Han pasado 250 años desde la independencia de los Estados Unidos, y las miradas contemporáneas sobre ese hito fundacional deberían ir más allá de la celebración. La pregunta central no es solo qué ocurrió en 1776, sino qué significa hoy aquel episodio para una democracia que enfrenta tensiones inéditas y persistentes. La ruptura con la monarquía británica dio origen a un lenguaje político basado en la soberanía popular, los derechos individuales y el rechazo al poder arbitrario. Sin embargo, también dejó contradicciones que han atravesado toda la historia estadounidense: el abismo entre la libertad proclamada y la igualdad efectiva, y entre el ideal republicano y el poder económico.
En ese contexto, el aniversario no debería entenderse como un mero ejercicio de nostalgia, sino como una oportunidad para evaluar la vigencia y los límites de una tradición política que sigue siendo un referente obligado en los debates contemporáneos sobre el destino de la democracia representativa.
Thomas Jefferson, autor principal de la Declaración de Independencia y tercer presidente de los Estados Unidos (1801-1809), plasmó que todo ser humano tiene derecho a “la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”. Pero detrás de ese ideal coexistían visiones de país difíciles de conciliar. Alexander Hamilton, primer secretario del Tesoro, sostenía que esa libertad solo perviviría si se construía sobre una base institucional sólida.
James Madison, por su parte, resumió el dilema central en El Federalista n.° 51, al señalar que “si los hombres fueran ángeles, ningún gobierno sería necesario”, y que el verdadero reto era obligar al gobierno a controlarse a sí mismo. Esta postura refleja el realismo institucional que caracteriza a los padres fundadores, alejado tanto del optimismo libertario de Jefferson como del entusiasmo de Hamilton por la influencia estatal: ninguna forma de poder, advertían, merece confianza sin la debida supervisión del sistema judicial.
Casi dos siglos después, el filósofo político de la Universidad de Princeton, John Rawls (1921-2002), trasladó esa desconfianza al plano normativo. En su obra cumbre, A Theory of Justice (1971), definió su objetivo: desarrollar “una concepción de la justicia que generalice y lleve a un nivel de mayor abstracción” la teoría contractualista clásica. Su planteamiento puede interpretarse como una actualización del ideal de “igualdad” de la Revolución americana, pero extendiéndolo mucho más en el ámbito social e institucional. En lugar de limitarse a la igualdad jurídica proclamada en 1776, Rawls buscaba diseñar instituciones que hicieran reales las oportunidades de todos y mejoraran la situación de los menos favorecidos.
Robert Nozick (1938-2002) replicó a Rawls en su principal ensayo, Anarchy, State, and Utopia (1974). El filósofo, formado en las universidades de Princeton y Oxford, afirmó que “los individuos tienen derechos, y hay cosas que ninguna persona o grupo puede hacerles sin violar esos derechos”. Defendió a lo largo de su obra un Estado mínimo, limitado a proteger la propiedad y hacer cumplir contratos, y rechazó cualquier redistribución que vulnerara esos derechos. Nozick se erige como heredero de la vertiente más liberal y antiestatal del legado de 1776: gobierno limitado, derechos de propiedad sólidos y desconfianza ante la redistribución coercitiva.
Ese mismo duelo en la filosofía política se replicó en el ámbito económico. El máximo exponente de la Escuela de Chicago, Milton Friedman (1912-2006), sostuvo en Capitalism and Freedom (1962) que “una de las principales objeciones a la economía de libre mercado es precisamente que da a la gente lo que quiere en lugar de lo que un grupo determinado cree que debería querer. Detrás de la mayoría de los argumentos contra el libre mercado subyace una falta de fe en la libertad misma”.
Desde la posición opuesta, el economista keynesiano John Kenneth Galbraith (1908-2006) consideraba que la política debía estar al servicio de la economía, y no al revés. En ese sentido, declaró que “el progreso social y económico no se mide por la multiplicación de bienes, sino por la calidad de la vida humana”. Palabras que hoy suenan casi utópicas frente a la profunda crisis del Estado de bienestar.
La IA y su impacto en el futuro de la democracia
Si Madison temía la “tiranía de la mayoría” y Jefferson la “tiranía del gobierno”, el siglo XXI ha traído consigo la “tiranía del algoritmo corporativo”. La crítica más severa actualmente sostiene que las corporaciones de Silicon Valley han erosionado los pilares institucionales que sostuvieron el experimento democrático americano iniciado en 1776: la confianza en las elecciones, la existencia de una verdad fáctica compartida y el respeto por el adversario político y las minorías.
En este escenario, la pregunta habitual sobre si la inteligencia artificial fortalece o debilita la democracia estaría mal planteada, porque asume que la tecnología tiene una identidad política propia, independiente de quién la controla y bajo qué reglas opera. Los debates políticos de 1776, enfrentados al espejo del presente, sugieren una pregunta más incisiva: no si la IA es buena o mala, sino qué desarrollo institucional logrará someterla a control antes de que ella redefina los términos del control posible.
Vista desde el marco jeffersoniano-libertario, la IA es una herramienta de emancipación: democratiza el acceso a información, asegura capacidades analíticas y poder de creación que antes estaban reservados a las élites, y cualquier intento de regularla de forma centralizada amenaza con concentrar aún más poder en manos del Estado o de quienes lo controlen.
Vista desde el marco hamiltoniano-institucionalista, en cambio, la IA sin una arquitectura regulatoria es exactamente el escenario que Madison temía: poder sin control, capaz de amplificar desinformación, manipular procesos electorales y concentrar autoridad informacional en actores (ya no monarcas, sino corporaciones) sin mandato democrático.
Actualmente, el aporte de la IA a la democracia no está del todo definido; depende de decisiones institucionales que aún se debaten: transparencia algorítmica, distribución del acceso y mecanismos de rendición de cuentas equivalentes a los que los fundadores diseñaron para el poder político hace 250 años.
La IA no es una amenaza ni una promesa para la democracia en abstracto. Es el terreno más reciente donde se libra la misma batalla doctrinaria de 1776, y su resultado dependerá, como entonces, de si el poder logra someterse a sí mismo al control de los ciudadanos a través de sus representantes antes de volverse irreversible.
La gran disputa política del futuro inmediato no será solo entre Estado y mercado (cualquier semejanza con China…), sino entre democracia y gobernanza algorítmica. Es por todo ello que, en tiempos de aceleración e incertidumbre del sistema institucional, resuenan hoy las sabias palabras de Benjamin Franklin: “Quienes renuncian a la libertad esencial para obtener una seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad”.
Fuente: Infobae