Miles de niñas, niños y adolescentes permanecen durante años en instituciones de acogida mientras esperan acceder a una familia. Esta realidad ha reabierto el debate sobre si el sistema de adopciones en Ecuador garantiza efectivamente su derecho a crecer en un entorno familiar o si los trámites terminan prolongando su institucionalización.
La discusión cobró fuerza durante el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Agilización Judicial para la Adopción. En la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, especialistas señalaron que los mayores obstáculos se concentran en las etapas judiciales previas a la declaratoria de adoptabilidad.
Ricardo Viera, exjuez de Familia, Niñez y Adolescencia, sostuvo que el Estado mantiene una deuda histórica con miles de menores que continúan esperando una familia.
La Asamblea analiza mecanismos para acelerar las adopciones
Ante este escenario, este Diario consultó a integrantes de la Comisión de Transparencia para conocer cómo la Asamblea busca acelerar las adopciones sin afectar la protección de los menores.
El único legislador que respondió fue Jorge Chamba, quien detalló los alcances de la propuesta. Además, se recogieron los testimonios de una familia adoptante y de un especialista para contrastar perspectivas sobre la problemática.
La reforma busca reducir los tiempos para que niñas, niños y adolescentes accedan a una familia.
Propuesta plantea reducir tiempos y establecer sanciones
Chamba sostuvo que el principal cuello de botella de las adopciones se encuentra en la justicia y no en el MIES. Explicó que la propuesta plantea una audiencia única simplificada, plazos máximos para jueces y notificaciones, además de sanciones para funcionarios que incumplan los tiempos establecidos. “El beneficio más directo es la reducción de la incertidumbre legal y del tiempo que los menores pasan en casas de acogida”, afirmó.
Respecto al caso de una madre adoptiva que recibió a dos menores y meses después debió devolverlos al sistema estatal, el legislador calificó la situación como una falla grave.
Según indicó, estos hechos evidencian errores en la gestión de los procesos y refuerzan la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento. “Lo que usted me acaba de manifestar es gravísimo, pues. Entonces, los procesos se manejaron mal”, señaló.
El Estado debe acompañar todas las etapas de la adopción
El asambleísta insistió en que el Estado debe asumir un rol central durante todas las etapas de la adopción, desde la calificación de los solicitantes hasta el acompañamiento posterior a la integración familiar.
A su criterio, la intervención estatal es la principal garantía para evitar irregularidades y proteger a los menores. “El Estado debe garantizar todo el proceso, desde el principio hasta el fin, para que sea claro, transparente y diáfano”, enfatizó.
Madre adoptiva cuestiona la duración del proceso
Para Luisa Alarcón, quien llegó a ejercer el rol de madre preadoptiva de dos hermanos durante varios meses, el principal problema del sistema no fue la evaluación de los futuros adoptantes, sino la duración del proceso.
Relató que completar todos los requisitos tomó cerca de dos años entre capacitaciones, entrevistas psicológicas, visitas domiciliarias y trámites administrativos. “Todos los trámites y todas las reuniones fueron necesarios, pero el tiempo fue demasiado alargado. Demasiado largo”, afirmó.
Denuncia falta de información sobre el estado de salud de los menores
La situación se agravó cuando descubrió que no había recibido información completa sobre el estado de salud de los menores asignados.
Según contó, tras realizar exámenes especializados, conoció diagnósticos que no constaban en los reportes entregados por las autoridades. “No me dijeron en el reporte médico que la niña era anoréxica y que él padecía epilepsia”, señaló. Alarcón sostiene que, luego de advertir esta situación, las autoridades decidieron retirar a los niños del hogar.
A su criterio, pudo existir temor a eventuales reclamos por la información omitida. “Es como que se sintieron descubiertos y tuvieron miedo de alguna demanda”, manifestó.
Reforma
La institucionalización prolongada preocupa a las familias
A partir de esa experiencia, Alarcón cuestiona las consecuencias que puede tener la permanencia prolongada de menores en centros de acogida. Sostiene que muchos llegan a las familias con secuelas derivadas de situaciones de violencia y de largos periodos de institucionalización.
“Tener demasiados niños durante demasiado tiempo les afecta”, expresó. A su criterio, los procesos deberían resolverse con mayor rapidez para evitar que los menores permanezcan años esperando una familia definitiva.
Proceso
Especialista advierte efectos emocionales en los menores
El psicólogo infantil Eduardo Moreira advirtió que la permanencia prolongada de niñas, niños y adolescentes en instituciones de acogida puede tener efectos significativos en su desarrollo emocional.
Explicó que, aunque estos espacios cumplen una función de protección, están concebidos como una medida temporal. “La ausencia de una figura de cuidado estable dificulta la construcción de vínculos seguros y puede favorecer la aparición de ansiedad, problemas en la regulación emocional y dificultades en la confianza hacia los demás”, señaló.
Moreira también alertó sobre las consecuencias de la incertidumbre que enfrentan muchos menores mientras esperan una resolución sobre su futuro familiar.
Según explicó, la falta de estabilidad puede afectar la forma en que construyen relaciones afectivas y perciben su propio valor. “Cuando un niño desconoce cuál será su futuro o cuánto tiempo permanecerá en una institución, puede desarrollar dificultades para establecer vínculos afectivos profundos por temor a nuevas pérdidas o separaciones”, afirmó.
Hay niños que ingresan muy pequeños, 2 años, y los procesos judiciales demoran 10 u 11 años. Resulta que cuando llegan a los 14 ya ninguna familia los quiere.
Respecto a los retrasos judiciales y administrativos en los procesos de adoptabilidad, el especialista consideró que estos pueden terminar afectando derechos fundamentales de los menores.
A su criterio, el desafío no pasa por reducir los controles de protección, sino por hacer más eficiente el sistema. “Un sistema de adopciones eficaz es aquel que protege rigurosamente los derechos del menor, pero que también comprende que, en la infancia, el tiempo es un factor determinante para su desarrollo emocional y psicológico”, sostuvo.
Fuente: Expreso
