La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional inició formalmente, este 2 de julio de 2026, la indagación sobre la ruta del dinero entregado por el Gobierno a la empresa Progen.
En una sesión virtual que duró aproximadamente 15 minutos, la mesa legislativa avocó conocimiento de la resolución adoptada por el Pleno el pasado 24 de junio de 2026, la cual dispuso investigar el destino de estos fondos hacia personas naturales y jurídicas.
Plazos y alcance de la fiscalización
El presidente de la comisión, el legislador Ferdinan Álvarez (ADN), anunció que el organismo procederá dentro de un plazo de 30 días para realizar los pedidos de información y las convocatorias a las comparecencias que se consideren necesarias.
Según el texto de la resolución RL 2025-2029096, la comisión tiene la facultad de requerir documentación y disponer la presencia de autoridades, representantes legales y otros actores vinculados con los hechos.
Al término de este periodo, la mesa deberá presentar un informe con conclusiones y recomendaciones ante el Pleno de la Asamblea para que se adopten las resoluciones pertinentes. Durante la sesión de este jueves, que se instaló con ocho asambleístas presentes, no se registraron solicitudes de palabra por parte de los legisladores, dándose por instalada la etapa de investigación de manera directa.
Tras meses de bloqueos, este proceso de fiscalización fue impulsado por la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) y recibió el respaldo unánime del Pleno. La iniciativa surgió luego de que el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, expusiera hallazgos derivados de un proceso legal que se lleva adelante en Estados Unidos sobre el manejo de estos recursos.
Paralelamente a la labor legislativa, la bancada de ADN solicitó a la Fiscalía General del Estado la vinculación de actores privados adicionales dentro de la instrucción fiscal que ya se encuentra en curso.
Cabe señalar que, aunque de forma independiente, la Comisión de Fiscalización también tramita actualmente el juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano, proceso que se origina en contratos de generadores eléctricos, específicamente con las empresas Progen y ATM.
Radio Pichincha
LV
