La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó este viernes 24 de julio, con seis votos a favor y cuatro en contra, el informe que recomienda archivar el juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía Inés Manzano, procesada por un presunto incumplimiento de funciones relacionado con el fallido contrato eléctrico suscrito con Austral Technical Management (ATM).
La mesa legislativa, presidida por Ferdinan Álvarez, sesionó en Guayaquil para analizar el documento elaborado después de la etapa de presentación de pruebas, comparecencias y alegatos de las partes. El informe concluye que no se demostró una relación directa entre las funciones ejercidas por Manzano y los hechos incluidos en la acusación.
Según el documento aprobado, existe una “falta de mérito” y una insuficiencia de pruebas que permitan atribuir responsabilidad política a la exfuncionaria. La mayoría de la comisión sostuvo que el contrato con ATM fue firmado antes de que Manzano asumiera el Ministerio de Energía y que la orden de pago cuestionada habría sido emitida y autorizada horas antes de que se formalizara su designación.
El proceso fue impulsado por los legisladores de la Revolución Ciudadana Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna, quienes acusaron a Manzano de supuestas omisiones en la contratación y ejecución del proyecto termoeléctrico. El contrato, firmado en agosto de 2024 por aproximadamente USD 89,9 millones, buscaba instalar una central de 91 megavatios en Esmeraldas para enfrentar la crisis de apagones.
La empresa recibió alrededor de USD 71 millones, equivalentes a cerca del 80 % del contrato, pese a los retrasos y problemas técnicos registrados en los equipos. Investigaciones periodísticas señalan que dos modificaciones contractuales permitieron realizar desembolsos con la entrega de maquinaria, sin exigir que la planta estuviera previamente en funcionamiento.
La exministra rechazó las acusaciones y aseguró que las decisiones administrativas y contractuales correspondían a la Corporación Eléctrica del Ecuador, Celec. Además, afirmó que fue convocada para enfrentar la crisis energética y no para originarla, mientras su defensa argumentó que no se presentaron pruebas suficientes para vincularla con los pagos cuestionados. Por su parte, el asambleísta Luigi García, quien propuso la moción de archivo, recalcó que la responsabilidad de las actuaciones recae en la personería jurídica del Gerente General de CELEC y sus unidades de negocio.
Como parte de los antecedentes, un tribunal arbitral de la Cámara de Comercio de Quito archivó en junio de 2026 una solicitud presentada por ATM para impedir que Celec terminara unilateralmente el contrato, decisión que la defensa de Manzano presentó como favorable para el Estado.
El informe aprobado por la Comisión de Fiscalización será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional, que deberá conocer la recomendación y resolver si archiva definitivamente el proceso o da paso a una decisión.
