El accionar de los uniformados de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) vuelve al centro del debate tras la difusión de un video en el que un repartidor denunció que un agente le habría solicitado dinero para evitar la retención de su motocicleta.
El hecho habría ocurrido el pasado 5 de julio en la zona de Urdesa, en el norte de Guayaquil. En ese sector, un servidor de la ATM interceptó a un motociclista por aparentemente circular con la llanta trasera en un estado “no permitido”.
La entidad anunció la separación del uniformado y dispuso que el área jurídica presentara la denuncia formal ante la autoridad competente, a fin de que el caso sea investigado.
La ATM asegura que los casos detectados —incluido el último— son individuales y descarta, por ahora, la existencia de una red organizada de coimas.
“Todos los casos que hemos investigado corresponden a actuaciones individuales. Cada agente responde por sus propios actos y ha sido sancionado de acuerdo con la gravedad de la falta”, manifestó la institución.
No obstante, se precisó que la investigación sobre la persona que habría recibido el depósito continúa abierta para determinar si mantenía algún vínculo contractual, comercial o personal con el agente involucrado.
Agentes que mantienen procesos abiertos
Desde marzo de 2026 (fecha en que se inició una nueva gerencia) hasta este mes, 197 agentes civiles de tránsito de 683 han recibido sanciones disciplinarias por incumplimientos cometidos durante sus funciones.
De ellos, cinco fueron destituidos tras comprobarse faltas consideradas muy graves, entre ellas presuntos actos de corrupción, mientras que 23 procesos permanecen abiertos, incluido el del agente involucrado en el video viral.
El director de Control de Tránsito de la ATM, coronel Byron Lagos, explicó que las sanciones responden a investigaciones internas derivadas de denuncias ciudadanas, controles institucionales y procesos administrativos.
“Cuando se comprueban actos reñidos con la moral, como hechos de corrupción, la sanción puede llegar hasta la destitución”, afirmó Lagos, quien detalló que las faltas administrativas disciplinarias por las que se procesa a los agentes están establecidas en los artículos 119, 120 y 121 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop).
El funcionario explicó que la separación definitiva de un agente depende de la gravedad de la conducta y de las pruebas recopiladas durante la investigación.
Las sanciones también pueden consistir en suspensiones temporales sin remuneración o en medidas disciplinarias progresivas cuando existe reincidencia.
Según Lagos, los agentes actualmente investigados pertenecen a promociones con entre nueve y once años de servicio y todos son sometidos a evaluaciones periódicas de desempeño y de conducta.
Investigación por el video viral
Sobre el caso que se viralizó, el director de Control de Tránsito confirmó que el uniformado fue separado de sus labores operativas y permanece asignado a funciones administrativas mientras se desarrollan el sumario interno y la investigación penal.
Además, la ATM presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía para determinar las responsabilidades del caso.
Como parte de las acciones para prevenir hechos de corrupción, Lagos explicó que actualmente el 100 % de los agentes operativos utiliza cámaras corporales (bodycams), que deben permanecer encendidas durante toda la jornada y registrar cada procedimiento realizado en la vía pública.
A ello se suma el monitoreo mediante cámaras de videovigilancia y el seguimiento desde el centro de comunicaciones de la institución.
Cada actuación debe ser reportada por radio desde el inicio hasta su finalización, incluyendo el tiempo que el agente permanece atendiendo un procedimiento.
Finalmente, se exhortó a los conductores a no entregar dinero a ningún agente de tránsito y denunciar cualquier intento de soborno a través del ECU911 o de los canales oficiales de la ATM. (I)
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