La Unión Nacional de Educadores insistió en medidas de protección en el contexto de hechos de seguridad en entornos de comunidades educativas.
La principal de la Unión Nacional de Educadores, núcleo del Guayas, hizo una serie de planteamientos para que se dispongan medidas a favor de docentes y alumnos.
En Guayaquil, esta mañana, Gabriela Menéndez, presidenta de la UNE en Guayas, expuso su preocupación sobre situaciones que afrontan maestros en el desarrollo de sus funciones.
Según datos del gremio, alrededor de 1.000 casos de hechos delictivos, entre alertas de balaceras, extorsiones, actos intimidatorios, han sido reportados por medio de denuncias formales, informes y mensajes de texto.
Las cifras se han sumado entre el año pasado y el anterior. Solo en este periodo se contabilizan 700, 300 de esos en Guayas, indicó Menéndez.
Mencionó que el mes pasado se dio una reunión con el subsecretario de Educación, la Policía y directivos de instituciones educativas para dar directrices sobre seguridad.
Ella exigió que se dicten medidas de seguridad para los integrantes de la comunidad educativa y pidió que no se den roles que no competen a las autoridades educativas, como el de informantes de grupos delictivos que operan en los alrededores ya que aquello -para ella- los pone en riesgo.
Como alternativas, Menéndez pidió que el Gobierno declare la emergencia en el sistema para la entrega de presupuesto para aplicar políticas públicas que garanticen la seguridad y protección de la comunidad educativa, además de un plan de seguridad que se extienda por los 200 días del año lectivo y no temporalmente ante una alerta de amenazas.
Además pidió un plan de reinserción escolar para menores que han quedado al margen de la educación y la creación de una normativa de teletrabajo para que los docentes precautelen sus vidas en casos de alertas.
Ella cuestionó que a los maestros que reportan amenazas, en ciertos casos, se les den días de teletrabajo. Como solución, dijo que se deben asegurar los contextos para su retorno o bien que sean derivados a otras zonas para seguir ejerciendo sus funciones.
“Hemos sacado estos datos que nos llevan a poder sensibilizar a las autoridades, en este caso al Ministerio de Educación”, dijo la presidenta del gremio.
Expuso casos recientes que se han conocido como amenazas a docentes de un plantel de Fertisa, en el sur. Allí, según las denuncias de docentes, les piden $ 2.000 para no atentar contra sus vidas.
En representación del gremio y como su expresidente, Jorge Escala, expuso que desde enero se dio conocimiento de una primera amenaza y el pedido de garantías para desenvolver sus actividades educativas.
Entre las medidas solicitadas, el educador también pidió que se dote de seguridad con personal que ofrezca guardianía en las instituciones.
“Exigimos medidas de protección de manera inmediata”, expuso Escala.
El gremio anunció que se mantiene en movilización constante para exponer sus pedidos a la Subsecretaría de Educación.
Dentro de las medidas trascendió que esta mañana se dio una cita entre autoridades educativas en el plantel del sur de Guayaquil
A inicios de este año, el Ministerio de Educación suscribió un acuerdo con el Ministerio del Interior para avanzar en una segunda fase del plan Comunidades Educativas Seguras y Protectoras.
En esta fase se trabaja con 450 instituciones priorizadas por su nivel de riesgo y por las zonas vulnerables donde se instalan.
Dentro del plan se despliegan 19.000 uniformados policiales para apoyar con rondas en los alrededores de las instituciones, sobre todo en los momentos de ingreso y salida de los estudiantes.
Además, a los docentes y a la comunidad educativa se los dota de códigos QR y botones de pánico para hacer un llamado pronto y priorizado a la Policía en caso de alguna situación. (I)
