El combate contra la delincuencia dejará de recaer exclusivamente en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
El Plan Nacional de Seguridad Integral (PNSI) 2025-2029 incorpora por primera vez a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) como organismos ejecutores dentro de la estrategia nacional de seguridad, con responsabilidades enfocadas en la prevención, la gestión territorial y el fortalecimiento de los servicios públicos.
La propuesta plantea que los municipios desempeñen un papel más activo en la reducción de los factores que favorecen la violencia.
Para ello deberán elaborar planes de acción alineados con la política nacional, fortalecer la seguridad en los entornos escolares, coordinar la gestión de riesgos y participar en programas destinados a mejorar las condiciones sociales de las comunidades más vulnerables, según consta en el documento.
Los municipios deberán diseñar su propia estrategia de seguridad
Uno de los principales cambios consiste en que cada Gobierno Autónomo Descentralizado tendrá que elaborar un plan de acción compatible con el Plan Nacional de Seguridad Integral.
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El documento establece que los municipios ya no solo ejecutarán competencias tradicionales relacionadas con obras públicas o servicios básicos.
También deberán definir objetivos, indicadores y mecanismos de evaluación para medir el cumplimiento de las metas de seguridad dentro de su territorio.
Además, tendrán la obligación de monitorear permanentemente esos resultados y reportar el avance de las acciones desarrolladas dentro de sus competencias.
Esta planificación busca que la estrategia nacional tenga una aplicación diferenciada según las características de cada cantón, especialmente en aquellos donde operan organizaciones criminales o existen mayores índices de violencia.
La prevención social se convierte en una responsabilidad local
El plan adopta el concepto de seguridad multidimensional, que entiende la inseguridad como un fenómeno asociado no solo al delito, sino también a factores sociales, económicos y territoriales.
Bajo esa lógica, los municipios deberán fortalecer la prestación de servicios básicos como agua potable, saneamiento y gestión comunitaria, al tiempo que coordinarán con los ministerios de Salud, Educación e Inclusión Económica y Social programas destinados a reducir la vulnerabilidad de la población.
El documento también asigna a los gobiernos locales la tarea de apoyar las estrategias para disminuir la inseguridad dentro y fuera de las instituciones educativas, con el objetivo de reducir la deserción escolar y evitar el reclutamiento de niños y adolescentes por parte de organizaciones criminales.
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En comunidades rurales, amazónicas e indígenas, los GAD participarán en la ejecución de programas orientados a ampliar el acceso a servicios esenciales y reducir las brechas sociales identificadas por el plan como factores que favorecen la expansión del crimen organizado.
El plan también reconoce a las policías municipales como entidades de apoyo para fortalecer la seguridad ciudadana mediante acciones de control del espacio público, gestión del riesgo y coordinación institucional.
El nuevo rol abre un debate constitucional
La incorporación de los municipios como organismos ejecutores ha generado observaciones desde el ámbito jurídico sobre el alcance real de estas nuevas responsabilidades.
El abogado Wilson Parrales considera que el enfoque preventivo del plan resulta positivo, pero advierte que la implementación deberá respetar el marco de competencias definido por la Constitución.
Según explica, la carta magna establece que la defensa nacional, la protección interna y el orden público corresponden exclusivamente al Estado central.
“Los municipios cumplen una función de prevención social, espacial y comunitaria, pero no pueden asumir competencias coercitivas propias de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional”, señala el jurista.
El principal desafío será financiero y operativo
Parrales identifica otro punto crítico en la ejecución del plan: la asignación de recursos.
El jurista recuerda que la Constitución establece que no puede existir transferencia de competencias sin la correspondiente transferencia de recursos equivalentes, salvo en los casos previstos por la propia ley.
A su criterio, las nuevas obligaciones contempladas en el PNSI implican un aumento significativo de las responsabilidades municipales. Entre ellas menciona la actualización de catastros de riesgo, la conformación de comités intersectoriales, la coordinación de programas de seguridad escolar y la participación en estrategias de presencia estatal en territorios vulnerables.
“El mayor desafío para la viabilidad de este plan radica en la transferencia de responsabilidades sin recursos”, afirma Parrales.
El abogado añade que varios municipios enfrentan restricciones presupuestarias y han reportado retrasos en las transferencias del Modelo de Equidad Territorial. En ese contexto, sostiene que el Gobierno central deberá definir mecanismos de financiamiento específicos para que las metas previstas puedan ejecutarse.
El apoyo de las policías municipales tendrá límites
El plan reconoce a las policías municipales y a otros cuerpos locales como entidades de apoyo para los objetivos de seguridad ciudadana.
No obstante, Parrales advierte que sus funciones deben mantenerse dentro de lo establecido por el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.
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Según el abogado, estos agentes pueden intervenir en el control del espacio público, la gestión de riesgos y la coordinación comunitaria, pero no deben asumir funciones tácticas o de orden público reservadas a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas.
“El reconocimiento de las policías municipales como entes de apoyo es positivo, siempre que se respeten estrictamente sus competencias legales”, sostiene. (I)
fuente el universo n
