El juez federal Brian M. Cogan emitió este lunes una orden de confiscación por 15 mil millones de dólares contra Ismael “El Mayo” Zambada, además de imponerle cadena perpetua por delitos de narcotráfico. La resolución se dictó como parte del proceso penal seguido en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.
Esta cifra representa la mayor confiscación económica solicitada en un caso de narcotráfico en tribunales estadounidenses. Supera por 2 mil 400 millones de dólares la sanción aplicada en 2019 contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, cofundador del Cártel de Sinaloa.
La orden se basa en la petición formulada por los fiscales federales liderados por Joseph Nocella Jr., quienes sostuvieron que el monto corresponde a las ganancias generadas por la organización criminal durante décadas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
La confiscación se estableció a partir del acuerdo de culpabilidad firmado por Zambada, quien reconoció su responsabilidad en las operaciones del Cártel de Sinaloa y aceptó que la agrupación obtuvo miles de millones de dólares mediante actividades ilícitas.
Una estimación oficial del Departamento de Justicia
Los 15 mil millones de dólares no corresponden a dinero incautado directamente al narcotraficante, sino a una estimación del Departamento de Justicia estadounidense sobre los recursos acumulados por el grupo criminal. No se trata de fondos localizados en cuentas bancarias, propiedades aseguradas o bienes específicos.
El procedimiento de confiscación permite al gobierno de Estados Unidos reclamar bienes derivados de actividades delictivas. Sin embargo, la recuperación efectiva de esa cantidad dependerá de investigaciones futuras para identificar activos, cuentas, propiedades y empresas vinculadas con las operaciones financieras de la organización.
Especialistas en seguridad consultados por la cadena alemana DW señalaron que transformar una orden judicial de esta magnitud en recursos concretos es un proceso complejo. Las estructuras financieras de los grupos criminales suelen utilizar prestanombres, empresas fachada y operaciones en distintos países.
En casos previos, como el de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Estados Unidos ordenó una confiscación millonaria, pero las autoridades no informaron públicamente que hayan recuperado la totalidad del monto fijado por el tribunal.
La recuperación de bienes podría extenderse por años
Los recursos confiscados por el gobierno estadounidense ingresan al Fondo de Bienes Confiscados del Departamento de Justicia o a fondos equivalentes del Departamento del Tesoro. Desde allí pueden financiar operaciones de seguridad, investigaciones y programas para víctimas de delitos, según las disposiciones legales vigentes.
Antes de la resolución final, familiares de víctimas del Cártel de Sinaloa, como integrantes de la familia LeBarón, solicitaron participar en el procedimiento para reclamar parte de los bienes que pudieran ser confiscados. Sus abogados argumentaron que la organización fue designada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera y buscaron aplicar la Ley de Seguro contra Riesgos Terroristas de 2002.
El gobierno estadounidense rechazó esa petición, al considerar que los solicitantes no tenían legitimidad jurídica para intervenir en el proceso de confiscación. No obstante, el tema podría generar nuevos litigios en el futuro.
El cierre del caso contra el cofundador del Cártel de Sinaloa
La sentencia contra Zambada concluye el proceso judicial contra uno de los principales líderes históricos del Cártel de Sinaloa, organización que durante décadas mantuvo operaciones de tráfico de cocaína, fentanilo, metanfetamina y otras drogas hacia Estados Unidos.
Además de la pena de prisión vitalicia, la resolución económica convierte el caso del narcotraficante mexicano en uno de los procedimientos de mayor impacto financiero dentro de la estrategia estadounidense contra las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas.
Fuente: Infobae
