El panorama para el movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo, Lista 16) se agrava. Además de la suspensión de nueve meses que ya pesa sobre la organización por una investigación de presunto lavado de activos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) interpuso una denuncia formal que podría derivar en su desaparición definitiva del registro de partidos políticos.
La acción fue presentada el pasado 15 de julio de 2026 por el presidente del CNE, José Cabrera Zurita. La denuncia se dirige específicamente contra tres figuras clave del movimiento:
- Víctor Fernando Bravo Encalada (exrepresentante legal)
- Francisco David Loor Pisco (representante legal actual)
- Luis Andrés Benites Orellana (responsable del manejo económico).
El CNE acusa a la organización de haber cometido una infracción electoral grave, tipificada en el artículo 281, numeral 1, del Código de la Democracia. Según la normativa, esta falta ocurre cuando los responsables no presentan los informes detallados sobre las cuentas del movimiento, omitiendo datos cruciales como:
- El monto de los aportes recibidos
- Su origen
- Naturaleza
- El listado de contribuyentes.
De prosperar la denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), las sanciones podrían ser devastadoras para Amigo:
- Multas económicas que oscilan entre 20 y 70 salarios básicos unificados.
- Suspensión de los derechos políticos de los implicados por un periodo de 2 a 4 años.
- Cancelación de la inscripción de la organización política en el registro electoral.
Este movimiento legal ocurre en un momento crítico, ya que Amigo se había convertido en la plataforma electoral de la Revolución Ciudadana para las próximas elecciones seccionales, tras la suspensión de su propia personería jurídica.
La posible eliminación de Amigo dejaría a la oposición sin el vehículo político que tenía previsto para inscribir candidaturas, obligándolos a buscar refugio en otras agrupaciones como el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE).
Estado actual del proceso
El caso recayó en el despacho del juez electoral Guillermo Ortega, quien el 20 de julio emitió un auto de sustanciación. En este documento, el magistrado otorgó un término de dos días al CNE para que aclare y complete su denuncia. Es decir, hasta este miércoles 22 de julio de 2026.
El tribunal solicitó al organismo electoral que precise los agravios causados, señale su pretensión concreta y complete el anuncio de las pruebas que sustentan la acusación. Si el CNE no cumple con estos requerimientos en el plazo establecido, la causa será archivada.
Radio Pichincha
LV
