La crisis del transporte pesado en la frontera norte continúa, pese a que la tasa de seguridad que afectó el comercio con Colombia fue derogada hace varias semanas. Así lo aseguró Carlos Bastidas, presidente del Transporte Pesado del Carchi, quien sostiene que el sector sigue operando con pérdidas debido a la reducción de la carga, el incremento de los costos operativos y la falta de respuestas del Gobierno.
Durante los cuatro meses en que estuvo vigente la tasa de seguridad, que se incrementó progresivamente del 30 % al 50 % y luego al 100 %, entre febrero y mayo de 2026, el transporte pesado de Carchi registró pérdidas que aún no han sido cuantificadas. Aunque la medida fue derogada en junio, los transportistas aseguran que la actividad no se ha recuperado porque los generadores de carga migraron a otros proveedores y aún no regresan.
El diésel duplica el costo de algunos recorridos
A la pérdida de clientes se suma el incremento del combustible. Bastidas indicó que el precio del diésel pasó de USD 1,03 por galón en 2025 a USD 3,26 y que estaba previsto un nuevo ajuste hasta USD 3,41. Bastidas explicó que el diésel representa el principal costo operativo del transporte pesado y que cada aumento repercute también en el mantenimiento de las unidades.
Como ejemplo, indicó que un viaje entre Huaquillas e Ipiales, que anteriormente requería alrededor de 500 dólares en combustible, ahora demanda cerca de 1.000 dólares, es decir, el doble de inversión. Sin embargo, las tarifas de los fletes no mantienen el mismo ritmo porque dependen de la oferta y la demanda.
Camiones detenidos y dificultades para operar en Perú
El dirigente explicó que la falta de carga obligó a varios transportistas a dejar sus vehículos estacionados, mientras otros optaron por trasladar sus operaciones hacia el interior del país o buscar trabajo en Perú.
No obstante, señaló que allí también enfrentan obstáculos debido a las diferencias en la calidad del combustible. Mientras Perú exige estándares Euro 4 para el transporte internacional, Ecuador continúa utilizando diésel Euro 2 y Euro 3, lo que limita la operación de los camiones ecuatorianos en territorio peruano.
Bastidas recordó que, tras las movilizaciones realizadas en octubre de 2025, que se extendieron hasta 15 días, el Gobierno se comprometió a ejecutar varias acciones para mejorar la seguridad en las carreteras, entre ellas la construcción de una playa de descanso en Quevedo, la instalación de una báscula para controlar el peso de los vehículos y la presencia permanente de policías o militares.
Sin embargo, asegura que, a casi un año de esos compromisos, ninguna de esas medidas se ha concretado.
Aunque reconoce que los asaltos han disminuido respecto al año pasado, afirma que esto se debe principalmente a las estrategias adoptadas por los propios transportistas, quienes ahora organizan convoyes y puntos seguros para descansar.
Piden diálogo antes que una paralización
El gremio solicitó una reunión con el presidente de la República para exponer la situación que atraviesa el transporte pesado, especialmente en la provincia del Carchi. Según Bastidas, han mantenido reuniones con viceministros y otras autoridades, pero hasta ahora no han conseguido un encuentro con el mandatario.
Entre sus principales demandas constan el congelamiento del precio del diésel, la transición hacia combustible Euro 4, la implementación efectiva del programa de chatarrización, la instalación de básculas en las principales rutas del país y el cumplimiento de las obras de seguridad comprometidas.
Aunque distintos gremios del transporte analizan medidas de presión, Bastidas considera que una paralización debe ser el último recurso.
Radio Pichincha
LV
