Este viernes 31 de julio de 2026, el Pleno de la Asamblea Nacional se instalará de manera presencial para conocer y resolver sobre el informe de sustanciación que recomienda el archivo del juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés María Manzano Díaz.
La sesión fue convocada para las 11:00 por disposición del presidente encargado del Parlamento, Esteban Torres.
El documento, aprobado el pasado 24 de julio de 2026 por la Comisión de Fiscalización con seis votos afirmativos de asambleístas oficialistas y cuatro negativos, concluye que existe una “manifiesta e insubsanable falta de mérito” en la acusación impulsada por los asambleístas de la bancada Revolución Ciudadana: Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna.
Los argumentos de la Comisión para recomendar el archivo
El informe de 87 páginas sostiene que los interpelantes no lograron demostrar un nexo causal entre las funciones de la exministra y las presuntas irregularidades en el contrato con la empresa Austral Technical Management (ATM) para la central térmica Esmeraldas III. Entre los puntos que analizará el Pleno están:
- Imposibilidad temporal en los pagos: una de las pruebas de oficio determinó que el desembolso de aproximadamente USD 54 millones (el 60% del contrato con ATM) fue procesado por Celec EP a las 16:39 del 9 de octubre de 2024, esto es, 14 horas antes de que Manzano fuera legalmente designada como ministra encargada.
- Autonomía de Celec EP: la Comisión determinó que la responsabilidad operativa, técnica y financiera de los contratos recae exclusivamente en la gerencia de la empresa pública, la cual goza de autonomía administrativa, y no en la máxima autoridad ministerial, cuya función se limita a la rectoría de políticas públicas.
- Acciones frente a la supuesta omisión: el informe desvirtúa la tesis de “inacción” al acreditarse que, bajo la directriz de Manzano, Celec EP presentó denuncias penales por delincuencia organizada y una reconvención arbitral por USD 131 millones contra la contratista.
- Insuficiencia probatoria de cargo: se resalta que los testigos solicitados por los acusadores (incluyendo a los exministros Roberto Luque y Antonio Goncalves) no comparecieron, por lo que dicha prueba se declaró inexistente.
Aunque la Comisión de Fiscalización, de mayoría oficialista, recomienda el archivo, la decisión final recae de forma soberana en el Pleno de la Asamblea Nacional. Los legisladores deberán debatir si ratifican las conclusiones del informe o si, por el contrario, deciden dar paso a la interpelación de la exfuncionaria.
Inés Manzano, quien ejerció el cargo entre octubre de 2024 y mayo de 2026, negó durante todo el proceso los cargos de incumplimiento de funciones.
Radio Pichincha
LV
