El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Andrés Fantoni, está de vacaciones; Jazmín Enríquez es la presidenta subrogante, mientras el concurso para designar a la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado (FGE) está en pausa.
Según el cronograma, la designación de la autoridad para la FGE está prevista para el 23 de octubre de 2026. Sin embargo, esta fecha tambalea.
Hasta el 29 de junio de 2026, el concurso se encontraba en la fase de méritos y recalificación, cuyo puntaje es sobre 50 puntos. La Comisión Ciudadana de Selección (CCS), encargada de ejecutar el concurso, remitió el informe final de la fase de méritos y recalificación al Pleno del Cpccs. Hay 28 postulantes: 19 hombres y 9 mujeres.
El Pleno conoció el informe en la sesión del 11 de junio, pero no fue aprobado. Solo Fantoni, Enríquez y Johanna Verdezoto votaron a favor.
El Pleno del Cpccs espera pronunciamiento de la Comisión Ciudadana de Selección
En la sesión del 11 de junio Bonifaz votó en contra y dijo que “al revisar las 22 solicitudes (de recalificación), solo nueve produjeron modificaciones y 13 fueron negadas en su totalidad, existen casos que requieren una explicación más profunda por parte de la CCS”.
Cynthia Jacho, presidenta de la CCS, defendió la gestión de los comisionados en la sesión del 24 de junio. “No corresponde que exista una paralización atribuible a la CCS, nuestra responsabilidad ya concluyó con la aprobación y la entrega del informe final”.
Aclaró que el Pleno es el encargado de conocer el informe, más no de emitir una aprobación y solo tras este acto la CCS puede proseguir con la fase de impugnación ciudadana.
“El informe de reconsideración de méritos, a nuestro criterio (Cuarán y Nicole Bonifaz), no tiene una debida motivación, fue por ello que no existió mayoría para aprobar el mismo”, respondió Cuarán mediante un mensaje de WhatsApp el 29 de junio.
“La Comisión, con base en los argumentos de los consejeros, deberá ratificarse en su informe o motivar y señalar correctamente el por qué no se aceptaron los argumentos de los postulantes, para proseguir con la etapa de impugnación ciudadana, la contratación de los expertos que realizará las pruebas escritas y orales, y continuar con lo que el reglamento señala”, añadió Cuarán.
¿El concurso para Fiscal pasó de lo técnico a lo político?
“Mientras el Cpccs no emita una resolución de haber avocado conocimiento del informe, el concurso está detenido”, recalca Guido Egas, coordinador de la Veeduría Ciudadana del concurso. Esta ha enviado dos oficios al Pleno para que agilicen lo que les compete y avance el concurso.
Egas tiene una lectura de lo que pasa: “Ha pasado de ser un concurso técnico a ser un concurso político y en este tiempo electoral están viendo qué es lo que ocurre y cómo se va a conformar el Cpccs para ahí ir avanzando”. La elección de las nuevas autoridades del Cpccs será en noviembre de 2026.
La Veeduría realizó una evaluación interna sobre la recalificación del puntaje de los postulantes, ese informe será presentado al final del proceso. Egas adelanta un dato: “Dentro de las observaciones que hemos concluido hay una diferencia considerable entre la puntuación de la CCS y la de la evaluación. Estaríamos hablando de que un 34% de los postulantes tienen esta diferencia”.
Egas tiene algunas hipótesis sobre los posibles beneficiados de que el concurso esté pausado: “Uno, puede ser que la persona más interesada en que el concurso se alargue o no se dé sea el actual fiscal general (Carlos Alarcón, quien tiene un puntaje de 46,5), porque él seguiría en funciones hasta que esto se dé. Dos, pueden ser los postulantes que obtuvieron bajas calificaciones como José de la Gasca (tiene 41 puntos), que ya no estaría entre los favoritos. Tres, los consejeros que tal vez no tengan el favor popular para ser reelectos y que estén esperando que el concurso se retrase”.
Fantoni está de vacaciones, pero el concurso del Fiscal puede avanzar
“Es lamentable que lo único que se ha escuchado es que van a retomar el tema cuando Andrés Fantoni regrese de sus vacaciones”, expresa Mauricio Espinel, vocero de la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso de Fiscal. Dice que eso genera suspicacias.
“La Ley Orgánica del Cpccs les faculta a que al menos con cuatro integrantes puedan avanzar en cualquier decisión que tome el Pleno. No hay razón alguna para que el concurso no avance”, añade Espinel al recordar la renuncia de Roberto Gilbert.
El presidente del Cpccs estará en uso de sus vacaciones hasta el 6 de julio de 2026.
Espinel observa que con el estancamiento del concurso los afectados son los ciudadanos: “Nos perjudican a todos los ciudadanos al no tener una autoridad definitiva, los encargos son muy perjudiciales para la vigencia de la democracia. Eso daría como resultado que Carlos Alarcón se mantenga en el cargo actual, su presencia ha sido cuestionada, pues se afirma que estaría respondiendo a los intereses del Gobierno actual”.
Espinel evalúa que se está configurando “un claro incumplimiento de la ley por parte del Cpccs por no designar al reemplazo de Diana Salazar desde el 2025”.
El vocero cree necesario que la Asamblea Nacional actúe: “Debería existir un proceso de fiscalización por parte de la Asamblea Nacional por el incumplimiento de funciones de los consejeros, pero en cada uno de los intentos de fiscalización que hace la Asamblea, la mayoría oficialista los termina bloqueando”.
Los riesgos de una Fiscalía que responde a un gobierno de turno
Para Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), los concursos que provienen del Cpccs carecen de legitimidad.
“Desgraciadamente, los consejeros son operadores políticos de acuerdos políticos de trastienda, por lo tanto, no existen concursos, lo que existe es la repartición del botín, en este caso la Fiscalía”, critica.
Rodas pone un ejemplo: “El caso Progen y Austral que ha sido tapado por el fiscal actual al no llamar a la formulación de cargos como correspondía al ministro Roberto Luque y a la exministra Inés Manzano. Se demuestra que necesitan un fiscal de esas mismas características y para qué van a buscar si ya tienen a Alarcón”.
Por eso Rodas plantea la necesidad que existan contrapesos y organismos de control independientes. De lo contrario, surgen ciertos efectos porque el poder gubernamental anula la acción de la prensa de investigación y de los ciudadanos que hacen control social, explica.
“Eso es una variante de la persecución política, es una forma de impedir las libertades de opinión, de impedir que la democracia se construya y eso se vuelve muy peligroso en las sociedades contemporáneas. Por eso la CNA permanentemente ha señalado que el Cpccs no debe existir”, concluye.
LA HORA
