La gobernadora Kathy Hochul ha dado un paso firme para modernizar la administración pública de Nueva York. A través de una orden ejecutiva, busca acabar con la burocracia densa y los procedimientos obsoletos que aún persisten en las agencias estatales, una herencia de épocas pasadas que genera frustración entre los ciudadanos.
En pleno 2026, resultan increíbles las leyes que obligan a utilizar tecnologías como el fax, el telégrafo o el correo postal para trámites oficiales. Incluso se exige que operadores de trenes a vapor notifiquen accidentes mediante telegrama, y cientos de documentos deben enviarse por fax o correo tradicional. La propia Hochul señaló que hay normas que requieren permisos especiales para que una mujer pueda trabajar hasta tarde, lo que refleja el atraso normativo.
La nueva orden ejecutiva tiene como objetivo identificar y eliminar regulaciones y procedimientos que entorpecen la eficiencia gubernamental, modernizando la administración y removiendo barreras. Hochul apuesta por una transformación que permita a Nueva York abandonar la imagen de ser un estado hostil para los negocios o poco amigable para quienes necesitan interactuar con el Estado.
La iniciativa forma parte del programa EXPRESS NY, que busca actualizar los procesos gubernamentales y responder a la demanda social de una gestión más ágil, transparente y cercana a los ciudadanos.
Para enfrentar este desafío, el estado decidió incorporar herramientas de inteligencia artificial (IA) como recurso central. La IA analizará aproximadamente 18 millones de palabras de leyes estatales, buscando referencias a tarifas, firmas, notarizaciones, fax, correo, telégrafo y otras tecnologías desfasadas. También identificará grupos de trabajo, consejos e informes obligatorios que ya no responden a las necesidades actuales.
El desarrollo de estas herramientas fue posible gracias a la colaboración con la organización de tecnología cívica Recoding America y la Universidad de Stanford. El profesor Daniel Ho, director del Laboratorio de Regulación, Evaluación y Gobernanza de Stanford, destacó a The New York Times que una fuente significativa de ineficiencia reside en los informes anuales obligatorios, muchos de los cuales se mantienen por inercia, aunque hayan perdido sentido o incluso sido declarados inconstitucionales décadas atrás. Por ejemplo, se sigue exigiendo un informe anual sobre la lucha contra maestros subversivos en las escuelas públicas, pese a que esa obligación fue invalidada en 1967.
La modernización contempla una revisión exhaustiva que combina capacidades tecnológicas y criterio humano especializado. En la primera etapa, la IA realiza un barrido masivo de la legislación y detecta artículos y cláusulas susceptibles de revisión. Posteriormente, expertos humanos de las agencias estatales examinan los resultados y determinan los cambios que propondrán formalmente. Además, el estado abrió la posibilidad de participación ciudadana, recibiendo más de 4.000 propuestas para la reforma normativa. Muchas de estas sugerencias subrayan el sinsentido de mantener tecnologías obsoletas, como las máquinas de fax.
Una vez analizadas las recomendaciones, los cambios que requieran aprobación legislativa serán incluidos en la agenda de la gobernadora para el siguiente período de sesiones, priorizando la actualización de los marcos regulatorios más urgentes.
Dentro de los principales puntos del mandato, la orden ejecutiva establece que todas las agencias bajo la autoridad del gobernador deben identificar y proponer la eliminación o reforma de procedimientos administrativos que generan demoras y costos innecesarios. Esto incluye la obligación de envíos postales, uso de fax, requerimiento de copias impresas, pagos por cheque, firma manuscrita o comunicaciones mediante tecnologías obsoletas, siempre que existan alternativas digitales seguras. Se impulsa la modernización de audiencias y reuniones, permitiendo formatos híbridos, y la reducción o sustitución de notarizaciones tradicionales, habilitando la autodeclaración bajo juramento o la notarización electrónica.
Otro eje central es la revisión de multas, tarifas y sanciones, para asegurar que sean proporcionales y no perjudiquen de manera desmedida a personas de bajos ingresos o pequeños negocios. Se contempla la posibilidad de reducir, eximir o postergar sanciones para infracciones no intencionales de primera vez, y de introducir períodos para corregir incumplimientos antes de aplicar penalidades.
Adicionalmente, se ordena la simplificación de los informes requeridos por ley, eliminando o consolidando aquellos redundantes o inútiles. Se revisará la vigencia de consejos, comisiones y otros órganos estatales, recomendando su disolución o reforma si ya no cumplen función activa.
La orden ejecutiva excluye expresamente a la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey y delimita su aplicación a entidades donde el gobernador tiene autoridad ejecutiva directa o de nombramiento, concentrando los cambios en las áreas donde el Poder Ejecutivo puede impulsarlos de forma más ágil.
Fuente: Infobae
