual se puede exigir la reparación depende de la regulación específica de cada categoría. Las normas europeas de diseño ecológico establecen durante cuánto tiempo deben suministrarse piezas de recambio, herramientas o información técnica, por lo que no existe un plazo único para todos los aparatos.
La lista podrá ampliarse en el futuro si la Unión Europea aprueba nuevos requisitos de reparabilidad para otros productos.
Reparar durante la garantía ampliará la protección
El nuevo sistema también modifica lo que ocurre cuando el aparato aún está en garantía. Si el consumidor elige repararlo en lugar de reemplazarlo, el período de responsabilidad del vendedor deberá extenderse al menos doce meses.
Cada Estado miembro puede establecer una extensión mayor. La intención es evitar que el cliente prefiera recibir un producto nuevo por temor a que el equipo reparado vuelva a fallar poco después de que termine la cobertura. Este cambio se aplicará a los contratos de compraventa realizados a partir del 31 de julio de 2026.
¿Qué pasa si España no cumple el plazo?
La publicación de la directiva europea en la página web del BOE no significa que España ya la haya incorporado a su ordenamiento. Ese documento reproduce la norma publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, pero el país debe aprobar además sus propias disposiciones legales, reglamentarias o administrativas.
La directiva establece expresamente que esas medidas nacionales deben estar en vigor, como muy tarde, el 31 de julio de 2026. España también debe comunicar a la Comisión Europea las normas adoptadas y el régimen de sanciones que aplicará a las empresas que incumplan.
Si España no llega a tiempo, la Comisión Europea puede iniciar un procedimiento de infracción por falta de transposición. Eso no implica una multa automática a partir del 1 de agosto: el proceso suele comenzar con un requerimiento al Estado y puede avanzar hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el incumplimiento persiste.
Fuente: Infobae