La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional reinstaló este lunes 20 de julio de 2026 la continuación de la práctica de pruebas testimoniales dentro del juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.
Pese a que la mesa legislativa convocó a cuatro figuras para esclarecer las irregularidades en los contratos de emergencia eléctrica, únicamente el periodista de investigación Álvaro Martín Espinoza acudió al llamado.
Ausencias y notificaciones fallidas
De acuerdo con la certificación de la secretaría de la comisión, se realizaron múltiples esfuerzos para asegurar la presencia de los testigos, incluyendo el envío de oficios y correos electrónicos con notificaciones de insistencia. Sin embargo, tanto el viernes 17 de julio y este lunes 20 no se presentaron a la sala:
- Roberto Luque, exministro de Energía y Minas encargado.
- Antonio Goncalves, exministro de Energía y Minas.
- Fabián Calero, exgerente de Celec y exviceministro de Electricidad.
En el caso específico de Roberto Luque, la secretaría informó que se le remitió una insistencia para comparecer el 17 de julio. El exfuncionario respondió mediante un oficio solicitando que la comisión reconsidere su convocatoria. Luque argumentó que no debía comparecer mientras se mantenga vigente una investigación en la Fiscalía General del Estado sobre los mismos hechos.
Ante la ausencia de los exfuncionarios, la jornada se centró exclusivamente en la declaración de Álvaro Martín Espinoza, quien compareció como prueba de oficio solicitada por el asambleísta Amable Chica. Espinoza expuso ante los legisladores y la defensa técnica de Manzano los hallazgos de su investigación periodística sobre los contratos con las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM), señalando un presunto perjuicio económico al Estado.
La comparecencia de Espinoza no estuvo exenta de polémica. Antes de iniciar, se produjo cuestionamientos porque la seguridad de la Asamblea impidió el ingreso del abogado del periodista. El presidente de la Comisión, Ferdin Álvarez, sostuvo que en los juicios políticos los testigos no son partes procesales y, por tanto, no requieren asistencia legal según la normativa legislativa, lo que generó reclamos de asambleístas interpelantes.
Espinoza, quien solicitó su comparecencia como prueba de oficio, denunció haber sido objeto de amenazas y presiones para evitar su presencia en el Palacio Legislativo.
“Chatarra” y equipos incompatibles: la denuncia
Durante su intervención, el periodista detalló el perjuicio económico al Estado, el cual estimó en más de USD 140 millones al sumar los contratos con las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM). Entre los puntos más críticos de su testimonio destacaron:
- Maquinaria usada: Espinoza presentó informes periciales y fotografías que mostraban motores con un avanzado estado de oxidación y placas de fabricación adulteradas.
- Incompatibilidad técnica: reveló que 32 de los 48 generadores adquiridos a ATM funcionaban a una frecuencia de 50 Hz, mientras que el sistema eléctrico ecuatoriano opera a 60 Hz.
- Pagos en gestión de Manzano: el testigo afirmó que, aunque los contratos se firmaron antes, bajo la administración de Manzano se habrían desembolsado cerca de USD 66,9 millones a pesar de las alertas de incumplimiento.
La defensa contraataca: cuestionamiento a la idoneidad
Tras el testimonio, la defensa técnica de Inés Manzano, liderada por el abogado Rafael Oyarte, intentó descalificar la validez de la declaración. En un incisivo contrainterrogatorio, Oyarte cuestionó los conocimientos del periodista en materia de contratación pública y auditoría. La defensa solicitó formalmente que el testimonio sea excluido y desestimado.
Oyarte argumentó que Espinoza no es un perito ni un experto calificado, y que sus declaraciones se basaron en opiniones o hechos de dominio público más que en constancias directas del proceso administrativo.
Tras concluir el interrogatorio al único testigo presente, el presidente de la comisión dio por terminada la recepción de su testimonio y suspendió la sesión. Para mañana, el último día de este juicio político, está planificado los alegatos finales.
Radio Pichincha
LV