En el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, denominado «Ley Antimafias», la Comisión de Seguridad Integral recibió los aportes técnicos de especialistas, quienes formularon recomendaciones orientadas a fortalecer la eficacia de la norma y garantizar su constitucionalidad.
La directora del proyecto Crime Lab 2.0 de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, Alicia Contero, propuso ampliar y diferenciar los plazos de investigación para delitos de crimen organizado, establecer como obligatorias las investigaciones financieras y patrimoniales desde el inicio de los procesos penales, crear un sistema permanente de alertas patrimoniales para jueces y fiscales especializados, y permitir que el Estado administre temporalmente empresas vinculadas con actividades ilícitas, en lugar de disponer únicamente su clausura o disolución.
Durante su intervención, presentó resultados del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, que evidencian que el 98,5 % de las organizaciones criminales mantuvieron los bienes obtenidos ilícitamente entre 2020 y 2022. Además, señaló que los reducidos plazos de investigación, las limitadas herramientas para afectar el patrimonio criminal y la baja recuperación de activos continúan siendo las principales debilidades del sistema de justicia frente al crimen organizado.
Por su parte, el especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, Santiago Trespalacios, destacó la necesidad de que la futura ley fortalezca la lucha contra la delincuencia organizada sin apartarse de la Constitución y de los estándares internacionales de derechos humanos.
Entre sus principales observaciones, recomendó redefinir el delito de pertenencia funcional a una organización criminal para sancionar únicamente conductas concretas de apoyo a estas estructuras; evitar la doble sanción por una misma forma de participación; y eliminar la disposición que invierte la carga de la prueba en materia de prisión preventiva, por considerar que vulnera la presunción de inocencia.
Asimismo, planteó fortalecer las garantías para terceros de buena fe en las medidas patrimoniales y procesos de extinción de dominio; precisar el alcance de la inhabilitación profesional para abogados vinculados deliberadamente a actividades delictivas; y reforzar la seguridad jurídica del proyecto para prevenir futuras impugnaciones de constitucionalidad.
Los comparecientes coincidieron en que el combate al crimen organizado requiere herramientas legales más eficaces, así como una normativa sólida, respetuosa del debido proceso y de las garantías constitucionales, para asegurar su aplicación efectiva y su permanencia en el ordenamiento jurídico.
JC
