Una junta directiva concluye su sesión. Se autoriza una transacción. Alguien redacta un correo electrónico. Otro participante resume el diálogo mediante WhatsApp. Un tercero emplea inteligencia artificial para generar un reporte. En ese instante, nadie anticipa un proceso judicial. No obstante, con el paso de los años, esa cadena de acciones puede transformarse en el esqueleto de un expediente legal.
La inteligencia artificial, sumada a la rapidez con que fluye la información y a la capacidad de reconstruir decisiones a partir de grandes conjuntos de datos, no altera el origen de las disputas. Lo que sí transforma de manera profunda es la manera en que esos conflictos se originan, se registran y eventualmente se convierten en causas judiciales.
Mi trayectoria como abogado penalista me ha permitido identificar un patrón recurrente. Las investigaciones de mayor complejidad rara vez comienzan en un tribunal. Se inician mucho antes, cuando un individuo o una entidad adopta una resolución. Esa resolución puede plasmarse en un acuerdo, una transacción comercial, una estrategia patrimonial o fiscal, una asamblea de accionistas, un mensaje de WhatsApp, la utilización de una herramienta de inteligencia artificial o una declaración pública hecha sin evaluar sus repercusiones.
Hoy en día, toda determinación deja un rastro de datos. Y esos datos son los que, con el tiempo, terminan conformando un expediente. La inteligencia artificial no sustituye la decisión humana. Su efecto es hacerla más evidente, más registrada, más duradera y considerablemente más sencilla de rastrear años después. Cuando un fiscal inicia una pesquisa, la organización ya ha dejado una huella digital de elecciones, documentos, comunicaciones y registros que pueden ser examinados con una exactitud inimaginable hace apenas unos años.
En este contexto, el principal aporte del derecho penal estratégico ya no se limita a defender un caso. Consiste en intervenir de manera anticipada, cuando todavía es factible minimizar riesgos, sistematizar procedimientos y contribuir a forjar decisiones que puedan soportar una auditoría, una filtración, el escrutinio de un regulador y, finalmente, la evaluación de un magistrado.
Esa evolución ya se manifiesta en el ejercicio profesional. Cada vez con más asiduidad, las consultas no se centran exclusivamente en una investigación penal activa, sino en cómo registrar decisiones, gestionar el uso de datos, integrar inteligencia artificial y diseñar procesos que resistan futuras auditorías, indagaciones o crisis de reputación.
Una cláusula redactada de forma deficiente, un diálogo interno donde alguien sugiere postergar un asunto, un informe generado con inteligencia artificial sin validar sus fuentes, o una determinación adoptada sin dejar constancia de sus motivos pueden adquirir, años más tarde, un significado radicalmente diferente durante una investigación.
Durante décadas, las organizaciones aprendieron a auditar balances, contratos, impuestos y programas de cumplimiento. Sin embargo, pocas evalúan la calidad del proceso mediante el cual toman sus decisiones. Allí surge un reto fundamental para los próximos años: crear una arquitectura estratégica de las decisiones, capaz de integrar derecho, inteligencia artificial, datos, reputación, incentivos e instituciones antes de que surja el conflicto.
No obstante, persiste una resistencia habitual. Individuos y compañías suelen invertir con celeridad cuando el conflicto ya ha estallado, pero muestran muchas más reservas frente a la prevención. Es entendible: los beneficios de evitar una crisis son imperceptibles, mientras que los costos de afrontar una investigación penal, una sanción regulatoria o un daño reputacional son inmediatos y con frecuencia irreversibles.
La inteligencia artificial está alterando esa ecuación. Cuanto mayor sea la capacidad para reconstruir decisiones a partir de datos, mayor será el valor de anticiparse antes de que aparezca el expediente. La prevención jurídica ya no debería percibirse como un gasto, sino como una ventaja competitiva.
La inteligencia artificial representa una oportunidad excepcional para la productividad y el desarrollo. Pero también exige plantear nuevas interrogantes. No basta con saber qué herramienta emplear. Es necesario determinar qué información puede compartirse, quién tendrá acceso, cómo se resguarda, cómo se registra y qué sucederá si esa decisión es examinada dentro de algunos años por un juez, un regulador, un inversor o la opinión pública.
La inteligencia artificial ha dejado de ser únicamente una herramienta tecnológica. Hoy también constituye un reto de gobernanza. Cada elección sobre qué datos utilizar, quién puede acceder a ellos, cómo documentarlos, cómo supervisarlos y cómo enmendar sus errores puede acarrear consecuencias jurídicas, regulatorias y reputacionales.
En la Argentina, este desafío cobra una relevancia particular. La adopción de inteligencia artificial no depende solo de acceder a nuevas herramientas, sino de la capacidad para formar profesionales, directivos y funcionarios que comprendan sus implicancias jurídicas, éticas e institucionales. La verdadera ventaja competitiva no radicará únicamente en implementar inteligencia artificial antes que otros, sino en edificar organizaciones capaces de decidir con mayor acierto, documentar de forma más rigurosa y gobernar responsablemente esa tecnología.
También plantea un desafío educativo. Universidades, empresas y entidades públicas deberán incorporar una auténtica alfabetización en inteligencia artificial. No se trata solo de aprender a manejar nuevas herramientas, sino de entender cómo los algoritmos interactúan con la producción de información, la toma de decisiones, la evidencia digital y la responsabilidad jurídica. La próxima generación de abogados, jueces, fiscales, empresarios, funcionarios y comunicadores requerirá estas habilidades como parte de su formación fundamental.
La transformación no afecta únicamente a los documentos o a las decisiones internas. También modifica la manera en que una organización gestiona una crisis. Un comunicado, una declaración espontánea, una entrevista o una publicación en redes sociales pueden ser examinados años después dentro de un expediente. Además, pueden establecer una narrativa pública que condicione la percepción de clientes, inversores, reguladores e incluso de quienes participan en una investigación.
En un entorno donde la información se difunde en minutos y la inteligencia artificial potencia su alcance, lo jurídico y lo comunicacional han dejado de ser compartimentos separados. Una decisión técnicamente correcta puede provocar consecuencias graves si se comunica de forma inapropiada. Y una estrategia de comunicación equivocada puede obstaculizar, e incluso poner en riesgo, la mejor defensa legal.
En un contexto donde la inteligencia artificial puede amplificar tanto la información verificada como la desinformación, comunicar con precisión deja de ser solo una cuestión de imagen institucional. También constituye una forma de gestión del riesgo. La confianza se edifica con decisiones sólidas, pero también con la capacidad de explicarlas de manera transparente y responsable.
Hoy las organizaciones enfrentan dos expedientes que avanzan en paralelo. Uno es el judicial, sujeto a reglas procesales y plazos institucionales. El otro es el expediente público, conformado por medios de comunicación, redes sociales, algoritmos y motores de búsqueda. Con frecuencia, este último se forma mucho antes que el primero y puede condicionar la reputación de personas y empresas incluso antes de que exista una resolución judicial.
Por ello, la prevención y la gestión de crisis ya no deberían abordarse de manera fragmentada. Requieren una visión integral, capaz de coordinar simultáneamente la estrategia legal, la comunicación institucional y el análisis de los riesgos reputacionales desde el primer momento. En muchos casos, el problema no es solo qué ocurrió, sino cómo fue explicado, documentado y percibido.
El abogado que más valor aportará no será únicamente quien conozca la ley o litigue con eficacia. Será quien pueda integrar estrategia legal, inteligencia artificial, comunicación, reputación e instituciones para anticipar riesgos y gestionar crisis antes de que se conviertan en investigaciones, sanciones o daños difíciles de revertir.
En definitiva, el debate sobre inteligencia artificial trasciende la tecnología. Es un debate sobre instituciones, educación y liderazgo. Los países que logren formar profesionales preparados para integrar derecho, inteligencia artificial, comunicación y gobernanza estarán mejor posicionados para generar confianza, atraer inversiones y fortalecer el Estado de Derecho. La tecnología puede adquirirse rápidamente; construir instituciones y capacidades para utilizarla con responsabilidad requiere tiempo, visión estratégica y una decisión sostenida de invertir en conocimiento.
La inteligencia artificial no modifica la responsabilidad jurídica de las personas. Cambia algo igual de importante: la posibilidad de reconstruir, explicar y evaluar cada decisión tomada. Por eso el expediente ya no comienza cuando interviene un juez. Comienza cuando alguien decide.
La verdadera pregunta ya no es si una organización cumplió la ley. La pregunta es si dentro de cinco años podrá explicar por qué tomó cada una de sus decisiones, qué información utilizó, quién intervino, cómo documentó el proceso y de qué manera comunicó lo ocurrido.
Ahí empieza el verdadero derecho penal estratégico. Porque las grandes investigaciones rara vez nacen en un tribunal. Empiezan mucho antes: en una decisión, en un dato, en una comunicación, en una omisión o en una explicación que nadie preparó a tiempo.
Jorge Monastersky
Abogado penalista.
Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales (UMSA).
Posgrado en Derecho Procesal Penal.
X: @JorgeMonasOK
Instagram: @JorgeMonastersky
Fuente: Infobae
