El gobierno solo mira lo positivo en el mercado laboral ecuatoriano.
Por un lado, el Gobierno de Daniel Noboa difunde con entusiasmo cifras de nuevos empleos durante el primer semestre de 2026, lo que sugiere una reactivación en el mercado laboral, pero, por otro lado, se olvida de que las desvinculaciones (despidos) van casi a la par en ese periodo de tiempo.
El Ministerio del Trabajo ha posicionado el primer semestre de 2026 como un periodo de “fortalecimiento de la empleabilidad”.
Según los registros del Sistema Único de Trabajo (SUT), entre enero y junio de 2026 se contabilizaron 384.773 nuevos contratos laborales vigentes.
La ministra del Trabajo, Cynthia Gellibert, defiende estas políticas indicando que “un empleo formal representa crecimiento, independencia económica, seguridad social y bienestar para sus familias“.
Sin embargo, esta fotografía de “nuevos contratos” es solo una cara de la moneda.
Para comprender la realidad del mercado laboral, es imperativo contrastar las cifras de los nuevos contratos con los despidos (actas de finiquito).
Mientras el Gobierno celebra los más de 384 mil nuevos contratos (empleos), los datos de las actas de finiquito legalizadas en el mismo periodo alcanzan una cifra de 367.890 despidos, según el Ministerio del Trabajo.
Para dimensionar las cifras, eso significa que en promedio, Ecuador registró más de 2.125 nuevas contrataciones diarias, pero al mismo tiempo se legalizaron más de 2.032 actas de finiquito cada día.
La diferencia entre estos dos indicadores revela que, en términos reales, apenas se crearon 16.883 empleos netos en todo el semestre, el equivalente a 93 nuevos empleos diarios en todo el país. Esta cifra resulta ínfima para las necesidades de un país con una Población Económicamente Activa (PEA) de 8,9 millones de personas.
Aunque el saldo es positivo, el crecimiento es insuficiente para cerrar las brechas estructurales.
Un semestre inestable
La evolución mensual de 2026 muestra un mercado que “respira” con dificultad. En enero, el año comenzó con un déficit: se registraron 65.494 contratos frente a 79.617 finiquitos. Esta tendencia de desvinculaciones superando a las contrataciones se mantuvo en febrero (50.526 contratos vs. 70.952 finiquitos) y marzo (60.661 vs. 71.164).
El punto de inflexión se observa a partir de mayo, mes en el que las contrataciones (74.425) superaron a los finiquitos (59.384).
No obstante, el dato que permite cerrar el semestre con un saldo positivo es el reporte de junio, donde las actas de finiquito cayeron drásticamente a 20.810, mientras que los contratos se mantuvieron en 66.059.
¿Por qué se van los trabajadores? Los motivos detrás de las actas de finiquito legalizadas ofrecen pistas sobre la naturaleza de estas rupturas laborales. La razón predominante es el “acuerdo de las partes“, con 237.323 casos, una figura que a menudo encubre despidos negociados para evitar litigios.
Le siguen la conclusión de la obra o periodo de labor (42.963) y la terminación dentro del periodo de prueba (27.313).
Los despidos intempestivos declarados como tales sumaron 16.887 casos en el semestre. El despido intempestivo es la terminación unilateral, abrupta e injustificada de la relación laboral por parte del empleador, sin cumplir con las causales legales ni el procedimiento adecuado. Al dejar al trabajador en el desempleo, la ley obliga a la empresa a pagar una indemnización económica.
Geográficamente, la inestabilidad se concentra en Guayas, con 120.226 finiquitos, seguida por Pichincha con 111.964.
El diagnóstico del INEC: calidad frente a cantidad
Las cifras actualizadas de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) a mayo de 2026, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), matizan el optimismo gubernamental.
Aunque la tasa de desempleo nacional se ubicó en un bajo 3,1% (frente al 4,1% de mayo de 2025), el boletín técnico advierte un deterioro en la calidad del empleo.
El empleo adecuado o pleno, aquel que cumple con la jornada legal y el salario básico, se situó en el 36,6% a nivel nacional.
Por el contrario, el “otro empleo no pleno” creció hasta alcanzar el 32,1%.
Según el INEC, esta categoría incluye a personas que perciben ingresos inferiores al salario básico unificado y/o trabajan menos de la jornada legal, pero que no buscan ni están disponibles para laborar más horas.
Además, el empleo no remunerado también registró un ligero incremento, llegando al 9,7%. Este grupo lo integran personas que realizan actividades productivas sin recibir ingresos, como trabajadores del hogar o ayudantes familiares.
La informalidad
El dato más contundente sobre la realidad laboral ecuatoriana es la persistencia de la informalidad.
Según el INEC, en mayo de 2026, el 52,8% de las personas con empleo se encontraban en el sector informal. El INEC define operativamente este sector como el conjunto de personas que trabajan en unidades productivas de menos de 100 trabajadores que no tienen Registro Único de Contribuyentes (RUC).
Sin embargo, análisis de expertos sugieren que si se define la informalidad por la falta de afiliación a la seguridad social, la cifra asciende al 74% del empleo total. Esta realidad afecta de manera desproporcionada a los más vulnerables: el 87% de los jóvenes que tienen algún tipo de empleo trabajan en la informalidad.
Expertos señalan que la informalidad no es solo un síntoma, sino una causa del bajo crecimiento del país.
Investigaciones académicas como la tesis de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) titulada “Análisis de la relación entre economía informal y la tasa de crecimiento del PIB per cápita real” señalan que “un punto porcentual adicional de informalidad reduce el crecimiento del PIB per cápita en 0,3 puntos en el corto plazo”.
Así, la creación neta de apenas 16 mil empleos en seis meses es una cifra menor ante una economía donde más de la mitad de los trabajadores sobrevive en la informalidad y donde el empleo adecuado se estanca.
Radio Pichincha
LV
