María Jesús Montero, secretaria general del PSOE en Andalucía, ha manifestado su respaldo al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero frente a los recientes giros en los testimonios de los investigados en el caso Plus Ultra. La exministra de Hacienda considera que estos cambios de versión se alinean con la estela de los beneficios obtenidos por el empresario Víctor de Aldama en el juicio de las mascarillas.
En una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, Montero se refirió a la citación judicial del empresario Julio Martínez Martínez, socio de Zapatero, quien deberá declarar ante el juez José Luis Calama, instructor del caso Plus Ultra. Según la información revelada, Martínez Martínez afirmó que el expresidente del Gobierno «marcaba los pasos a seguir» y aceptó haber recibido una comisión del 1% por su intermediación en el rescate de 53 millones de euros otorgado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a la aerolínea durante la pandemia.
A través de un escrito remitido al juez, el empresario expresó su voluntad de cooperar para esclarecer los hechos que se investigan.
Montero enfatizó que mantiene su confianza en Zapatero, argumentando que los investigados han modificado sus declaraciones iniciales.
«Las personas que hoy declaran ante el juez han cambiado su versión respecto a la cuestión inicial siguiendo la estela que ha marcado la sentencia en relación con el trato punitivo que recibió Víctor de Aldama», señaló la dirigente.
La líder andaluza recordó que ya había prevenido sobre esta situación tras conocer la sentencia del caso mascarillas contra José Luis Ábalos y Koldo García. En esa ocasión, señaló que se abría «un camino bastante complicado respecto a los beneficios penitenciarios que este empresario supuestamente había obtenido por haber señalado directamente, incluso con mentiras así reconocidas por el propio tribunal, a personas que nada tuvieron que ver con la causa que se investigaba».
«Dije que me parecía peligrosa esa línea, porque se amparaba en mentiras, tal como el tribunal posteriormente declaró», abundó Montero.
Agregó que, como era previsible, otros empresarios seguirían esa estela para obtener beneficios penitenciarios en sus propias causas, buscando un mejor tratamiento judicial al implicar a terceros.
En cuanto a la legalidad del proceso, Montero subrayó que la concesión de la ayuda a Plus Ultra fue auditada por la Intervención General, la Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas y un juzgado de instrucción de Madrid, todos los cuales concluyeron que no existía irregularidad alguna en el expediente.
«Lo que viene a suponer que esta ayuda fue legal, que siguió todos los parámetros establecidos y que, por tanto, lo que se hizo por parte de la SEPI fue, como en otras empresas, constatar que se daban todas las condiciones que la ley que aprobó el Congreso de los Diputados contemplaba», afirmó Montero.
Montero también puso de relieve que los cambios de versión de los empresarios se han producido de manera «paralela, al unísono», lo que hace sospechar que «se han puesto de acuerdo» para ello.
Asimismo, exigió que las acusaciones sean concretas: «A mí me gustaría que si alguien acusa a alguien de hacer algo, que diga cómo, cuándo y dónde, porque sale muy gratis el intentar señalar a otros».
En relación con el hallazgo de joyas en el despacho de Zapatero, Montero señaló que el expresidente anunció que daría explicaciones, pero que su defensa ha optado por hacerlo en sede judicial. «Cuando lo llame el juez para que pueda declarar a propósito de las joyas, a continuación conoceremos también por su boca propia cuál es el origen de las joyas», indicó.
Finalmente, Montero reafirmó su confianza en la inocencia de Zapatero: «Cuando uno tiene confianza en una persona, no espera más que al final la verdad se abra camino, poniendo de manifiesto que lo que uno confía es lo que es».
Fuente: Infobae
