Durante años, los juicios penales se apoyaban en testigos, pericias y documentos físicos. Esa época quedó atrás. Una conversación de WhatsApp, un audio reenviado o un video grabado con un teléfono móvil pueden hoy inclinar la balanza en una causa judicial. Pero esa revolución digital trae consigo un problema nuevo: ¿cómo estar seguros de que ese material no ha sido manipulado?
Un fallo reciente de la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires aborda esta pregunta de manera frontal. Aunque el caso concreto confirmó una condena por abuso sexual agravado, lo relevante del pronunciamiento es el análisis que dedica a un tema que marcará el rumbo de los litigios penales en los próximos años: la prueba digital en la era de la inteligencia artificial.
La defensa del acusado cuestionó la validez de los audios de WhatsApp presentados durante el juicio. Argumentó que no se realizó una pericia informática sobre ellos, que no se acreditó debidamente su origen y que, en un contexto donde la inteligencia artificial permite clonar voces con un realismo asombroso, existía el riesgo de que hubieran sido alterados.
Este planteo, lejos de ser una rareza, refleja un desafío global que ya golpea las puertas de todos los sistemas judiciales del mundo. Hoy es relativamente sencillo crear audios, imágenes o videos falsos con un nivel de detalle que hace apenas unos años resultaba imposible. El derecho penal, que históricamente apoyó sus decisiones en la autenticidad de las pruebas, se ve forzado a adaptarse a esta nueva realidad y acompañar los cambios tecnológicos.
Lo destacable es que el Tribunal no desestimó esas inquietudes. Al contrario, reconoció de manera explícita que la evidencia digital posee características particulares: puede copiarse sin límites, modificarse sin dejar huella, desaparecer con facilidad y, ahora, incluso ser generada artificialmente mediante herramientas de inteligencia artificial.
Ese reconocimiento es quizás uno de los aportes más valiosos de la sentencia. No porque transforme las reglas del proceso penal, sino porque admite que los estándares tradicionales ya no son suficientes para enfrentar los desafíos tecnológicos actuales.
Sin embargo, el fallo deja también una lección fundamental. Aunque señaló que hubieran sido deseables mayores recaudos técnicos para preservar y verificar los audios, el Tribunal determinó que la condena no dependía exclusivamente de ellos. La responsabilidad penal se sostenía en el testimonio de la víctima, respaldado por otras declaraciones y por un conjunto de elementos probatorios que, valorados en su totalidad, resultaban suficientes para acreditar los hechos.
Esa conclusión evita caer en el error de pensar que cualquier irregularidad en una prueba implica automáticamente la nulidad de todo el proceso. En materia penal, la discusión no se reduce a determinar si un elemento tiene alguna falla, sino a establecer cuál fue su verdadero peso dentro del conjunto probatorio producido durante el juicio.
La irrupción de la inteligencia artificial no solo exige desarrollar nuevas herramientas tecnológicas. También obliga a mejorar las prácticas procesales y a elevar los estándares de investigación. La confianza en la prueba ya no dependerá únicamente de lo que se escucha o se ve, sino de la capacidad del sistema para demostrar que aquello que se presenta como evidencia es, efectivamente, auténtico.
El proceso penal siempre ha tenido que adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos. Primero fueron las escuchas telefónicas, luego los mensajes de texto, más tarde las redes sociales y ahora la inteligencia artificial. Cada avance obliga a repensar las reglas sin abandonar los principios que sostienen un juicio justo.
La sentencia de la Casación bonaerense parece entender que el verdadero desafío no consiste en desconfiar de toda prueba digital, sino en aprender a verificarla mejor. En tiempos donde una voz puede ser creada por un algoritmo, la búsqueda de la verdad exige algo más que tecnología: exige procedimientos sólidos, controles eficaces y garantías procesales capaces de generar confianza.
Lo cierto es que en el proceso penal del futuro, la pregunta ya no será únicamente qué dice una prueba, sino también si podemos estar seguros de que esa prueba es real.
Quizás el mensaje más importante del fallo esté dirigido a quienes investigan. La sentencia deja entrever que las investigaciones penales deberán incorporar protocolos mucho más rigurosos para la obtención, preservación y análisis de evidencia digital. No basta con presentar un audio o una captura de pantalla. Es cada vez más necesario demostrar de dónde provienen, cómo fueron obtenidos, qué cadena de custodia tuvieron y qué garantías existen de que su contenido no fue manipulado.
Fuente: Infobae
