La lucha contra la minería ilegal es uno de los ejes del Plan Nacional de Seguridad Integral (PNSI) 2025-2029.
El documento plantea una estrategia que combina operaciones militares, controles administrativos y la formalización de la minería artesanal con el objetivo de debilitar las economías criminales que operan alrededor de esta actividad.
El plan considera que la extracción ilegal de minerales ya no representa únicamente un problema ambiental.
La define como una amenaza para la seguridad nacional porque financia estructuras del crimen organizado, facilita el lavado de activos y fortalece redes delictivas con presencia en zonas de frontera y áreas protegidas.
Se calcula que la minería ilegal en Ecuador produce y mueve entre $ 800 millones y $ 1.300 millones anuales. Las estimaciones oficiales del Viceministerio de Energía y reportes del Gobierno indican que esta economía criminal compite directamente con la minería legal del país.
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La primera apuesta: operaciones militares y control territorial
Como medida inmediata, el Gobierno plantea reforzar la presencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en los principales focos de minería ilegal.
La estrategia contempla operaciones de interdicción para incautar maquinaria, explosivos, combustibles y otros insumos utilizados en la extracción ilícita.
Además, dispone la clausura de centros de acopio, el control de la cadena logística que abastece a estas organizaciones y el procesamiento judicial de los responsables mediante acciones coordinadas con la Fiscalía General del Estado.
Otro de los objetivos consiste en recuperar el control del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y de los sectores fronterizos donde operan organizaciones criminales vinculadas a la explotación ilegal de minerales.
El plan también busca formalizar la minería artesanal
La estrategia no se limita a la intervención policial y militar. El documento incorpora un proceso de formalización dirigido a la minería artesanal con la intención de reducir su dependencia de las organizaciones criminales.
Para ello, el Estado propone actualizar el catastro minero nacional, fortalecer el marco regulatorio y ejecutar programas de regularización y tecnificación hasta 2028.
Estas acciones incluirán capacitación para las comunidades y asistencia técnica para promover prácticas de extracción dentro del marco legal.
Experto dice que el desafío será sostener la presencia militar
Para Diego Pérez, experto en seguridad, la estrategia planteada por el Gobierno resulta adecuada desde el punto de vista conceptual, aunque su éxito dependerá de la capacidad del Estado para mantener una presencia permanente en las zonas afectadas.
“En el papel es el camino correcto”, señaló. Sin embargo, advirtió que el principal desafío será sostener el despliegue de las Fuerzas Armadas, considerando que actualmente cumplen múltiples misiones en distintas regiones del país.
Pérez explicó que ampliar la presencia militar puede generar resultados positivos, siempre que exista capacidad operativa para mantener ese control durante varios años y no solo mediante intervenciones temporales.
La formalización dependerá de la capacidad institucional
El especialista también valoró la propuesta de regularizar la minería artesanal, ya que permitirá diferenciar con mayor claridad a los operadores legales de quienes forman parte de las economías ilícitas.
A su criterio, la formalización puede convertirse en una herramienta efectiva para fortalecer el control estatal. No obstante, advirtió que el cumplimiento de la meta prevista para 2028 dependerá de la capacidad de instituciones como la Arcom y del resto de organismos involucrados para ejecutar los procesos de regularización.
“Es difícil saber desde ahora si será posible cumplir esos plazos. Antes habrá que evaluar las condiciones existentes y el papel que desempeñarán las instituciones responsables”, afirmó.
El experto sostuvo que el cumplimiento de los objetivos dependerá de que las acciones militares y de formalización avancen de forma coordinada durante la vigencia del plan, que se extiende hasta 2029.
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Las instituciones que ejecutarán la estrategia
La implementación del plan estará a cargo de varias entidades estatales.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas liderará las operaciones de neutralización; la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado asumirán la investigación y judicialización de los delitos.
Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas, junto con la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), tendrá la responsabilidad de actualizar el catastro minero, impulsar la formalización y fortalecer los mecanismos de control administrativo.
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Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) también participarán en la vigilancia territorial y el cumplimiento de la normativa ambiental.
El PNSI reconoce que el régimen sancionatorio vigente requiere ajustes para enfrentar la minería ilegal con mayor eficacia. Entre las metas de corto plazo figura complementar el marco legal para endurecer los controles administrativos y ambientales. (I)
FUENTE EL UNIVERSO
