La Asamblea Nacional unificó posturas para investigar las presuntas irregularidades en el Caso Progen, también conocido como el “Caso Apagón”. Tras meses de bloqueos previos oficialistas, el Legislativo activó simultáneamente dos líneas de fiscalización:
- El juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano.
- Una investigación sobre la red de transferencias bancarias de la empresa Progen.
El avance del juicio político contra Inés Manzano
La Comisión de Fiscalización, con el respaldo unánime de las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN) y la Revolución Ciudadana (RC), calificó el inicio del juicio político contra Manzano el pasado 26 de junio. El proceso se fundamenta en un presunto incumplimiento de funciones relacionado con la crisis energética y la firma de contratos con las empresas Progen y ATM que habrían generado un perjuicio económico al Estado de aproximadamente USD 180 millones.
Entre las pruebas de cargo más severas se encuentra la adquisición de motores del año 2016, descritos como “chatarra inservible”, por un valor de USD 71 millones. Este 1 de julio de 2026, el asambleísta y presidente de la comisión.
En ese sentido, se estableció un cronograma que otorga 15 días para la presentación de pruebas, con un plazo final para el informe de la comisión fijado para el 31 de julio. Por el momento, el proceso entra ahora en fase de comparecencias, donde figuras como el exministro Roberto Luque y el exgerente de Celec, Fabián Calero, han sido llamados a rendir testimonio.
Paralelamente al juicio, el Pleno de la Asamblea aprobó con 131 votos una resolución para investigar el destino de los fondos transferidos por Progen. Esta investigación busca rastrear cerca de 700 transferencias bancarias realizadas desde cuentas en Estados Unidos hacia una red de abogados, estudios jurídicos y empresas en Ecuador.
Esteban Torres, jefe de la bancada de ADN, aclaró que, aunque se busca identificar a los beneficiarios finales de estos movimientos, la información actual no señala directamente a exministros como Roberto Luque o Inés Manzano como receptores de esos fondos. “Ser nombrado no significa que exista alguna prueba material”, puntualizó Torres.
La resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea otorga específicamente a la Comisión de Fiscalización un plazo de 30 días (hasta finales de julio) para presentar un informe detallado que rastree las transferencias bancarias.
Sin embargo, a pesar de la votación unánime, existen matices en las visiones de los legisladores. Por ejemplo, Ana Cecilia Herrera (RC) sostiene que, aunque son procesos que deben manejarse por “cuerda separada”, su objetivo final es transparentar la red que se manejó y determinar las responsabilidades políticas de exautoridades como Luque, Manzano.
Entre tanto, Ferdinan Álvarez (ADN), reiteró que el gobierno mantiene una línea de cero tolerancia a la corrupción. Según la postura de Álvarez, es vital no confundir lo político con lo técnico-jurídico, asegurando que la comisión investigará dónde fueron esos dineros y quiénes fueron los beneficiarios reales, ya sean personas naturales o jurídicas.
Radio Pichincha
LV
