Las autoridades iraníes llevaron a cabo la ejecución de Vahid Baniamerian junto a otros cinco acusados sin ninguna notificación previa a sus familias. Los allegados se enteraron a través de reportes en medios estatales que indicaban que el Tribunal Supremo revisaría las condenas a muerte.
Un familiar directo, quien pidió anonimato por seguridad, relató su desconcierto:
“No dieron ninguna advertencia. Ni siquiera el abogado lo sabía”.
Para ese familiar,
“era completamente ilegal, incluso según sus propias leyes opresivas”.
De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, el gobierno iraní sostiene una política de penas capitales cuyo objetivo es intimidar a la sociedad y evitar el surgimiento de nuevas movilizaciones. Durante el presente año, las autoridades han dictado decenas de ejecuciones contra presos políticos, manifestantes y presuntos integrantes de agrupaciones prohibidas.
La aplicación de la pena de muerte se ha intensificado notablemente en Irán, sobre todo tras la conclusión de la primera etapa del conflicto con Estados Unidos e Israel. La tensión interna se incrementó después del fallecimiento del exlíder supremo Ali Khamenei y el ascenso de su hijo Mojtaba, quien aún no ha hecho ninguna aparición pública desde la muerte de su padre, ocurrida el 28 de febrero de 2026.
Estas ejecuciones ocurren en un escenario de fragilidad política y represión en aumento. Organismos como Iran Human Rights (IHR) advierten sobre el riesgo de que, luego de la ruptura del alto el fuego, las autoridades intensifiquen la persecución y eliminación de opositores recurriendo a la pena capital.
Mahmood Amiry-Moghaddam, director de IHR, señaló:
“Con la ruptura del alto el fuego y la reanudación de la guerra, nos preocupa profundamente que las autoridades aprovechen la situación para intensificar la ejecución de presos políticos”.
IHR estima que cientos de personas detenidas por motivos políticos y participantes en protestas enfrentan acusaciones que podrían conducirlos a la horca. De ese grupo, aproximadamente 100 ya han recibido sentencia de muerte, entre ellos más de 70 reclusos en la prisión de Dastgerd, ubicada en Isfahán.
La organización demanda a la comunidad internacional, en particular a la Unión Europea, que incluyan como condición fundamental en cualquier diálogo con Irán una moratoria inmediata de las ejecuciones. Amiry-Moghaddam insistió:
“La comunidad internacional… debe convertir la moratoria inmediata sobre las ejecuciones en un tema central” de cualquier negociación.
Según la documentación de IHR, desde que comenzó el conflicto 24 personas han sido ahorcadas por su participación en protestas recientes y dos más por movilizaciones anteriores. Asimismo, 13 hombres fueron ejecutados por presuntos vínculos con el Muyahidines del Pueblo (MEK) y otras organizaciones prohibidas, mientras que 10 personas perdieron la vida en la horca acusadas de espionaje.
Las autoridades iraníes justifican estas condenas argumentando que los ejecutados participaron en ataques letales contra efectivos de seguridad o instalaciones públicas. No obstante, las organizaciones no gubernamentales denuncian torturas y juicios sumarios que presentan serias irregularidades procesales.
IHR destaca que, si bien los casos más difundidos acaparan la atención global, la mayor parte de las ejecuciones en Irán no tienen motivaciones políticas, sino que corresponden a delitos vinculados con drogas u homicidios. De acuerdo con Amnistía Internacional, en el último año Irán volvió a ocupar el segundo lugar mundial en cantidad de ejecuciones, solo superado por China, con más de 2.150 personas ejecutadas.
En el centro penitenciario de Ghezel Hesar, en Karaj, los internos iniciaron una protesta sentada para manifestarse en contra de los ahorcamientos de compañeros acusados de narcotráfico. Videos difundidos en redes sociales muestran a los reclusos fuera de sus celdas coreando “no a la ejecución”.
Un comunicado de los propios reclusos cuestionaba:
“¿En qué otro lugar del mundo se le quita la vida a una persona por un primer error?”
Según ellos, muchos cometieron delitos
“simplemente para poder cubrir sus necesidades básicas”.
Según sus familiares, Vahid Baniamerian, de 34 años, era desde niño “una persona amable y humilde”. Sus allegados recordaron que “tenía un gran sentido de la responsabilidad. Siempre quería ayudar”. Incluso estando preso, intentó mantener el ánimo de sus compañeros y logró enviar clandestinamente un mensaje de audio a su madre. En él, se despidió diciendo:
“Me despedí de ti sin saber lo que me deparaba el futuro”.
Un video extraído de la cárcel lo mostraba cantando una canción patriótica poco antes de su ejecución. Al ser llevado al aislamiento, Baniamerian alentó a los demás:
“No lloren delante del enemigo. Estamos orgullosos de lo que hacemos”,
según relató su familiar.
El caso de Baniamerian, junto con los de cientos de personas que aguardan la horca en Irán, evidencia el empleo sistemático de la pena de muerte como un instrumento de control social y político por parte del gobierno, según coinciden organismos internacionales y familiares de las víctimas.
Fuente: Infobae
