Este lunes, el Gobierno de Estados Unidos inició una fuerte ofensiva contra el Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya, al que califica de «amenaza» para la soberanía estadounidense. La administración de Donald Trump evalúa un abanico de acciones contra los estados que integran la corte, incluyendo posibles sanciones.
El Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio, emitió un comunicado donde señala: «El TPI representa una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense, pues se arroga la autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios estadounidenses que actúan en defensa del interés nacional de Estados Unidos».
La campaña busca desbaratar la capacidad del tribunal para «operar, perseguir a militares o funcionarios estadounidenses» y contempla una serie de medidas para que el organismo «sea incapaz de amenazar la soberanía de Estados Unidos o de atacar a ciudadanos estadounidenses».
Medidas en la mira
Entre las opciones que baraja la Casa Blanca se encuentran:
- Gestiones diplomáticas del secretario de Estado y otros altos cargos para advertir a naciones extranjeras sobre los «abusos» del TPI y los «riesgos» que implica para estadounidenses y otros países.
- Un «mayor escrutinio» sobre aquellos países que «dependan de asistencia estadounidense» y se «nieguen a rechazar la falsa autoridad del TPI».
- Llamamientos a estados que no formen parte del Estatuto de Roma para que «aprovechen sus redes y tomen medidas similares».
«El TPI busca convertirse en un árbitro global sin rendición de cuentas, posicionándose por encima del Estado-nación como un brazo ejecutor supranacional de una burocracia globalista con poder para perseguir a militares y funcionarios estadounidenses a su antojo», denunció el Departamento de Estado.
«Una guerra con estatutos y tratados»
En un mensaje en video difundido en redes sociales, Marco Rubio afirmó que el TPI y sus aliados «están librando una guerra» contra Estados Unidos, «no con balas ni misiles, sino con estatutos, tratados y la fuerza de lo que se denomina ‘Derecho Internacional'».
«Cuando se creó el TPI hace 24 años, nos dijeron que sería simplemente un mecanismo de último recurso, un tribunal mundial que intervendría únicamente para enjuiciar los delitos más graves, como el genocidio y los crímenes de guerra, y solo cuando los tribunales nacionales no pudieran hacerlo por sí mismos, pero la verdad es que fue algo mucho más radical y extremo», argumentó.
Rubio añadió que el tribunal está integrado por «burócratas globalistas no electos que se atribuyen un poder casi ilimitado» y subrayó: «El peligro de este tribunal global no ha dejado de crecer. Hoy amenaza todos los aspectos de nuestro sistema político y legal».
El anuncio de esta campaña se produce después de que, en junio de 2024, tres magistradas del TPI presentaran una demanda contra la administración de Donald Trump por las sanciones impuestas previamente. En noviembre de 2024, el tribunal de La Haya emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y de lesa humanidad en la ofensiva contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.
Como respuesta, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para sancionar a altos cargos y trabajadores del TPI, lo que incluye el congelamiento de bienes y activos, así como la prohibición de ingreso a Estados Unidos para ellos y sus familiares directos.
Fuente: Infobae
