Lo que durante años fue el principal escudo del sur del Parque Nacional Yasuní, ha dejado de ser una barrera infranqueable. Informes recientes documentan una alarmante expansión de la minería ilegal que ya ha echado raíces dentro de la Zona Intangible, un territorio de 818.501 hectáreas creado específicamente para proteger a los pueblos Tagaeri y Taromenane, quienes viven en aislamiento voluntario.
La actividad ilícita se concentra en el pueblo Kichwa de Kawsak Sacha, ubicado a orillas del río Curaray, en la provincia de Pastaza. Según testimonios de los habitantes recogidos por Ecuavisa, lo que comenzó en 2024 con una sola bomba de succión y un pequeño grupo de tres personas, se ha transformado hoy en al menos 16 puntos de extracción permanentes distribuidos en seis comunidades del Curaray, donde operan aproximadamente 50 personas.
Jonathan Grefa, presidente del pueblo Kichwa de Kawsak Sacha, explicó el origen de esta incursión. “Viene el tema de la minería ilegal desde el Perú. Más que todo la gente de las comunidades tenían relaciones con el hermano país vecino con los ilegales y aprendieron a hacer las actividades ilícito-ambientales de tema de la minería”.
Área
A pesar de que la ley prohíbe toda actividad extractiva en esta zona protegida, la intervención del Estado ha sido limitada. La única operación de gran escala reportada ocurrió en octubre de 2025, ejecutada por la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y las Fuerzas Armadas.
Rolf Cabascango, comandante de la Brigada de Selva Pastaza, detalló que en estos reconocimientos los resultados han sido de casi USD 12.000 en equipo, destruyendo dragas, motores y bombas de succión y acoples.
Sin embargo, la efectividad del operativo fue efímera. Apenas ocho meses después, los mineros regresaron a las riberas del río para reinstalar sus equipos, remover el fondo del cauce y lavar material en busca de oro.
Actualmente, la actividad solo se detiene cuando el nivel del río Curaray sube lo suficiente como para impedir la instalación de las máquinas en las orillas.
Impacto ambiental y social
La situación no solo representa un peligro para la biodiversidad de este sitio catalogado como Reserva de la Biósfera por la Unesco, sino que también está generando una grave conflictividad social.
Denuncias de guardaparques ante el Ministerio de Energía y Ambiente señalan que algunos mineros han ingresado maquinaria pesada, como retroexcavadoras, con la presunta colaboración de ciertos dirigentes locales.
Esta invasión ha provocado la destrucción de bosque primario, la contaminación de cuerpos de agua y la degradación de los suelos. Además, se reportan actos de intimidación y vigilancia por parte de grupos vinculados a la minería ilegal para evitar que se fotografíe el impacto ambiental en la zona.
El Ministerio de Ambiente ha confirmado la situación y asegura que existen disposiciones para que las fuerzas del orden erradiquen estos grupos, que ya enfrentan disputas internas por los recursos derivados de la ilegalidad.
Mientras tanto, la vida de las comunidades que dependen del río Curaray sigue cambiando drásticamente ante la presencia de una actividad que amenaza el último refugio de los pueblos más vulnerables del Ecuador.
Radio Pichincha
LV
