El vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, reconoció este viernes que se llevaron a cabo reuniones relacionadas con el rescate concedido a Air Europa antes de que se abriera el periodo oficial para solicitar dichas ayudas. Así lo indicaron fuentes jurídicas a Europa Press tras su declaración como investigado ante el magistrado José María Escribano, quien instruye el caso en un juzgado de Madrid por supuestas irregularidades en el préstamo de 475 millones de euros otorgado en noviembre de 2020.
Durante la comparecencia, Lora respondió a todas las partes y negó cualquier irregularidad en la concesión del rescate. Explicó que los encuentros mencionados ocurrieron en julio de 2020, y en ellos participaron representantes del equipo técnico y jurídico de Globalia, miembros de la SEPI y del Ministerio de Economía, entonces encabezado por Nadia Calviño, según las fuentes.
Al salir de la declaración, que duró aproximadamente una hora y media, Lora evitó hablar con la prensa, pero su abogada afirmó que su cliente contestó
“a todo el mundo porque puede contestar a todo el mundo”
.
Requerimiento de documentación
La imputación de Lora surge de una querella presentada por PP y Vox, que fue admitida a trámite por el titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid. En un auto al que accedió Europa Press, el magistrado consideró que los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa”.
Escribano ordenó además requerir a la SEPI que identifique al secretario del consejo gestor, los vocales con voz y voto en las sesiones, los invitados a las reuniones sobre el rescate de Air Europa, los técnicos instructores del expediente y el autor del informe de la Abogacía del Estado que dio luz verde al préstamo, “todo ello a fin de ser citados en la forma que corresponda” tras la declaración de Lora.
De igual modo, el juez solicitó a la SEPI el expediente completo del préstamo, las actas íntegras, borradores, anexos y documentación distribuida a los vocales y la presidencia en las reuniones donde se trató el tema, los listados de asistentes, la consulta formulada y los antecedentes remitidos, así como el informe completo emitido, “especialmente sobre deudas o impedimentos y su interpretación”.
También pidió los informes de fiscalización o control de la operación, las observaciones, reparos, recomendaciones y respuestas de SEPI y el consejo gestor, además de correos electrónicos, notas internas, minutas, informes ejecutivos y comunicaciones con gabinetes ministeriales relacionadas con el expediente entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.
Fuentes jurídicas señalaron que el vicepresidente de la SEPI aún no ha entregado esta documentación.
Fuente: Infobae
