La Comisión de Fiscalización y Control Político, en sesión desarrollada en Guayaquil, aprobó con seis votos afirmativos el informe motivado que recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo de la solicitud de juicio en contra de la exministra de Ambiente y Energía.
Los comisionados concluyen que no se probó la existencia de un nexo causal ni la configuración de la causal de incumplimiento de funciones prevista en el artículo 131 de la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). En consecuencia, determinaron que el expediente carece de méritos suficientes y de elementos probatorios que permitan atribuir responsabilidad política a la exfuncionaria.
Según el informe, los asambleístas proponentes no lograron demostrar una relación causal directa entre las competencias legales de la exministra de Ambiente y Energía y los actos precontractuales, contractuales, de recepción técnica o de desembolso ejecutados en el Contrato Emergente N.º CELEC-EP-EGU-ESMERALDAS-002. Estas actuaciones corresponden a la personería jurídica, autonomía y competencia exclusiva del gerente general de CELEC EP y de sus unidades de negocio.
Además, el informe señala que la solicitud de juicio político pretendió sustentar el presunto incumplimiento de funciones en la invocación de principios y disposiciones constitucionales de carácter general, sin considerar que la responsabilidad política de los ministros de Estado deriva exclusivamente del incumplimiento de deberes específicos establecidos en la ley, de conformidad con la LOFL. Asimismo, concluye que la acusación incurrió en una errónea equiparación entre las funciones de rectoría de la política pública y la gestión operativa de las empresas públicas adscritas.
En ese contexto, la comisión determinó que, al no haberse demostrado el incumplimiento de funciones constitucionales o legales atribuido a Inés Manzano, el proceso de enjuiciamiento político adolece de una manifiesta falta de méritos y de insuficiencia probatoria.
EG
