La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, liderada por los oficialistas Ferdinan Álvarez y Ana Belén Tapia, inició el trámite de juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Inés Manzano, sustentado en una serie de pruebas documentales que apuntan a presuntos incumplimientos en la supervisión y control del sector eléctrico.
Los asambleístas proponentes, Mónica Palacios, Blasco Luna y Lenín Barreto, centraron sus alegatos en las omisiones e irregularidades detectadas en la ejecución de contratos de emergencia, específicamente el suscrito con la empresa Austral Technical Management (ATM).
El informe de Contraloría: la pieza de la acusación
El pilar fundamental de la interpelación es un informe de examen especial aprobado por la Contraloría General del Estado el 14 de julio de 2025. Según expusieron los legisladores, este documento oficial revela fallas en el proceso:
- Incumplimiento de requisitos técnicos: los generadores ofrecidos por ATM databan de 2017, a pesar de que el pliego contractual exigía equipos con una antigüedad máxima de cuatro años.
- Falta de garantías y permisos: la empresa no presentó las garantías del fabricante y el proyecto avanzó sin contar con los permisos de construcción y ambientales obligatorios.
- Deficiencias en la supervisión: se denunció que parte de las verificaciones técnicas se realizaron mediante videollamadas en lugar de inspecciones físicas, sumado a la falta de planos y diagramas técnicos adecuados. Un 60% del contrato se condicionó a una simple “inspección inicial y verificación visual”.
Asimismo, los asambleístas presentaron cronogramas y órdenes de pago para demostrar lo que calificaron como un “atraco”. La documentación presentada detalla que el 9 de agosto de 2024 se suscribió el contrato por aproximadamente USD 90 millones para la instalación de 48 generadores.
Apenas un mes después, el 13 de septiembre, se firmó una adenda modificatoria que alteró el esquema de pagos, permitiendo desembolsos significativos por “inspección inicial y verificación visual”.
Blasco Luna señaló que, bajo la gestión de Manzano, se autorizó una prórroga contractual de 59 días el 27 de enero de 2025, lo cual contradiría el espíritu de urgencia de la declaratoria de emergencia. Según las pruebas presentadas, se transfirieron cerca de USD 71,4 millones a la contratista a pesar de los retrasos y las alertas técnicas.
Omisiones en la protección de recursos públicos
La asambleísta Mónica Palacios enfatizó que la responsabilidad de Manzano se centra en sus omisiones cuando ya ejercía la rectoría del sector. Los documentos sugieren que la exministra conocía las observaciones de la Contraloría desde julio de 2025, pero no activó mecanismos para frenar las irregularidades ni ejecutó el cobro de garantías que ascendían a unos USD 23 millones. Esta inacción permitió que el proyecto continuara pese a los evidentes incumplimientos contractuales y técnicos.
La acusación sostiene que existían suficientes alertas técnicas, jurídicas e institucionales que obligaban a la adopción de medidas inmediatas para proteger el patrimonio estatal, acciones que, según los proponentes, nunca se tomaron.
La acusación estima que el impacto de estas decisiones y omisiones, sumado a la gestión general del sector eléctrico, generó una afectación superior a los USD 2.000 millones para el sector productivo y los ciudadanos ecuatorianos.
Radio Pichincha
LV
