El Concejo Municipal se instaló la tarde de este martes 30 de junio para tratar en segundo debate la revisión de la nueva tabla tarifa que regirá al pasaje del transporte urbano de Guayaquil.
Esta sesión se instaló pasadas las 14:00 en el Salón de la Ciudad. Estuvo presidida por la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel.
Varios ediles expusieron sus argumentos para mostrar su apoyo a esta ordenanza que busca mejorar las unidades de transporte a cambio de la revisión de la tarifa que, dependiendo del cumplimiento, pasaría de $ 0,30 a $ 0,40 y finalmente a $ 0,50.
En contraparte, la ordenanza tuvo votos en contra de Nelly Pullas y Cinthia García, y además la abstención de Ana Chóez.
El concejal Terry Álvarez, quien mocionó este punto, recordó que esta ordenanza consolida un modelo que prioriza a los usuarios del transporte, mantiene una tarifa de $ 0,30, se establece un mecanismo de compensación temporal y condiciona al cumplimiento de condiciones por los transportistas.
Además, indicó que se fortalecen mecanismos de control, seguridad, calidad de servicio, respeto de tarifas preferenciales e incorporación de herramienta tecnológica para mejorar la experiencia del usuario.
“La finalidad de esta reforma no es únicamente regular una tarifa sino sentar las bases para la modernización del transporte público urbano”, dijo.
En el primer debate, Álvarez había recordado que la tarifa será la misma en caso de no haber mejora del servicio actual. Además, dijo, se crea un mecanismo de compensación de 180 días para garantizar la sostenibilidad del servicio y se abre un camino para proteger a usuarios vulnerables.
En este periodo, los transportistas tendrán para realizar los ajustes requeridos para un eventual ajuste de la tarifa conforme a los lineamientos establecidos por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).
Una vez finalizado el período, la ATM explicó que se implementará el programa de Aporte Social, similar al que actualmente funciona en el Sistema Metrovía, para cubrir $ 0,05 en dos pasajes diarios.
Blanca López, edil, insistió en que no se pagará más por el mismo servicio, sino que la ordenanza busca la modernización del sistema de transporte.
Mencionó que los transportistas recibirán una compensación por 180 días, conforme se cumplan las mejoras, como la carrocería, integración de cobro electrónico, controles de recorridos con GPS, entre otros detalles.
Con esta ordenanza, ella recordó que todas las unidades de transporte público deberán cumplir de manera obligatoria con la revisión técnica en el cantón. Actualmente, menos del 40 % lo hace, indicó.
López mencionó que se mantendrá un ejercicio de fiscalización y control para el cumplimiento de esta ordenanza, sobre todo de mejoras y obligaciones que deben cumplir los transportistas.
Nelly Pullas, concejal, consideró que la solución que requiere la transportación pública proviene de un problema de fondo, la liberación de precios del combustible. Como alternativas planteó la focalización del subsidio del diésel que usan las unidades de buses y la reducción de aranceles y el IVA a cero en insumos que forman parte de los mantenimientos.
Cinthia García, edil, expuso que los pasajes subirían desde hoy, aunque se los pagará a través de la ATM con la compensación. Después del plazo establecido, el valor -dijo- será asumido por los usuarios.
Ella detalló que el Gobierno debería mantener el subsidio focalizado para el transporte público para que no resulten afectados los usuarios que también atraviesan problemas económicos.
Ana Chóez, edil, expuso su abstención a este proyecto. Ella mencionó su inquietud sobre lo que ocurrirá después de la aprobación de esta ordenanza, sobre todo lo que pasará después de los 180 días de compensación.
Por consultas al gerente de la ATM, dijo que se le explicó la activación de los mecanismos de aporte social como ocurrió en Metrovía.
“Por eso me refiero a que esto es un acto de fe, ya vemos cómo en Metrovía ha funcionado, que la ciudadanía ha tenido tropiezos, y aún persisten las quejas referentes a la utilización del aporte, incluso a la modernización o al mantenimiento de buses de Metrovía”, refirió y enlistó varias dudas referentes al proyecto.
Condiciones para el incremento de la tarifa
Entre varios ediles, como Arturo Escala y Emily Vera, recordaron que esta situación se desencadenó por la liberación de los precios del combustible.
Emily Vera, edil, dijo que esta política busca proteger a los más vulnerables y que sea lo menos agresiva posible, y apuntó que el desorden actual responde a la falta de actuación de administraciones municipales.
Dijo que esta ordenanza expone condiciones claras, específicamente 13 ítems para que las condiciones del transporte público mejoren.
En caso de incumplimiento de las condiciones, Vera advirtió que los transportistas sufrirán el retiro del permiso de operación.
La alcaldesa subrogante Tatiana Coronel dijo que ninguna operadora podrá incrementar la tarifa si no aplican las condiciones dispuestas por el Municipio.
Coronel recordó que la tarifa actual de Guayaquil es de $0,30 mientras en Quito, Durán y Cuenca es de $0,40.
También insistió que esta decisión tuvo que iniciarse hace mucho tiempo, pero -según ella- no hubo valentía en anteriores administraciones. Apuntó que no cree que la ciudadanía se opone a la modernización, sino a pagar más por el mismo mal servicio.
“Cómo podemos garantizar la sostenibilidad del sistema si el transportista trabaja a pérdidas, qué podemos esperar: va a haber menos rutas o van a apagar los motores los transportistas porque nadie quiere trabajar a pérdidas, señores. Esa es una realidad, la tenemos enfrente. No he puesto esta sesión de Concejo porque hoy juega la Tri, teníamos esta sesión preparada hace dos semanas cuando no sabía nada de lo que iba a pasar en el Mundial, por supuesto espero que gane la Tri, pero no estaba planificado”, dijo y acotó que la gente estará de acuerdo si se hacen mejoras.
Ampliación de periodo de permisos
En esta sesión, el Concejo dio paso a la sexta reforma a la ordenanza sustitutiva de la ordenanza especial para la actualización catastral de edificaciones concluidas que no cuentan con inspección final y/o registro catastral, y con uso de suelo distinto al que consta en el sistema de catastro de conformidad con lo prescrito en el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).
En este punto, la concejala Emily Vera expuso que esta ordenanza es vital para las personas que están en proceso de regularización o que no lo han iniciado.
Recordó que aquellas personas que no construyeron con los permisos de construcción pueden acogerse a esta ordenanza y se pueden beneficiar para estar en orden.
En esta ordenanza, ella dijo que se fortalecerá la regularización de edificaciones, se amplía la vigencia de la ordenanza que ahora será hasta el 30 de junio de 2027; además, se precisan casos de exclusión y regularización; asimismo, se incorporan controles técnicos.
Fuente: El Universo
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