El Consejo de la Judicatura (CJ) reforzó el concurso para la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) con un reglamento que incorpora nuevos mecanismos de control y un procedimiento secuencial destinado a evitar las observaciones que provocaron la nulidad del proceso anterior.
La resolución fue aprobada por el Pleno el 3 de julio de 2026 y constituye el punto de partida para renovar parcialmente el máximo tribunal del país durante el primer trimestre de 2027.
El reglamento dispone que las metodologías, protocolos y procedimientos complementarios necesarios para el desarrollo del concurso público deberán elaborarse en un plazo máximo de 30 días, contados desde la entrada en vigencia de la normativa.
Además, establece un procedimiento con controles técnicos en cada una de las etapas y dispone que todas las actuaciones se notificarán a través de la página web institucional y del correo electrónico registrado por cada postulante, con el fin de centralizar el seguimiento de las distintas fases y subfases del proceso.
Uno de los cambios más relevantes es la incorporación del principio de preclusión.
Esto significa que ninguna fase podrá avanzar mientras la anterior no haya concluido de manera definitiva mediante la aprobación del correspondiente informe técnico por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura. Con ello, el organismo busca impedir que existan etapas abiertas de manera simultánea o modificaciones posteriores sobre actuaciones ya concluidas.
El reglamento también incorpora una inducción virtual obligatoria de tres días para todos los aspirantes antes de iniciar las postulaciones y fija un sistema automatizado para el registro de candidaturas.
La plataforma permanecerá habilitada únicamente durante el tiempo previsto en la convocatoria y, una vez vencido, se cerrará de forma automática, sin posibilidad de admitir nuevas postulaciones o completar trámites pendientes.
Cuestionamientos al concurso anterior motivaron ajustes
El nuevo diseño del concurso aparece luego de los cuestionamientos que marcaron el anterior proceso de selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia.
Durante la administración de Wilman Terán, el Consejo de la Judicatura impulsó un concurso que posteriormente fue objeto de observaciones relacionadas con la aplicación de las pruebas de confianza.
El 26 de agosto de 2024, el Pleno declaró la nulidad parcial del concurso y dejó sin efecto las etapas desarrolladas a partir de esa evaluación. La resolución ordenó repetir la prueba de confianza, la prueba escrita y la recalificación de los postulantes.
Además, dispuso solicitar un examen especial a la Contraloría General del Estado para revisar las actuaciones desarrolladas durante esa fase.
Posteriormente, la Contraloría analizó la contratación de la empresa Métricas-Web SAS, encargada del desarrollo del aplicativo utilizado para las pruebas de confianza.
El organismo de control identificó observaciones relacionadas con la contratación mediante ínfima cuantía, entre ellas deficiencias en los términos de referencia, informes incompletos y la falta de especificaciones técnicas sobre la herramienta informática empleada en las evaluaciones.
Las pruebas de confianza
Las pruebas de confianza también derivaron en la descalificación de 35 postulantes, incluidos jueces que figuraban entre los mejores puntuados en la etapa de méritos. Sin embargo, las observaciones no concluyeron allí.
Tras nuevas denuncias sobre presuntas irregularidades, el 21 de noviembre de 2024 el Consejo de la Judicatura resolvió declarar la nulidad total insanable del concurso para la selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional.
Ese antecedente explica por qué el nuevo reglamento dedica una fase específica al examen de confianza y remite su aplicación a los alcances fijados por la Resolución 06-2026 emitida el 19 de mayo de 2026 por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia.
En esa resolución se aclaró la naturaleza jurídica, los límites y el alcance de esta evaluación con el objetivo de otorgar credibilidad y seguridad jurídica al procedimiento previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial.
Reorganización interna de la Corte
Mientras se elaboraba el nuevo reglamento, la administración encabezada por Mercedes Caicedo comenzó una reorganización interna de la Corte Nacional.
El 23 de junio de 2026, el Pleno del Consejo de la Judicatura dio por terminadas las designaciones temporales de los conjueces Lauro Javier de la Cadena Correa y Pablo Loayza Ortega, quienes retornaron a sus cargos de origen en las cortes provinciales.
En el caso de De la Cadena, la decisión se sustentó en informes técnicos elaborados por distintas dependencias de la Judicatura.
La Dirección Nacional de Talento Humano analizó la terminación de su encargo temporal, mientras que la Dirección Nacional de Innovación determinó que la Corte Provincial de Imbabura requería reforzar sus salas Civil y Penal debido a la carga procesal existente.
El informe también señaló que el conjuez no mantenía procesos disciplinarios, sanciones ni causas pendientes que impidieran su retorno.
La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, explicó durante esa sesión que la decisión respondía a una necesidad institucional, al considerar que el funcionario cumplía funciones en la Corte Nacional desde 2019 y que su presencia era requerida nuevamente en Imbabura para fortalecer la administración de justicia en esa provincia. Una medida similar también se adoptó respecto de Pablo Loayza Ortega.
Aprobaron el reglamento
Paralelamente, el Consejo avanzó en la aprobación del reglamento que regirá el nuevo concurso. El documento fue elaborado por la Dirección Nacional de Talento Humano, remitido mediante informe técnico a la Dirección General y posteriormente conocido por el Pleno junto con los informes jurídico y técnico emitidos por las áreas competentes antes de su aprobación definitiva.
El reglamento organiza el concurso en ocho fases obligatorias: convocatoria; postulación; méritos; examen de confianza; evaluación psicológica; impugnación ciudadana; oposición, y audiencia pública.
Varias de estas etapas contienen subfases destinadas a la verificación de requisitos, reconsideraciones, recalificaciones y controles antes de avanzar al siguiente momento del proceso.
Para la evaluación de méritos se asignarán hasta 50 puntos distribuidos entre formación académica, experiencia profesional, capacitación y publicaciones.
Los otros 50 puntos corresponderán a la fase de oposición, integrada por una prueba teórica y una prueba práctica. Solo quienes obtengan al menos 80 puntos entre ambas etapas podrán acceder a las fases finales del concurso.
1.000 preguntas para estudiar
La prueba teórica contará con un banco de 1.000 preguntas por cada especialidad de la Corte Nacional, mientras que la prueba práctica se desarrollará mediante un banco de cinco casos para cada sala especializada.
Los postulantes dispondrán de 30 minutos para analizar el caso asignado por sorteo y otros 30 minutos para realizar una sustentación oral ante un Comité de Expertos, que calificará el desempeño mediante una rúbrica previamente establecida.
Otra de las novedades es la conformación de comités y comisiones especializadas. El reglamento dispone que cada uno estará integrado por al menos 18 profesionales titulares distribuidos entre las distintas materias de la Corte Nacional, con un mínimo de tres expertos por cada sala especializada y sus respectivos suplentes.
Además, se crean comisiones diferenciadas para la calificación y la recalificación de las distintas etapas del concurso.
Una audiencia pública
La audiencia pública constituye la última fase del proceso y no otorgará puntuación. Los postulantes deberán exponer, durante un máximo de 15 minutos, las razones que motivan su aspiración a integrar la Corte Nacional, su experiencia profesional y su visión sobre la administración de justicia.
Los asistentes únicamente podrán presenciar la exposición, sin formular preguntas ni intervenir durante el acto, concebido como un mecanismo de transparencia y control social.
El concurso tiene como objetivo cubrir las vacantes de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia que se generen por la renovación parcial de uno de los tercios de sus magistrados, conforme al artículo 182 de la Constitución, que establece que los jueces nacionales ejercen funciones durante nueve años y deben renovarse por tercios cada tres años.
Además, el proceso permitirá cubrir las vacantes que se produzcan por remociones, destituciones, renuncias, fallecimientos u otras causas, a fin de completar los períodos para los que fueron designados sus titulares. La Judicatura prevé concluir el concurso durante el primer trimestre de 2027, cuando también vencerán los períodos de varios jueces titulares.
La renovación de la Corte Nacional
Aunque la Constitución dispone que la Corte Nacional de Justicia debe estar integrada por 21 jueces, actualmente el máximo tribunal cuenta con apenas 10 magistrados titulares, menos de la mitad de los previstos en la norma.
A ese déficit se suma la proximidad de una nueva renovación parcial, por lo que el concurso impulsado por el Consejo de la Judicatura busca evitar que la integración de la Corte se reduzca aún más durante el primer trimestre de 2027.
Seis jueces concluirán su período en 2027
El 26 de enero de 2027 concluirán el período para el que fueron designados el presidente encargado de la Corte Nacional, Marco Xavier Rodríguez Ruiz; la jueza Daniella Lisette Camacho Herold, quien actualmente participa en el concurso para Fiscal General del Estado; así como las juezas Katerine Betty Muñoz Subía y María Consuelo Heredia Yerovi.
A ese grupo se sumarán el 3 de febrero de 2027 la jueza Gilda Rosana Morales Ordóñez y el juez Felipe Esteban Córdova Ochoa, quienes también finalizarán el período para el que fueron designados.
Además, el 20 de marzo de 2027 vencerá el nombramiento de Patricio Adolfo Secaira Durango como conjuez titular. Desde el 19 de febrero de 2021 ejerce funciones como juez encargado de la Corte Nacional, por lo que su situación también formaría parte de la reorganización prevista para el máximo tribunal.
La reestructuración de la Corte Nacional comenzó antes de la expedición del reglamento que regirá el nuevo concurso.
En junio de 2026, la administración de Mercedes Caicedo dio por terminadas las designaciones temporales de los conjueces Javier de la Cadena y Pablo Loayza, quienes retornaron a las cortes provinciales de Imbabura y El Oro, respectivamente.
Urgen jueces titulares
La decisión se produjo semanas antes de que el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobara el reglamento para el proceso de selección con el que se prevé iniciar la renovación parcial de la Corte Nacional en 2027.
Para el abogado Paúl Ocaña, la expedición del reglamento constituye un paso necesario para avanzar en la designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. A su criterio, la normativa incorpora mecanismos de control orientados a evitar las irregularidades que derivaron en la nulidad de los dos concursos anteriores y recoge observaciones formuladas por distintos gremios profesionales.
Entre los aspectos que destacó figura el fortalecimiento de la verificación de la probidad patrimonial de los postulantes, como parte del examen de confianza, con el fin de evaluar la transparencia e integridad de quienes aspiran a integrar el máximo tribunal de justicia.
Orden de prelación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia
- Marco Xavier Rodríguez Ruiz Presidente encargado encargado
- Alejandro Magno Arteaga García Presidente subrogante encargado
- José Dionicio Suing Nagua Juez titular
- Daniella Lisette Camacho Herold Jueza titular
- Katerine Betty Muñoz Subía Jueza titular
- María Consuelo Heredia Yerovi Jueza titular
- Milton Enrique Velásquez Díaz Juez titular
- Enma Teresita Tapia Rivera Jueza titular
- Gilda Rosana Morales Ordóñez Jueza titular
- Felipe Esteban Córdova Ochoa Juez titular
- Gustavo Adolfo Durango Vela (e) Juez encargado
- Patricio Adolfo Secaira Durango (e) Juez encargado
- Luis Adrián Rojas Calle (e) Juez encargado
- Hipatia Susana Ortiz Vargas (e) Jueza encargada
- Lauro Javier de la Cadena Correa (e) Juez encargado (regresó a Imbabura)
- Julio César Inga Yanza (e) Juez encargado
- Rita Annabel Bravo Quijano (e) Jueza encargada
- Manuel Enrique Cabrera Esquivel Juez encargado
- Pablo Fernando Loayza Ortega Juez encargado (regresó a El Oro)
- Ximena del Rocío Velasteguí Ayala Jueza encargada
- Marco Boris Aguirre Torres Juez encargado
Hasta el cierre de este reportaje, permanecía pendiente la respuesta de la Corte Nacional de Justicia al pedido de información formulado.
Radio Pichincha
LV
