La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, en el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario, recibió a representantes de productores agrícolas, de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona y de la organización agrícola Propalma, quienes plantearon observaciones para mejorar el contenido de esta propuesta legal.
En este contexto, Juan López, en representación de los productores agrícolas de maíz, arroz y soya, recordó que la propuesta es fundamental para la soberanía alimentaria. Asimismo, observó que se puede avanzar en una reforma legal que promueva una agricultura sostenible, siempre que, por otro lado, no se adopten decisiones que afecten al sector productivo.
Subrayó que, entre las principales preocupaciones de los productores, están la regularización de los jornaleros, a fin de garantizar su derecho a la seguridad social; la protección de las fuentes de agua subterránea, así como de otros recursos estratégicos; la inclusión de la regulación de los contratos de arrendamiento de tierras, con costos acordes a las necesidades del sector productivo; y el establecimiento de precios mínimos de sustentación para los productos agrícolas.
Entre tanto, Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, destacó que, al inicio del tratamiento de este proyecto, hubo alertas que permitieron la unidad del sector para trabajar en una reforma que beneficie al país. “Hoy vemos con satisfacción que ha habido mejoras en el texto que analiza la comisión”, dijo.
Sin embargo, reiteró que la normativa debe migrar de un enfoque regulatorio hacia una ley que permita fomentar, incentivar y mejorar la producción agrícola y pecuaria. En este sentido, señaló que se requiere contar con dos elementos fundamentales: por un lado, la investigación científica que permita potenciar las capacidades productivas, acompañada de una efectiva capacitación al productor; y, por otro, la existencia de fuentes de financiamiento, con créditos preferenciales para los pequeños y medianos agricultores.
Finalmente, Óscar Calahorrano, presidente ejecutivo de Propalma, gremio que representa a los actores de la cadena productiva del aceite de palma, destacó que la ley vigente data de 1979 y, por consiguiente, ya no responde a la realidad que vive el sector productivo. De ahí la necesidad de introducir normas que actualicen el marco jurídico aplicable al sector agrícola.
Entre otros aspectos, indicó que no existen herramientas para potenciar la asociatividad en el sector agrícola, mecanismo que permite impulsar el desarrollo del campo. “Podemos construir consensos y trabajar en conjunto en un marco legal moderno para proyectar al Ecuador hacia una agricultura del futuro”, concluyó.
EG
