A medida que se acercan las elecciones seccionales de noviembre de 2026, la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) intensifica su capacidad fiscalizadora en la Asamblea Nacional hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), especialmente aquellos liderados por figuras de la oposición. Esta ofensiva legislativa se desarrolla principalmente en comisiones donde el gobierno mantiene mayoría.
A continuación, Radio Pichincha detalla los principales frentes de investigación abiertos por el bloque gubernamental:
Sistemas de videovigilancia y presunto espionaje
ADN centra sus esfuerzos de fiscalización en los sistemas de videovigilancia administrados por los municipios de Quito y Guayaquil. Estas investigaciones, radicadas principalmente en la Comisión de Seguridad, apuntan a presuntas vulneraciones de protocolos y al supuesto uso indebido de la infraestructura tecnológica con fines de vigilancia.
En el Puerto Principal, el foco se encuentra sobre Segura EP. El ministro del Interior, John Reimberg, denunció ante la Comisión de Seguridad la supuesta operación de una “sala espejo” en el municipio para realizar vigilancia fuera de los canales oficiales.
Ante estas acusaciones, el expresidente de Segura EP, Fernando Cornejo, compareció ante el Legislativo el 8 de julio de 2026 para rechazar la existencia de una red de espionaje, argumentando que las conexiones del sistema datan de 2006 y que el ECU-911, como ente rector, jamás emitió alertas por uso indebido.
Cornejo sostuvo que las denuncias carecen de sustento técnico y aclaró que, aunque existe una indagación abierta, la Fiscalía General del Estado investiga una presunta asociación ilícita y no el delito de espionaje. Durante su comparecencia, se registraron incidentes por restricciones al uso de la palabra impuestas por la presidenta de la comisión, Inés Alarcón (ADN), quien limitó las respuestas de Cornejo a un “sí o no” ante las interrogantes de la oposición.
De su lado, en la capital, la fiscalización se concentra en la presunta contratación de exfuncionarios de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) para manejar el sistema de cámaras del Municipio de Quito. El ministro Reimberg señaló directamente que tras la instalación y operación de estos equipos estarían personas vinculadas a la desaparecida central de inteligencia.
Al respecto, la asambleísta Inés Alarcón defendió la necesidad de investigar estos nexos, afirmando que los sistemas de videovigilancia deben proteger a la ciudadanía y “no para perseguir ni espiar”. Por su parte, el bloque de la Revolución Ciudadana calificó este proceso como un “show” y una estrategia de persecución política contra el alcalde Pabel Muñoz.
Incremento patrimonial de autoridades locales
La Comisión de Gobiernos Autónomos investiga el incremento patrimonial de las autoridades locales. Este proceso busca determinar la existencia de presuntos aumentos injustificados en los bienes de alcaldes y prefectos en funciones.
La mesa legislativa, presidida por la asambleísta oficialista, Lucía Pozo, lidera las indagaciones. El impulso principal de esta medida provino del también oficialista Fernando Jaramillo, quien solicitó formalmente al Pleno que el análisis se centre en casos que ya están bajo la mirada de la Fiscalía.
Dentro de esta lista de autoridades bajo escrutinio destacan figuras de la oposición, tales como:
- Aquiles Alvarez: alcalde de Guayaquil, quien actualmente se encuentra bajo prisión preventiva en la Cárcel del Encuentro y enfrenta tres procesos penales. Recientemente el juez Jairo García dictó una nueva prisión preventiva con el burgomaestre y sus hermanos dentro del caso Goleada.
- Vicko Villacís: alcalde de Esmeraldas, cuyo patrimonio también fue para ser incluido en la investigación de la Comisión. Villacís también recibió prisión preventiva el 4 de junio dentro del caso Blindaje.
Desde el bloque de gobierno, el asambleísta Andrés Castillo (ADN) sostiene que, según la Constitución, la Asamblea tiene la competencia de fiscalizar a los funcionarios públicos, categoría en la que se incluyen tanto alcaldes como concejales al formar parte del Estado. Sin embargo, desde la Revolución Ciudadana, este proceso también está dirigido a desgastar a figuras políticas antes de los comicios en noviembre de 2026.
Gestión de servicios públicos y tasas municipales
Otro de los intentos de fiscalización surgió a raíz de una decisión unilateral del Ejecutivo en octubre de 2025, cuando el gobierno de Daniel Noboa eliminó el cobro de la Tasa de Recolección de Basura (TRB) de las planillas eléctricas. Esta medida, presentada bajo una promesa de “transparencia”, rompió convenios vigentes con 41 municipios. Para el caso de Quito, esto representó la pérdida de un flujo garantizado de USD 4 millones mensuales para el sistema de aseo.
Ante la crisis financiera, el Municipio de Quito trasladó el cobro a las planillas de agua potable mediante un sistema progresivo. Sin embargo, debido a que en la capital hay 1.2 millones de abonados eléctricos pero solo 700.000 de agua, la tasa se incrementó para al menos el 40% de los usuarios, generando un malestar ciudadano que el oficialismo capitalizó políticamente.
El 17 de junio de 2026, la Asamblea aprobó una resolución, impulsada por Xavier Ordóñez (ADN), para exhortar a los municipios a revisar sus metodologías de cálculo, calificando de “absurdo” el uso del consumo de agua como parámetro para la basura.
- Trolebuses eléctricos: el 23 de junio de 2026, el Legislativo aprobó un informe que cuestiona la transparencia en la compra de 60 trolebuses eléctricos para Quito, recomendando que la Contraloría y la Fiscalía inicien investigaciones.
- Subsidios al transporte: se investiga el destino de USD 23 millones asignados para la compensación a transportistas en la capital. Acción que también nación de la decisión gubernamental de eliminar los subisdios a los combustibles.
- Matriculación vehicular: existe un proceso para indagar la presunta emisión ilegal de matrículas en varios municipios, lo cual estaría presuntamente vinculado a actividades de delincuencia organizada.
Lo que la ley permite (y prohíbe) en la fiscalización a alcaldes
Aunque el bloque oficialista defiende su derecho a investigar, la Constitución de la República y el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) impiden que el control legislativo se convierta en una herramienta de destitución política contra autoridades locales.
¿Puede la Asamblea fiscalizar a los municipios?
La Constitución, en su artículo 120, otorga a la Asamblea la potestad de fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral, de Transparencia y Control Social, y otros órganos del poder público. Bajo este marco, los legisladores pueden requerir información a cualquier servidor público (incluidos autoridades locales), y estos tienen la obligación legal de responder.
Sin embargo, los alcaldes, prefectos, concejales y miembros de juntas parroquiales no constan en el listado constitucional de autoridades sujetas a un intento de control político por parte del Legislativo. Este listado se limita a ministros de Estado, autoridades de control (como el Fiscal o el Contralor) y vocales de consejos nacionales.
Por tanto, la Asamblea puede investigar, pero no puede iniciar un juicio político contra un alcalde.
¿Puede la Asamblea destituir a un alcalde?
De acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, el Legislativo no posee la competencia para remover a un alcalde de su cargo ni ejercer control político directo sobre las autoridades municipales. El régimen de remoción de los alcaldes está regulado estrictamente por el Cootad, que señala lo siguiente:
- Órgano competente: el único ente con facultad para conocer y resolver tanto un proceso de remoción como de fiscalización es el Concejo Municipal de cada cantón.
- Requisitos: se requiere que la autoridad haya incurrido en causales legales específicas y que la moción cuente con el voto favorable de las dos terceras partes de los integrantes del concejo.
- Casos judiciales: incluso en situaciones de investigaciones penales o medidas como la prisión preventiva, la pérdida del cargo no es automática y el municipio debe operar bajo las reglas de subrogación legal.
Debido a estas limitaciones competenciales, los procesos de fiscalización que lleva adelante la Asamblea sobre los GAD no logran generar efectos políticos reales o vinculantes. Los informes aprobados en comisiones son meramente exhortativos o contienen recomendaciones.
El camino legal correcto, si los asambleístas hallan irregularidades, es remitir la información a la Fiscalía o a la Contraloría, instituciones que sí tienen la potestad de determinar responsabilidades penales o administrativas que podrían, eventualmente, derivar en la pérdida del cargo.
Radio Pichincha
LV
