En el marco del tratamiento del informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado “Ley Antimafias”, la Comisión de Seguridad Integral recibió este martes los aportes técnicos de delegados de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y el Ministerio de Salud Pública.
Moisés Benamor, jefe de la Sección de Apoyo a las Instituciones Legislativas de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, destacó que Ecuador es uno de los países priorizados por el organismo para recibir acompañamiento técnico en la lucha contra el crimen organizado. Recomendó incorporar en el proyecto de ley medidas frente a las drogas sintéticas, como un régimen especial para organizaciones criminales, control de precursores químicos, sanciones a empresas utilizadas por redes delictivas y mecanismos de actualización de sustancias fiscalizadas.
Elizabeth Arribas, de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), advirtió que las drogas sintéticas representan un desafío por la rápida evolución de estas sustancias y la operación de laboratorios clandestinos. Planteó fortalecer la regulación, la investigación, la cooperación internacional y el control químico. Ambos representantes coincidieron en que la efectividad de la normativa dependerá de la coordinación entre las instituciones del Estado y ratificaron el apoyo técnico de la OEA durante el tratamiento del proyecto.
Por su parte, la Corte Nacional de Justicia, a través de sus representantes Juan Francisco Martínez y Cristian Ochoa, entre sus recomendaciones planteó justificar el incremento de penas por la paralización del servicio de distribución de combustibles, revisar la proporcionalidad de las sanciones en delitos relacionados con hidrocarburos y corregir inconsistencias respecto a las sanciones aplicables a personas jurídicas. Además, advirtió sobre una posible duplicidad de tipos penales para servidores públicos vinculados a delitos hidrocarburíferos y propuso ajustes al régimen de prisión preventiva, con el fin de garantizar el respeto al debido proceso. La CNJ reiteró su respaldo al fortalecimiento de las herramientas contra el crimen organizado, siempre que las reformas respeten los principios de proporcionalidad, presunción de inocencia y seguridad jurídica.
La directora de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública, Carla Aulestia, presentó aportes para fortalecer la respuesta sanitaria frente al crimen organizado, entre ellos la protección del personal de salud, atención integral a víctimas de delitos, capacitación para su identificación y fortalecimiento de la medicina legal y forense.
Las instituciones participantes remitieron sus aportes técnicos a la comisión con el objetivo de fortalecer la propuesta legislativa.
JC
