Apenas habían transcurrido poco más de cien días desde el golpe cívico-militar que derrocó a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón, y el plan de represión ilegal de la dictadura ya operaba a pleno. En la mañana del 6 de julio de 1976, el director del penal de Villa Las Rosas, en la provincia de Salta, Braulio Pérez, fue citado en el despacho del jefe de la guarnición militar, el coronel Carlos Alberto Mulhall. Allí recibió una orden directa: el militar le informó que esa tarde se realizaría un traslado de presos, sin precisarle ni la cantidad ni la identidad de los detenidos. Simplemente le ordenó seguir las instrucciones del oficial a cargo del operativo.
Julio de 1976 fue un mes determinante para la profundización del exterminio de la disidencia política, social y gremial. Dos días antes de que Mulhall convocara a Pérez, un grupo de tareas había irrumpido en la Iglesia de San Patricio, en el barrio porteño de Belgrano, y asesinado a balazos a tres curas y dos seminaristas vinculados al Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo. Esa masacre, que en su momento se quiso presentar como una operación de elementos subversivos, fue en realidad un acto de venganza por un atentado explosivo ocurrido el 2 de julio en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, que dejó un saldo de 23 muertos.
Por entonces, el jefe de la Policía Federal, el general Arturo Corbetta, se negaba a que la fuerza participara en la represión ilegal y exigía que se actuara con el Código Penal en la mano. Tras la masacre de los curas palotinos, Corbetta no solo mantuvo su postura, sino que desplazó a dos jefes policiales sospechosos de haber liberado la zona para que el grupo de tareas actuara sin obstáculos. Poco después, Corbetta fue reemplazado por el general Edmundo Ojeda, quien estaba dispuesto a actuar sin restricciones. El traslado de presos del penal de Villa Las Rosas se produjo el mismo día de ese reemplazo y fue interpretado como otra represalia por el atentado contra la Superintendencia de Seguridad Federal.
Once condenados
A las 19:45 del 6 de julio, cuando ya había oscurecido, un grupo de militares llegó al penal bajo el mando del capitán Hugo Espeche. Espeche entregó a Pérez una orden escrita y la lista de los detenidos que debía trasladar. Los uniformados eran oficiales del Ejército, pero no llevaban insignias que permitieran identificar sus grados. Salvo Espeche, era imposible saber quiénes eran, ya que se llamaban entre sí por apodos, una práctica común entre los grupos de tareas para ocultar sus identidades.
Aunque no portaba insignias, era evidente que Espeche daba las órdenes a todos, incluido el director de la cárcel. Le indicó que retirara a todos los penitenciarios encargados del control de acceso, excepto a los guardias de los muros, y que apagara todas las luces del lugar, salvo las del pabellón donde estaban los presos que serían trasladados.
Luego, entregó una lista con once nombres, los de los hombres y mujeres que se llevarían: Celia Raquel Leonard de Ávila, Evangelina Botta de Nicolai, María Amaru Luque de Usinger, María del Carmen Alonso de Fernández, Georgina Graciela Droz, Benjamín Leonardo Ávila, Pablo Ouetes Saravia, José Ricardo Povolo, Roberto Luis Oglietti, Rodolfo Pedro Ussinger y Alberto Simón Zavarnsky.
Minutos después, los sacaron de las celdas uno tras otro, con solo la ropa que llevaban puesta. A Celia Leonard de Ávila le quitaron a su hijo de meses de los brazos y se lo entregaron a su hermana Nora, también presa en el penal. En la oscuridad, los empujaron por los pasillos hasta el patio, donde los subieron a un camión con el motor ya encendido. El vehículo salió del penal y se internó en la noche rumbo al lugar elegido para terminar el operativo, que no era un simple traslado de una cárcel a otra.
Ejecuciones a sangre fría
Simultáneamente, a pocos kilómetros del penal, otro grupo de uniformados realizaba un control de vehículos en la ruta que une Güemes con la capital provincial. En realidad, necesitaban robar autos para montar una escena que encubriera un asesinato en masa.
Eligieron los vehículos casi al azar. Primero detuvieron un Torino conducido por Héctor Mendilaharzu, y luego una camioneta Ford F-100 donde viajaban Martín Julio González y su hermano. En ambos casos, los hicieron bajar y, apuntándoles con armas largas, les dijeron que eran un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y que necesitaban los vehículos para un rescate. Los ataron, amordazaron y llevaron a un monte cercano, donde estuvieron custodiados durante unas dos horas hasta que los liberaron. Los tres corrieron a campo traviesa, aterrorizados, sin mirar atrás.
Poco después, el convoy que trasladaba a los detenidos y los dos vehículos supuestamente secuestrados por el ERP confluyeron en el paraje Palomitas, sobre la ruta 34, a unos 25 kilómetros de Güemes. Todo estaba listo para montar la escena: los fusilamientos a sangre fría de once personas, disfrazados de muertes en un enfrentamiento entre militares y subversivos que intentaban rescatar a los presos.
La mañana del 7 de julio, por aviso de un transeúnte, el Torino y la F-100 fueron encontrados a la vera del camino. Había cápsulas servidas por todas partes. Las carrocerías presentaban múltiples impactos de bala y manchas de sangre. En uno de los asientos de la F-100 se hallaron restos de masa encefálica y una falange.
Un falso enfrentamiento
A primera hora de la tarde, un comunicado de la Guarnición Militar Salta informó sobre un enfrentamiento con fuerzas subversivas que habrían intentado rescatar a los detenidos durante el traslado. Era un discurso que comenzaba a repetirse y que pronto se convertiría en una sangrienta caricatura: todos los subversivos morían en combate, mientras que, llamativamente, nunca se registraban bajas entre las fuerzas legales. Así se encubrían las ejecuciones bajo la apariencia de enfrentamientos.
Eso fue la Masacre de Palomitas, como se la denominó de inmediato. Las investigaciones posteriores demostraron que ninguno de los militares que participaron en el supuesto enfrentamiento había sufrido heridas, y que ninguno de los vehículos del convoy de traslado presentaba impactos de bala. En cuanto a los supuestos integrantes del comando del ERP que secuestraron las camionetas, nunca se supo más de ellos. Los únicos cadáveres encontrados fueron los de los presos que supuestamente iban a ser trasladados.
Los cuerpos de las víctimas fueron apareciendo gradualmente en distintos lugares, tras denuncias de testigos que presenciaron entierros de cuerpos humanos llevados en bolsas a cementerios de Salta, Jujuy y Tucumán. Las autopsias revelaron que todas las víctimas habían sido golpeadas salvajemente y ejecutadas con disparos realizados de arriba hacia abajo, es decir, cuando estaban arrodilladas.
Los restos de dos de las cinco mujeres fusiladas —Georgina Graciela Droz y Evangelina Botta de Nicolai— aún no han sido encontrados. La maniobra de ocultamiento se completó con certificados de defunción firmados por un médico llamado Quintín Orué, un nombre que no figura ni figuraba en los registros profesionales de Argentina.
Décadas de impunidad
La Masacre de Palomitas fue uno de los hechos presentados como prueba en la Causa 13/84, el Juicio a las Juntas Militares. Sin embargo, para que se avanzara contra algunos de los responsables locales hubo que esperar mucho más. La primera condena llegó recién en 2010. Ese año, Mulhall, Gentil y Espeche fueron sentenciados a reclusión perpetua.
La segunda sentencia se dictó al año siguiente, en el juicio conocido como Palomitas II, donde fueron condenados a prisión perpetua el exjefe del III Cuerpo del Ejército con base en Córdoba, Luciano Benjamín Menéndez, y el ex director de Seguridad de la Policía de Salta, Joaquín Guil. El ex federal y ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray recibió una pena de 20 años de prisión.
Tras esas dos sentencias, se inició otra investigación, Palomitas III, donde quedaron imputados el ex jefe de Logística del Regimiento 5º de Caballería, Luis Dubois; los ex guardiacárceles Napoleón Soberón, Vicente Agustín Puppi, Víctor Manuel Rodríguez, Juan Salvador Sanguino; y los militares Joaquín Cornejo Alemán y Ricardo Benjamín Isidro de la Vega, subjefe del Ejército en Salta el primero y jefe de Personal el segundo. El proceso aún se encuentra en etapa de investigación penal preparatoria, a la espera de la elevación a debate oral.
Desde 2017, el lugar donde fueron asesinadas las once víctimas de la Masacre de Palomitas está señalizado como Sitio de la Memoria.
Carta de una sobreviviente
Los presos del penal de Villa Las Rosas sabían que los iban a asesinar. En 2006, al cumplirse 30 años de la masacre, Graciela López, quien estaba detenida allí la noche del 6 de julio de 1976, escribió una carta estremecedora relatando los hechos:
Quiero compartir con ustedes el volver a sentir el vacío que la tragedia ha dejado en nuestras vidas: la Masacre de Palomitas con nuestras ex compañeras de prisión en Salta. Treinta años, sí 30, ese es el tiempo que ha transcurrido desde aquella noche de invierno en que sacaron a nuestras compañeras del pabellón donde yo estaba con ellas. Esa imagen recortada que conservo, donde primero escuchamos el pisar fuerte de abotinados, luego el ruido metálico de cadenas o esposas y las voces duras que gritaron uno a uno el nombre de nuestras compañeras, y ellas, en medio del silencio que anticipaba la tragedia, salieron preguntando a dónde iban. Así, con lo que llevaban puesto dentro del pabellón, sin más abrigo para protegerse del frío exterior desaparecieron ante nuestras miradas impotentes y nuestras preguntas, que quedaron sin respuesta ¿Adónde las llevan? ¿Por qué se las llevan? ¿Cuándo regresan? Traslado… traslado… traslado fue lo que escuchamos al día siguiente. Todas, absolutamente todas, sabíamos lo que eso quería decir: MUERTE.
También relató cómo supieron que los iban a matar: Días antes Braulio Pérez, entonces director de la cárcel, acompañado de su hijo y otros carceleros, en una de sus habituales visitas a nuestro pabellón nos había dicho mientras sonreía cínicamente: los militares vienen quinteando. ¿Y qué quiere decir eso?, le preguntamos, y respondió con otra sonrisa: uno, dos, tres, cuatro, cinco… al paredón… Ese paredón fue el de Palomitas. Al día siguiente lo confirmamos. Había dentro del penal algunos empleados sensibles, gente que aún no se había deshumanizado y que no querían avalar el crimen. Ellos rompieron el silencio. Conocimos detalles, de cómo los sacaron, de cómo los obligaron a salir del vehículo para simular un intento de fuga, de cómo fueron cayendo uno a uno entre ráfagas de ametralladoras que rompían el silencio de la noche, cuenta en la carta.
Fuente: Infobae
