El nombre de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, continúa generando controversia tras las acusaciones de Estados Unidos que lo vinculan, junto a otros nueve individuos, con el Cártel de Sinaloa. No obstante, ahora surgen nuevas sospechas que apuntan a posibles conexiones con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con una investigación publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), un organismo público estatal encargado de ejecutar obra pública habría realizado transferencias por 678,900 pesos durante la administración de Rocha Moya, específicamente en abril de 2024. El dinero fue enviado a Ahavat Logistics Solution, una comercializadora de petrolíferos que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el pasado 30 de junio por presuntamente integrar una red de huachicol fiscal y lavado de dinero vinculada al cártel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
Según la investigación de MCCI, que revisó documentos internos de Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin) —un organismo descentralizado del gobierno estatal fundado en 1987 como productor de materiales para construcción y que desde hace quince años opera como ejecutor de obra pública—, se realizaron tres transferencias entre el 4 y el 23 de abril de 2024. Los registros internos describen las operaciones únicamente como “pago de factura”, sin detallar el bien o servicio adquirido.
La empresa que recibió esos pagos no figura en el padrón de proveedores del Gobierno de Sinaloa ni en el sistema Compranet estatal. MCCI indicó que no fue posible localizar contratos, licitaciones o adjudicaciones directas que respalden públicamente las transferencias.
¿Quién está detrás de Ahavat Logistics Solution?
Ahavat Logistics Solution fue constituida el 13 de febrero de 2017 en Toluca, Estado de México. Su objeto social abarca más de 40 actividades, entre ellas la compra, venta, importación, exportación y comercialización de hidrocarburos, diésel y otros energéticos. En junio de 2020 obtuvo de la Comisión Reguladora de Energía el permiso H/23558/COM/2020 para la comercialización de petrolíferos.
El administrador único de la empresa, con facultades plenas de representación legal, es José Refugio Ruiz Villagómez. Ese nombre aparece en las sanciones que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y FinCEN anunciaron el 30 de junio: las autoridades estadounidenses lo designaron bajo los decretos ejecutivos E.O. 14059 y E.O. 13224 por actuar en nombre del CJNG y por haber prestado apoyo financiero y material al cartel.
Según el comunicado del Departamento del Tesoro, Ruiz Villagómez habría introducido combustible de contrabando desde Estados Unidos hacia México sin los permisos correspondientes y habría pagado cuotas a cárteles y otras organizaciones criminales que controlan los puertos de entrada entre ambos países.
OFAC y FinCEN señalan que Ahavat y su empresa hermana Jomadi Logistics & Cargo habrían realizado transacciones por decenas de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense con terceros vinculados al CJNG. Ruiz Villagómez figura como accionista mayoritario de ambas firmas.
Jomadi acumula además un historial internacional: durante el gobierno de Enrique Peña Nieto obtuvo permiso para importar hasta 9,000 millones de litros de diésel, y en marzo de 2020 firmó un contrato con el régimen de Nicolás Maduro para intercambiar petróleo crudo venezolano por gasolina en puertos de Turquía, operación que derivó en una investigación del FBI por tráfico de combustible, según reveló Reuters en mayo de 2020.
Rocha Moya: pagos a una empresa del CJNG en medio de señalamientos por vínculos con Los Chapitos
Los pagos de Preecasin a Ahavat cobran mayor peso por el contexto político y judicial que rodea al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Actualmente el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York lo señala de haber operado en beneficio de la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, antes y durante su gestión al frente del estado.
Según ese documento presentado por la fiscalía federal estadounidense, Rocha Moya se reunió antes de su elección de 2021 con mandos de Los Chapitos, quienes habrían ordenado a sicarios del cartel robar boletas electorales y secuestrar a candidatos opositores para asegurar su triunfo. A cambio, la acusación sostiene que Rocha Moya se comprometió a colocar funcionarios afines a Los Chapitos en cargos de seguridad del estado. Rocha Moya ha rechazado esos señalamientos.
La acusación describe además pagos mensuales en efectivo a funcionarios estatales y municipales, entre ellos el entonces vicefiscal general de Sinaloa, el jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal y el secretario de Seguridad Pública, a cambio de protección para las operaciones del cartel.
El vínculo entre el CJNG y Los Chapitos con el nombre de Rubén Rocha Moya agrega otra capa al caso. Desde 2025, reportes periodísticos y el propio gobierno federal mexicano han documentado una supuesta alianza entre ambas organizaciones criminales para enfrentar a “La Mayiza”, facción del Cártel de Sinaloa en guerra con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán desde la traición y entrega a EEUU de Ismael “El Mayo” Zambada.
Fuente: Infobae
