El frente judicial del escándalo Odebrecht en Colombia se reactiva con la inminente imputación de José Roberto Prieto Uribe. La Fiscalía General de la Nación le formulará cargos por enriquecimiento ilícito y fraude procesal al exgerente de la campaña de reelección del expresidente Juan Manuel Santos, por un presunto aporte no declarado de la constructora brasileña y por el cobro indebido de reposición de votos.
De acuerdo con la imputación, Prieto Uribe, en su rol de gerente de la campaña Santos Presidente 2014-2018, habría omitido reportar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) los dineros recibidos los días 26 de marzo y 28 de abril de 2014 por parte de la Constructora Norberto Odebrecht.
El millón de dólares que sustenta la imputación
Según el expediente al que accedió Semana, se trató de un aporte en servicios de investigación valorado en USD 1.000.000. Dicha omisión habría permitido que se reconociera la reposición de votos, a pesar de una presunta superación de los topes legales de gastos de campaña.
“La posible responsabilidad penal que pueda tener José Roberto Prieto Uribe, como gerente de la campaña de Juan Manuel Santos Presidente 2014-2018, por no haber reportado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) los dineros ingresados a dicho candidato, los días 26 de marzo y 28 de abril de 2014, los cuales se recibieron de la empresa brasileña Constructora Norberto Odebrecht, como un aporte en servicios de investigación sobre la evolución y seguimiento de la candidatura del señor Santos Calderón y su estado perceptual para la contienda electoral, valorado económicamente en 1.000.000 de dólares”, puntualiza el documento.
El medio citado señaló que el expediente se reactivó por decisión de un grupo de tareas especiales de la Fiscalía. El caso avanzó con base en información del Grupo de Análisis para el Caso Odebrecht (Graco), en un informe del 2 de agosto de 2023, y en medio de consultas de la justicia de Estados Unidos sobre los avances de la investigación.
El pago habría llegado a Paddington Ventures por medio de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht y a través de las sociedades extraterritoriales Kleinfeld Limited e Innovation Research Engineering and Development, ambas con sede en Antigua.
La investigación judicial estableció que esa división de Odebrecht era la encargada de los sobornos en Colombia y en otros países de América Latina. Para mover esos recursos, usaba incluso paraísos fiscales para evitar el rastreo del dinero.
El presunto fraude en la reposición de votos
La Fiscalía sostiene que esos pagos no quedaron registrados en los informes de ingresos y egresos de primera y segunda vuelta. El documento agrega que tampoco se reportaron a la organización electoral, pese a las reglas vigentes.
Para el ente acusador, esa omisión buscó ocultar que la campaña había superado los topes fijados por la Resolución 289 de 2014. A partir de esa información, añade el expediente, el CNE avaló las cuentas y reconoció el derecho a la reposición de votos.
Ese reconocimiento derivó en un desembolso de casi $16.000.000.000 a favor del Partido de la U, por conducto de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El documento detalla pagos de $6.576.386.975 por la primera vuelta y de $9.468.938.803 por la segunda, girados el 26 de diciembre de 2014.
Antecedentes del caso y respuesta de la defensa
El caso vuelve a poner a Prieto Uribe ante los tribunales después de que pagó una condena de cinco años de prisión por ejercer su influencia ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para la entrega de un contrato de la Ruta del Sol.
Entre los antecedentes del caso figuran audios revelados al inicio de la investigación. En uno de ellos, el señalado reconoció: “Odebrecht sí pagó los afiches”.
En otra grabación, al hablar con Enrique Rivera, entonces secretario privado del exmandatario Juan Manuel Santos, Prieto Uribe dijo: “Presidente, a usted hay que salvarlo”. En ese mismo audio añadió que hablaría para defender al entonces mandatario.
La respuesta de la defensa llegó por medio del abogado Jesús Albeiro Yepes, quien rechazó la decisión de la Fiscalía y sostuvo la inocencia de su cliente. El penalista calificó la citación de “inexplicable y contraevidente” y afirmó que esos hechos eran conocidos por el ente acusador desde 2017.
Yepes también aseguró que Prieto Uribe “no participó y no conoció” que Odebrecht hubiera realizado una encuesta para medir el estado de opinión y favorabilidad del entonces presidente. Según la defensa, ese gasto no se recibió ni se reportó a la gerencia como parte de gastos de campaña.
Para el abogado, no corresponde atribuir a Prieto Uribe responsabilidad penal por actuaciones que, conforme a su versión, provinieron de la empresa privada y no de la gerencia de campaña. Con ese argumento, la defensa busca desligarlo del origen y del propósito que Odebrecht habría dado a la encuesta.
Fuente: Infobae