El devastador aluvión registrado en la parroquia Guadalupe, del cantón Zamora, en Zamora Chinchipe, no solo dejó un saldo de víctimas, desaparecidos y cientos de personas afectadas.
También volvió a poner sobre la mesa una pregunta que Ecuador enfrenta cada vez que ocurren desastres naturales: ¿el país realmente está preparado para afrontar un evento climático de gran magnitud como el fenómeno de El Niño?
La respuesta no es sencilla. Sobre el papel, el Estado sí había identificado que Zamora Chinchipe era una de las provincias con mayor nivel de riesgo.
Sin embargo, los hechos muestran que entre las alertas emitidas y las acciones de prevención todavía existe una brecha que terminó costando vidas.
Zamora ya estaba en alerta antes del desastre
El 20 de febrero de 2026, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos actualizó el mapa nacional de alertas por la temporada invernal mediante la Resolución SNGR-036-2026.
En ese documento, Zamora Chinchipe se mantuvo en alerta naranja debido a su alta recurrencia histórica de crecidas de ríos y deslizamientos, así como por el impacto previo sobre población e infraestructura.
La resolución señala que la provincia presentaba:
- Alta recurrencia histórica de crecidas y deslizamientos.
- Afectaciones a población e infraestructura.
- Destrucción de puentes.
- Pronóstico de lluvias persistentes.
Además, el informe técnico recomendaba mantener activos los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) provinciales y cantonales, ejecutar planes de contingencia, fortalecer la vigilancia hidrometeorológica y coordinar evacuaciones preventivas en zonas vulnerables.
Es decir, el riesgo estaba plenamente identificado cinco meses antes del aluvión.
Las obligaciones que imponía la alerta
La resolución no se limitaba a cambiar el color del mapa.
Para el experto en gestión de riesgos, Vladimir Cuaspud, la resolución ratificó la obligación de que los gobiernos provinciales y cantonales fortalecieran su capacidad de respuesta, mantuvieran operativos los COE, actualizaran planes de contingencia, identificaran brechas de recursos, coordinaran con el Ministerio de Transporte el despliegue de maquinaria y reforzaran el monitoreo permanente de ríos y quebradas.
Sin embargo, el desbordamiento del río Kantzama sorprendió a la población con consecuencias devastadoras.
Las intensas lluvias fueron el detonante inmediato del aluvión.
Días antes, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) había advertido sobre precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en gran parte de la Amazonía entre el 1 y el 4 de julio de 2026, con posibilidad de desbordamientos de ríos, tormentas eléctricas y acumulación de agua.
Pero especialistas consultados consideran que el desastre no puede atribuirse únicamente a la lluvia.
Un experto en el tema, sostuvo que el problema también responde a la transformación del sistema natural de los ríos producto de la minería aluvial.
Explica que los ríos poseen una planicie de inundación que funciona como un espacio natural para disipar las crecidas. Cuando esa zona es modificada por actividades extractivas, el cauce pierde capacidad para absorber el incremento del caudal y el agua termina desplazándose de forma violenta hacia sectores poblados.
Por ello considera que el debate no debe centrarse únicamente en la gestión de riesgos, sino también en el control de las actividades mineras que modifican el comportamiento de las cuencas hidrográficas.
Además, según informes preliminares del Bloque de Seguridad, las actividades de minería ilegal en la zona baja de la parroquia Guadalupe alteraron el cauce natural del río, que sería la causa principal de los efectos del aluvión.
Cabe señalar que la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) recién movilizó equipos técnicos para inspeccionar la zona afectada y verificar la posible existencia de minería ilegal.
Es decir, las acciones de control se iniciaron después del aluvión, pese a que Zamora Chinchipe es ampliamente conocida por su intensa actividad minera y los riesgos asociados a la minería aluvial.
El caso de Zamora también evidencia otra dificultad: emitir una alerta no garantiza que exista una evacuación preventiva efectiva.
Aunque la provincia permanecía bajo alerta naranja desde febrero, el desastre dejó viviendas destruidas, personas desaparecidas y comunidades aisladas.
Para Cuaspud, esto demuestra que los mecanismos de preparación todavía presentan importantes debilidades.
Entre ellas menciona:
- Infraestructura vial altamente vulnerable que colapsa con cada temporada invernal.
- Escaso control sobre actividades que incrementan el riesgo, como la minería en zonas de cauces.
- Limitada capacidad técnica y presupuestaria de varios gobiernos locales para ejecutar obras preventivas.
- Sistemas de alerta temprana que todavía no logran traducirse en evacuaciones oportunas.
¿Y si llega El Niño?
La preocupación aumenta porque el país podría enfrentar un escenario aún más complejo en los próximos meses.
Existe una probabilidad de hasta el 82% de que el fenómeno de El Niño se consolide antes de finalizar el año, lo que incrementaría significativamente el riesgo de inundaciones, deslizamientos y pérdidas económicas.
En ese contexto, el episodio ocurrido en Zamora aparece como una advertencia.
Aunque el Estado contaba con información técnica, alertas oficiales y protocolos establecidos, la magnitud de la tragedia demuestra que la prevención todavía no alcanza el mismo nivel que la respuesta de emergencia.
Las labores de rescate, la movilización del Bloque de Seguridad y la asistencia humanitaria llegaron después del desastre.
El desafío, coinciden expertos, será convertir las alertas en acciones concretas que permitan reducir el impacto antes de que ocurra la siguiente emergencia.
Porque si un evento de lluvias intensas pudo generar este nivel de destrucción en una provincia que ya estaba bajo alerta naranja, la verdadera prueba para el país llegará cuando el fenómeno de El Niño alcance su máxima intensidad.
Radio Pichincha
LV
