Decenas de familiares de personas detenidas por razones políticas se congregaron el martes en la Universidad Central de Venezuela para exigir al Gobierno chavista la liberación masiva de los reclusos y manifestar su rechazo a que el proceso se desarrolle a cuentagotas. Activistas de la Alianza por la libertad, colectivo que lleva más de 40 días protestando frente a la Embajada de Estados Unidos en Caracas, desplegaron una pancarta con el lema “Libertad para todos los presos políticos” y portaban fotografías de sus seres queridos.
“Sabemos que se avecina un proceso de transición y un ciclo democrático a partir del 1 de agosto, con una mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y la actual. Queremos que en esa mesa de negociación estemos reflejados”, declaró Gabriela Álvarez, quien reiteró la petición de inclusión y solicitó el respaldo de Estados Unidos para la excarcelación de los presos políticos, que según la ONG Foro Penal suman 372 personas.
Entre los manifestantes se encontraba Magaly Sánchez, de 56 años, quien viajó desde Monagas hasta Caracas para visitar a su hijo Félix Aguilera, detenido desde 2024 y a quien considera “injustamente detenido”. Sánchez relató que desembolsó 40 dólares para trasladarse junto a su nieta.
Yamile Vidal, hermana del exalcalde del municipio Independencia en Anzoátegui, Carlos Vidal, solicitó su liberación y aseveró que fue víctima de una “componenda política”. El exmandatario municipal fue arrestado en 2022 y acusado de encabezar una red dedicada al desvío y venta ilegal de gasolina, según informó en su momento el entonces ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, actualmente también detenido.
Los familiares realizaron numerosas protestas y pernoctaron en diversas cárceles tras el anuncio de excarcelaciones masivas y la aprobación de una ley de amnistía en febrero. Este instrumento abarca un período de 27 años, desde 1999, pero limita la concesión a personas vinculadas con 13 hechos ocurridos en 13 años distintos, dejando fuera otros casos, especialmente aquellos relacionados con operaciones militares, corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, la ley de amnistía fue presentada en enero por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tras la captura del exdictador Nicolás Maduro en Caracas por parte de Estados Unidos, y hasta este 22 de julio el Gobierno chavista no cumplió su promesa.
Por su parte, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió el sábado pasado una evaluación técnica independiente de la infraestructura de la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda, tras el doble terremoto del 24 de junio. La organización denunció en la red social X que las autoridades no establecieron protocolos preventivos ni permitieron el acceso de organismos independientes para verificar el estado del penal y las condiciones de reclusión.
De acuerdo con el Comité, los presos políticos permanecen en un área común interna bajo vigilancia estricta y reclaman no quedar atrapados en celdas consideradas inseguras ante posibles nuevos sismos. La ONG advirtió que persisten amenazas y temor a que funcionarios vuelvan a emplear la fuerza del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodios (GRIC) u otro grupo violento para obligar a los detenidos a permanecer en celdas cuya seguridad estructural no ha sido verificada.
El Comité solicitó el cese de amenazas, represalias y criminalización contra las víctimas, sus familiares y las organizaciones que denuncian la situación de los presos políticos, e instó a permitir el ingreso de organismos nacionales e internacionales independientes.
“La responsabilidad política de prevenir nuevas violaciones recae directamente sobre Delcy Rodríguez, como autoridad interina del Ejecutivo. El Estado conoce el riesgo y está obligado a actuar”, subrayó la organización.
(Con información de EFE)
Fuente: Infobae