A pocos años de cumplirse una década desde la firma del Acuerdo Final de Paz, ocurrida el 26 de noviembre de 2016, la Defensoría del Pueblo de Colombia exhortó al Estado a que los derechos de las víctimas del conflicto armado y la garantía de no repetición sigan siendo el eje central de las políticas públicas.
El pronunciamiento, difundido mediante un comunicado el sábado 11 de julio de 2026, estuvo dirigido al presidente electo Abelardo de la Espriella y a los legisladores que obtuvieron escaños en el Senado y la Cámara de Representantes para el período 2026-2030.
La declaración oficial del organismo se emitió luego de la divulgación del VI Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), documento que subrayó la urgencia de afianzar una paz perdurable en el país.
En el informe se destaca que el documento Tejidos para la reparación reconoce avances significativos, entre ellos la prórroga de la Ley de Víctimas, el incremento en el número de personas indemnizadas por violencia sexual, la restitución de tierras, el reconocimiento de responsabilidades estatales y el fortalecimiento de los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas.
Asimismo, se resaltó la expedición del Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) sobre soluciones duraderas para la población desplazada.
Según el comunicado de la Defensoría, el informe también identifica desafíos persistentes, como la escasa implementación de la reparación colectiva dirigida a pueblos étnicos, mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género no hegemónicas (Osignh), así como la atención insuficiente a las víctimas en el exilio.
“La capacidad institucional diseñada hace quince años ha sido superada por la magnitud del conflicto”, advirtió la Defensoría, señalando las limitaciones presupuestarias de la política pública.
La creación de la Comisión de Financiamiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, establecida por ley, se plantea como una herramienta fundamental para explorar alternativas que permitan reforzar la respuesta estatal y cumplir los compromisos adquiridos con las víctimas.
Además, las recomendaciones de la Comisión de la Verdad ofrecen, según la Defensoría, una hoja de ruta para abordar las causas profundas de la persistencia de la violencia armada y otras formas conexas de violencia.
No obstante, la entidad demandó al próximo gobierno encabezado por De la Espriella, al Congreso y a todas las instituciones estatales que refuercen la implementación de estas recomendaciones y traduzcan las conclusiones del VI Informe en acciones concretas.
“Seguiremos acompañando el seguimiento a estas recomendaciones, promoviendo la participación efectiva de las víctimas y vigilando el cumplimiento de las obligaciones estatales en derechos humanos, justicia transicional y construcción de paz”, concluye la Defensoría del Pueblo en su última comunicación.
El llamado de la Defensoría se suma a la alerta emitida en el Cauca
El exhorto al gobierno del presidente electo por parte de la Defensoría del Pueblo se sumó a otro anuncio realizado por la misma institución el jueves 10 de julio.
Este segundo pronunciamiento responde a la alerta por una crisis humanitaria en el municipio de López de Micay, en el departamento del Cauca, tras una incursión armada atribuida al ELN en la comunidad de San Antonio de Gurumendy, que dejó ocho personas secuestradas y obligó a más de 70 familias a abandonar sus hogares.
Dicha situación motivó al organismo a solicitar medidas urgentes para evitar un agravamiento del panorama en la zona, considerada una de las más críticas del país debido a la presencia de múltiples grupos armados ilegales, entre ellos las disidencias de las Farc lideradas por el alias Iván Mordisco, uno de los criminales más buscados en Colombia.
De acuerdo con la Defensoría, cerca de 200 personas agrupadas en más de 70 familias se desplazaron hacia la cabecera municipal, y parte de esa población ya comenzó a llegar al distrito de Buenaventura (Nariño) en busca de protección.
La alerta se concentra en el impacto sobre la población civil del Pacífico caucano, donde persisten amenazas, confinamientos y desplazamientos.
Los hechos ocurrieron el 3 de julio, cuando integrantes de esa estructura ilegal habrían ingresado a la comunidad, reunido de forma obligatoria a sus habitantes y sustraído alimentos y otros víveres.
Según la Defensoría del Pueblo, durante esa incursión fueron secuestradas inicialmente 40 personas, presuntamente para forzarlas a transportar los elementos robados.
Horas después, 32 de ellas fueron liberadas, pero ocho siguen retenidas. El organismo exigió su liberación inmediata e incondicional y pidió que se respete su vida e integridad.
Fuente: Infobae
