El Pleno de la Asamblea Nacional inició este 2 de julio de 2027, a las 10:00, el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Monetario y Financiero. Esta propuesta, que unifica cuatro proyectos de ley presentados originalmente para proteger a los ciudadanos frente al sistema financiero, generó preocupaciones debido a la inclusión de reformas que afectan al mercado de valores y a la banca privada.
En primer lugar, la reforma busca establecer reglas técnicas claras para evitar el anatocismo (cobro de interés sobre interés) y asegurar que el interés de mora se aplique exclusivamente sobre el capital de las cuotas vencidas.
Entre los beneficios directos para los usuarios, se propone que en las tarjetas de crédito no se cobren intereses de mora si el cliente cumple con el pago mínimo.
Asimismo, el proyecto plantea agilizar la restitución de ahorros para socios de cooperativas en liquidación forzosa, un problema que dejó a miles de familias en la indefensión durante años.
Otra novedad es la creación de una tasa de interés de inclusión financiera, diseñada para personas que carecen de historial crediticio y que actualmente son empujadas hacia el mercado informal o “chulco”.
La alerta bursátil: ¿hacia un conflicto de intereses?
Sin embargo, la mayor controversia radica en la incorporación de 12 reformas al Libro II (Ley de Mercado de Valores), las cuales no formaban parte de los proyectos originales. La Asociación de Casas de Valores (Asocaval) y las Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil denunciaron que estos cambios fomentan la creación de “mercados paralelos no formales” y restan transparencia a la negociación.
Asimismo, las instituciones del mercado de valores advierten que la propuesta actual podría generar efectos no deseados:
- Impacto en la liquidez y formación de precios: señalan que se afectaría la formación eficiente de los precios y la liquidez general del mercado.
- Proliferación de intermediarios no especializados: preocupa la entrada de actores sin la especialización técnica necesaria.
- Debilitamiento de la supervisión: advierten sobre riesgos en la adecuada supervisión regulatoria y en la gestión de riesgos operativos.
- Desprotección del inversionista: consideran que se pone en riesgo la confianza, integridad y seguridad jurídica del mercado bursátil.
- Exclusión del diálogo técnico: denuncian que no han sido convocados formalmente para aportar observaciones técnicas a pesar de haberlo solicitado repetidamente.
Para el analista económico Alberto Acosta Burneo, uno de los mayores peligros de la propuesta es la apertura de los mercados extrabursátiles (operaciones por fuera de la bolsa) tanto para títulos públicos como privados. En entrevista con Primera Plana, el experto explicó que el mercado de valores en Ecuador es “incipiente”, representando el 14% del Producto Interno Bruto (PIB).
Dividir este mercado en múltiples plataformas paralelas lo volvería “aún menos líquido”, lo que encarecería el financiamiento para las empresas y dificultaría la supervisión estatal. En ese sentido, Acosta señaló que las operaciones fuera del mercado bursátil reducen la información pública sobre los precios y limitan la capacidad de verificar que las transacciones se realicen en condiciones justas.
La banca como intermediario directo
Otra alerta expuesta por Acosta es la intención de permitir que los bancos privados operen directamente en el mercado de valores sin pasar por instituciones especializadas (casas de valores). Acosta sostiene que esto genera un “peligroso conflicto de interés”: un banco podría actuar simultáneamente como acreedor de una empresa y como su agente colocador.
Bajo este esquema, el banco tendría el incentivo de presionar a su cliente para que emita bonos y, con ese dinero, pague la deuda que mantiene con el propio banco, priorizando su recuperación de capital por encima de la seguridad de los inversionistas. Además, advirtió que la fragmentación del mercado dificulta la trazabilidad de las operaciones, aumentando los desafíos para detectar oportunamente el lavado de activos.
El analista también cuestionó que la reforma no garantice una referencia única de precios. Según Acosta, si el mercado se parte en “pedazos”, se corre el riesgo de que un mismo título se negocie a valores distintos el mismo día, lo que desnaturaliza la definición de un mercado eficiente.
Tres cambios indispensables
Para evitar que la ley debilite al sistema, Acosta planteó tres modificaciones específicas:
- Limitar el mercado extrabursátil exclusivamente a títulos de deuda emitidos por el Ministerio de Finanzas en el mercado primario.
- Garantizar una referencia única de precios para todas las operaciones.
- Mantener el esquema vigente donde la banca participa únicamente a través de instituciones especializadas e independientes.
El debate en el Pleno
En el Pleno, una de las alertas más recurrentes fue la presunta vulneración del principio de unidad de materia. El asambleísta José Vallejo denunció que los cuatro proyectos originales unificados solo proponían reformas al Libro I (Sistema Financiero), pero en el informe final se incorporaron 12 reformas al Libro II (Ley de Mercado de Valores) que carecen de iniciativa legislativa.
En la misma línea, Mónica Alemán advirtió que este vicio procedimental pone en riesgo toda la ley, ya que la Corte Constitucional podría declararla inconstitucional, dejando sin efecto incluso los beneficios para los deudores.
Los legisladores expresaron una profunda preocupación por la intención de trasladar operaciones del sector público hacia mercados extrabursátiles. Mireya Pazmiño señaló que, en un mercado tan pequeño como el ecuatoriano, flexibilizar los requisitos y fomentar plataformas de negociación opacas crea una “autopista para el lavado de activos”.
Por su parte, Alfredo Serrano recordó la estafa al Isspol como una advertencia sobre lo que sucede cuando no existen controles estrictos en transacciones fuera de la bolsa.
Críticas por la falta de sanciones y “papel muerto”
En cuanto a la protección de los usuarios, los asambleístas cuestionaron que la ley no pase de ser una lista de buenas intenciones. Alfredo Serrano criticó que, aunque se prohíba el anatocismo o se exija información clara, la norma carece de sanciones reales para los bancos que no contestan reclamos o para la Superintendencia de Bancos que no protege al ciudadano.
Juan Gonzaga coincidió en que las normas no deben ser “meramente declarativas”, sino coercitivas, para evitar atropellos como el acoso en cobranzas o cláusulas abusivas.
La asambleísta Carmen Tiupul centró su intervención en la “deuda histórica” con las víctimas de liquidaciones forzosas de cooperativas, como el caso de “Acción Rural” en Chimborazo. Tiupul alertó que el sistema ha fallado a miles de familias y exigió que la reforma garantice la restitución inmediata de ahorros, priorizando a adultos mayores y personas con enfermedades catastróficas que han fallecido esperando justicia.
Sin embargo, José Vallejo lamentó que, a la par de estos temas sociales, se incluyan disposiciones que debilitan a la CFN y Conafips, eliminando la obligación de transferir activos a fideicomisos públicos.
La defensa del informe
Como contraparte, la presidenta de la comisión y ponente del proyecto, Nathaly Farinango, defendió la norma como una “propuesta articulada” que no presenta reformas aisladas, sino que busca modernizar las herramientas jurídicas frente a los cambios en la economía.
Farinango sostuvo que la inclusión de instituciones financieras privadas como intermediarios de valores aportará mayor respaldo patrimonial y atraerá inversiones, insistiendo en que el objetivo final es fortalecer la estabilidad del sistema.
Radio Pichincha
LV
