La tensión entre los poderes del Estado boliviano ha alcanzado un nuevo punto crítico, profundizando la crisis institucional que sacude al país. La semana anterior, el Poder Judicial y el Ejecutivo protagonizaron un fuerte intercambio de acusaciones luego de que el titular del Tribunal Supremo de Justicia advirtiera con paralizar las labores de jueces y vocales si en un lapso de 20 días no se incrementaba su presupuesto.
El ultimátum también se dirigió a la Asamblea Legislativa, exigiendo la aprobación de al menos cuatro proyectos de ley orientados a reformar la administración de justicia en Bolivia.
En una conferencia de prensa, Romer Saucedo, presidente del TSJ, rodeado de magistrados de otros tribunales, declaró que primero enviarían una comunicación a los demás poderes para entablar un diálogo “de igual a igual” sobre las dificultades de su institución, para luego lanzar la amenaza de huelga.
“Si no somos atendidos, iremos al paro inicialmente por 24 horas, posteriormente 48 horas, 72 horas y si es necesario, llegaremos al paro indefinido de la justicia en Bolivia”, afirmó Saucedo.
El incremento del presupuesto y las reformas judiciales constituyen el eje de las exigencias del Órgano Judicial. Sin embargo, ambos aspectos van más allá de la coyuntura y revelan las falencias estructurales que aquejan al sistema de justicia boliviano desde hace años.
Presupuesto y autonomía
Bolivia asigna menos del 0,5% del Presupuesto General del Estado al funcionamiento de la Justicia, un porcentaje muy inferior al promedio regional que, de acuerdo con datos del Banco Mundial, alcanza el 3,8% del gasto público.
En una entrevista televisiva, Saucedo explicó que requieren cerca de mil millones de dólares anuales para ejecutar un plan que, según él, agilizaría los procesos judiciales y combatiría la corrupción: la creación de más juzgados y la digitalización de ciertos trámites.
Los jueces también demandan autonomía en la gestión de sus recursos, para poder administrar directamente el gasto y las inversiones, sin necesidad de la aprobación del Ministerio de Economía.
Además, solicitan la implementación de un seguro de vida y medidas de protección para las autoridades judiciales, debido a los riesgos que enfrentan por sus sentencias. Esto cobró relevancia tras el asesinato a tiros, en abril, del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, luego de fallar en un caso vinculado a conflictos por tierras.
Nuevas leyes y reformas normativas
Más allá del presupuesto, en esta gestión los magistrados han presentado seis proyectos de ley ante la Asamblea Legislativa que aún no han sido discutidos. Las iniciativas abordan el financiamiento, la autonomía en el manejo de recursos, la modernización tecnológica del poder judicial, la gestión de depósitos judiciales, la administración de juicios de responsabilidad contra altas autoridades, los remates de bienes ordenados por la justicia y cambios en el régimen disciplinario.
Este último punto busca acelerar los procedimientos para sancionar a autoridades judiciales que cometan faltas graves o presenten indicios de corrupción.
Asimismo, se determinó crear una Comisión Nacional del Órgano Judicial, encargada de las relaciones institucionales con el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La respuesta del Ejecutivo y Legislativo
El gobierno de Rodrigo Paz rechazó la postura del Órgano Judicial y calificó la amenaza de paro como “un hecho inaudito”. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló que mencionar una medida de presión es “reprochable” y que la crisis del sistema judicial “no se soluciona con un paro”.
Por su parte, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, indicó que el Presupuesto General del Estado para el próximo año incrementa el financiamiento a los otros poderes, pero que llegar al monto exigido por la Justicia implicaría recortar recursos de áreas prioritarias como salud y educación. “Si subo al 5% del presupuesto a la Justicia, ¿a quién le quito?”, cuestionó, agregando que los recursos del país “son escasos”.
A pesar de los desacuerdos, dos jueces de las altas cortes y ministros de Gobierno se reunieron el miércoles en La Paz. Al término del encuentro, informaron que trabajaban en la agenda de demandas, aunque no ofrecieron detalles. “Estamos encaminados a resolver esto; se derivarán todas estas peticiones a los ministerios que correspondan”, declaró el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
En tanto, la Asamblea Legislativa convocó a los magistrados de las cuatro cortes de Justicia —Judicial, Constitucional, Agroambiental y el Consejo de la Magistratura— a una reunión el jueves para tratar los proyectos de ley, pero ninguno asistió. “Eso demuestra una falta de voluntad cuando ellos mismos han solicitado ser atendidos”, afirmó el vicepresidente Edmand Lara sobre las autoridades judiciales.
Acefalías en las altas cortes
En medio de la disputa surgió otro foco de conflicto: dos propuestas legislativas para cubrir las acefalías en las altas cortes. Tras las elecciones judiciales parciales de diciembre de 2024, quedaron cinco vacancias en el Tribunal Constitucional y dos en el Supremo.
Aunque la Constitución Política boliviana establece que estos cargos se renuevan por voto popular cada seis años, en las últimas semanas se presentaron proyectos para facultar, de manera excepcional y transitoria, al presidente Rodrigo Paz o a la Asamblea Legislativa para designar a los jueces faltantes de forma interina, hasta que se realicen nuevas elecciones.
Estas iniciativas generaron un intenso debate. La propuesta que otorga la facultad al presidente fue cuestionada por sectores del oficialismo, la oposición y autoridades judiciales, que advirtieron que podría vulnerar el procedimiento constitucional para la elección de magistrados. Desde el Gobierno negaron haber impulsado ese proyecto.
En cambio, quienes respaldan la designación interina —ya sea por el Ejecutivo o por la Asamblea— sostienen que es una medida excepcional para evitar la paralización de las altas cortes y garantizar la continuidad de la justicia mientras se supera el prolongado bloqueo institucional.
Una demanda de larga data
La falta de confianza ciudadana, las constantes denuncias de demoras y corrupción, y la percepción de una fuerte influencia política han convertido a la justicia boliviana en una de las instituciones más cuestionadas del país.
El Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project, que mide corrupción y eficacia judicial, ubicó a Bolivia en el puesto 131 de 143 países evaluados en todo el mundo, solo por encima de Venezuela y Nicaragua en la región latinoamericana.
Frente a este panorama, una reforma integral del sistema judicial sigue siendo una de las tareas pendientes en la agenda institucional boliviana. En los últimos años surgieron iniciativas para impulsar un proceso de reforma estructural —cumbres, comisiones, recolección de firmas para un referendo, entre otras—, pero todas fracasaron por falta de consensos políticos.
Fuente: Infobae