A medida que el fenómeno de El Niño se aproxima con una probabilidad de hasta el 82% de consolidarse antes de finalizar el año, la respuesta institucional en Ecuador no parece entender la dimensión de la próxima emergencia.
Mientras el país enfrenta la amenaza de inundaciones y deslaves que podrían generar pérdidas por más de USD 4.145 millones según el informe de Riesgos Fiscales del Ministerio de Economía, los gobiernos locales y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) no logran concretar una defensa efectiva ante el desastre inminente.
Un total de 85 gobiernos locales a escala nacional incumplieron la entrega obligatoria de sus planes de acción para la prevención y preparación frente al evento climático. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos advierte que esta omisión representa una falta directa a la responsabilidad que tienen los alcaldes y prefectos de proteger a sus ciudadanos y sus bienes.
De los 246 municipios y prefecturas obligados a presentar su planificación, solo 161 cumplieron, y la gran mayoría lo hizo a contrarreloj; el 78,3% de los documentos llegó apenas en las últimas 48 horas del plazo. Esta falta de previsión ocurre a pesar de que los planes son herramientas vitales para identificar riesgos y reducir vulnerabilidades en los territorios.
Un presupuesto devorado por la nómina
La situación en el Gobierno Central no es más alentadora.
A casi terminar junio de 2026, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos registra un presupuesto devengado de apenas USD 8,41 millones de un total codificado de USD 19,48 millones.
La prioridad del gasto no parece ser la inversión en obras, sino el sostenimiento de la burocracia: USD 3,93 millones se han destinado exclusivamente a egresos en personal, en tanto, para bienes y servicios de inversión se han devengado USD 3,12 millones.
Informes previos ya alertaban que el 55% del presupuesto de la institución se consume en salarios. Además, el Plan Anual de Inversiones revela que, de los cuatro proyectos estratégicos de la SNGR, ninguno menciona específicamente al fenómeno de El Niño en sus objetivos operativos.
Por ejemplo, el proyecto de fortalecimiento del sistema de alerta temprana, crucial para salvar vidas, solo ha comprometido USD 31.033 de los USD 1,57 millones asignados para todo el año.
El costo de la inacción
La falta de recursos y planificación contrasta con la magnitud de la amenaza. El Ministerio de Economía admite que los desastres naturales tienen un impacto fiscal alto y que, en los últimos 15 años, las emergencias han costado al país más de USD 11.431 millones.
En el sector educativo, se estima que 4.717 escuelas están en zonas propensas a inundaciones, lo que pone en riesgo a 1,5 millones de estudiantes; una recuperación tras el golpe de El Niño podría escalar a los USD 2.020 millones.
Desde la Sierra, autoridades como la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, denuncian que la gestión de riesgos no puede limitarse a exigir planes sin asignar fondos.
“Para la gestión de riesgos se necesitan recursos, pasará el fenómeno de El Niño y no habrá recursos”, advirtió Tibán al cuestionar la falta de apoyo financiero del Gobierno Central.
Con el tiempo agotándose y una estructura financiera que prioriza el gasto corriente sobre la mitigación, Ecuador camina hacia una emergencia climática con las manos atadas por la falta de recursos y de planes de emergencia.
