La Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social avocó conocimiento de la resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional el pasado 17 de junio, mediante la cual se dispuso el inicio de un proceso de fiscalización para conocer y analizar los presuntos casos de tercerización, intermediación laboral y otros mecanismos de contratación indirecta utilizados por determinados gobiernos autónomos descentralizados (GAD) municipales, a través de sus empresas públicas.
La resolución expresa el rechazo del Legislativo a toda práctica de tercerización e intermediación laboral que vulnere los derechos de los trabajadores encargados de las labores de aseo y limpieza de calles y veredas, así como del mantenimiento de parques. Asimismo, ratifica el compromiso con la defensa del trabajo digno y estable, conforme a los principios establecidos en la Constitución.
Como parte del proceso de fiscalización, la comisión podrá solicitar información y documentación, así como convocar a comparecer a autoridades y representantes de las instituciones involucradas, con el propósito de determinar si existieron vulneraciones a los derechos laborales en los procesos de contratación implementados por las empresas públicas municipales.
La resolución también exhorta a los GAD municipales del país a revisar sus mecanismos de contratación para los servicios de limpieza, aseo y mantenimiento de parques, a fin de garantizar el cumplimiento de la Constitución y de la normativa vigente que prohíbe la tercerización en actividades propias del giro principal de las instituciones públicas.
Durante la sesión, el presidente de la mesa legislativa, Eckenner Recalde, enfatizó que este proceso responde al mandato constitucional de proteger los derechos de los trabajadores y garantizar condiciones laborales dignas.
«Hoy damos inicio a este proceso de fiscalización para defender los derechos laborales de quienes todos los días mantienen limpias nuestras ciudades. La tercerización laboral está prohibida por la Constitución. Las labores de aseo, limpieza de calles, veredas y mantenimiento de parques constituyen la actividad principal de las empresas públicas creadas para ese fin y, por tanto, la contratación debe realizarse de manera directa y bilateral», afirmó el asambleísta Anthony Becerra, promotor de la fiscalización.
El legislador subrayó que este proceso de control político busca esclarecer las denuncias sobre presuntas prácticas de precarización laboral, tomando como uno de los principales antecedentes el caso de los trabajadores conocidos como las “Hormiguitas Chuas” de Cuenca, quienes han denunciado mecanismos de contratación indirecta que afectarían sus derechos y estabilidad laboral.
RSA
