Ecuador enfrenta en las prisiones una de las crisis humanitarias más profundas de su historia moderna, que expertos y defensores de derechos humanos han calificado como “necropolítica”.
Así, la actual gestión penitenciaria, lejos de buscar la rehabilitación, se ha caracterizado por un abandono estatal que ha producido violencia. Dentro de este escenario, la salud se ha convertido en una herramienta de castigo, configurando una crisis sanitaria que devora los cuerpos de quienes están bajo custodia del Estado.
La cifra más alarmante de esta crisis se concentra en la Penitenciaría del Litoral, ubicada en Guayaquil. Según el informe ‘Sostener la vida dentro y fuera de las cárceles’, del comité permanente por la defensa de los derechos humanos (cdh) presentado este 17 de julio de 2026, se han contabilizado más de 700 reos muertos por probable tuberculosis y desnutrición, solo durante el año 2025.
Esta realidad choca frontalmente con la narrativa oficial. En marzo de 2025, el Ministerio de Salud Pública (MSP) reconoció la existencia de 1.115 casos de tuberculosis a escala nacional y 565 reos en tratamiento en la Penitenciaría, pero negó oficialmente la existencia de fallecidos por esta enfermedad en los centros.
Para el CDH, esta ausencia de registros públicos y transparentes por parte del SNAI evidencia una “política negligente” y una falta de voluntad para abordar un problema sanitario y humanitario que ya es incontrolable.
Los testimonios de las familias, quienes se han convertido en las principales voces de denuncia frente a la incoherencia y el colapso del sistema, describen un panorama de deshumanización extrema.
La tuberculosis se ha configurado como un riesgo epidemiológico debido a un “combo peligroso” de hacinamiento, falta de aislamiento de los enfermos, mala alimentación y condiciones de insalubridad.
Una de las familiares entrevistadas para el informe ‘Sostener la vida’ describe la condición física de los internos con una crudeza desgarradora.
Este deterioro no es accidental. Se documenta una degradación sostenida de la calidad y cantidad de la alimentación, así como restricciones para el ingreso de medicinas básicas. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al otorgar medidas cautelares en la Resolución 99/2025, recogió reportes sobre condiciones críticas. Incluso en las áreas que deberían ser destinadas a la atención sanitaria dentro de los centros.
Desde la declaratoria del conflicto armado interno, el 9 de enero de 2024, la militarización de las cárceles ha profundizado la crisis sanitaria. La conducción operativa por parte de las Fuerzas Armadas, personal que carece de formación penitenciaria y manejo de protocolos clínicos, provocó la suspensión de programas de salud y la falta de derivaciones médicas oportunas.
Bajo el control militar, se han reportado:
- Desabastecimiento de medicamentos y falta de registros trazables de entrega de dietas clínicas.
- Raciones alimenticias insuficientes o en mal estado.
- Prácticas de tortura y tratos crueles que agravan el estado físico de los internos, incluyendo golpes y uso de gases en espacios cerrados.
“Si ellos piden agua, viene primero el golpe. Si piden un poquito más de comida, lo primero que viene es el golpe. Los torturan todos los días”, señaló un familiar de un preso.
Esta crisis sanitaria intencional ha trasladado la obligación de garantizar la vida desde el Estado hacia las familias, principalmente hacia las mujeres. El 97% de las personas que buscan ayuda son madres, parejas o hermanas que deben financiar de su bolsillo la alimentación y salud de sus familiares encarcelados.
En un entorno donde el 52.3% de estas familias gana menos de USD 100 semanales, el costo de mantener vivo a alguien en prisión es regresivo y devastador. Los familiares reportan depósitos semanales de entre USD 20 y USD 35 destinados a comida o a evitar que sus seres queridos sean golpeados. Lo que configura una extorsión institucionalizada.
El informe señala así que la actual gestión penitenciaria en Ecuador no es solo un problema de “orden interno”, sino una gobernanza punitiva que combina abandono y control. La muerte en las cárceles por enfermedades prevenibles y hambre constituye una grave violación a los derechos humanos y materializa la extensión de la pena a personas inocentes.
Radio Pichincha
LV
